SecretarioEjecutivo del órgano participativo, la vicerrectora de Relaciones Institucionales de la UdeC y una académica de la misma casa de estudios, abordaron el efecto social en el ejercicio democrático participativo.
La Secretaría de Participación Ciudadana (SPC), órgano vinculante con la comunidad y parte del actual Proceso Constitucional, se dio cita en el auditorio de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Concepción (UdeC), para dar a conocer los resultados que dejó el mes de la participación donde la sociedad civil pudo, a través de cinco mecanismos, presentar propuestas para que fueran incluidas o discutidas en la elaboración de la nueva Constitución.
En la actividad estuvieron presentes el secretario ejecutivo de la SPC, Ignacio Irarrázabal, también director del Centro de Políticas Públicas de la Pontifícia Universidad Católica de Chile (PUC), y de forma remota, la también secretaría ejecutiva de la SPC y jefa de carrera de Ciencias Políticas en la Universidad de Chile (UCH), Claudia Heis.
En efecto, en la instancia se dieron a conocer los resultados totales de participación que se obtuvieron entre el 7 de junio y 7 de julio, así como también se dio la oportunidad de que los asistentes hicieran preguntas a los representantes de la Secretaría de Participación respecto al tema.
Lo anterior, y luego de que seis personas emitieran sus respectivas preguntas, dio lugar a una incógnita en común: ¿Cómo potenciar la incidencia de la ciudadanía en los procesos políticos y políticas públicas?
Los resultados informados por la Secretaría de Participación Ciudadana del Proceso Constitucional, indican que en la Región del Biobío hubo un total de 16.861 apoyos a Iniciativas Populares de Norma, se realizaron 60 Audiencias Públicas, hubo 75 Diálogos Ciudadanos Convocados, 947 Diálogos Ciudadanos Autoconvocados y 2.110 Consultas Ciudadanas.
Las cifras globales exponen que hubo 269 mil 864 participantes únicos, de 346 comunas del país, 1.640 chilenos residentes en el exterior participaron, se colaboró con más de 100 organizaciones en alianzas y hubo 75 sedes de Audiencias Públicas en 40 universidades a lo largo del país.
El secretario ejecutivo de la SPC, Ignacio Irarrázabal, explicó que la trazabilidad de la incidencia de las propuestas ciudadanas en el Consejo Constitucional (CC) es más sencillo con las Iniciativas Populares de Norma (IPN) que con los diálogos ciudadanos. Por ejemplo, debido a que las IPN son, como bien lo dice su nombre, una propuesta de artículo constitucional que viene de por sí con incisos o sus respectivas indicaciones.
Y hay que tomar en cuenta que, además, solo fueron 31 IPN las que lograron los 10 mil apoyos y que pudieron ser discutidas. Sin embargo ¿Qué sucede con los diálogos ciudadanos, por ejemplo, o lo expuesto en las audiencias públicas? “La incidencia no es tan trazable, pero sí es muy importante para efectos de la discusión”, dijo Irarrázabal.
“Por ejemplo, el derecho a la vida, la paridad, hay un anhelo por mayor equidad entre el hombre y la mujer, pero la fórmula no queda clara y no emerge la fórmula del proceso de participación, pero lo que está claro es que los consejeros constitucionales saben que no pueden ir para atrás en la participación. Entonces, te diría, hay veces que la incidencia es por acción, pero otras veces es por omisión”, ejemplificó Ignacio Irarrázabal.
En estricto rigor, a pesar de que los otros mecanismos de participación son menos trazables en lo que respecta a su incidencia -tomemos en cuenta que en el caso de las audiencias públicas fueron 1.136 las realizadas a nivel nacional-, estos sí permitieron dar un piso de discusión en los consejeros y consejeras constitucionales, a modo de señal en cuáles son los temas que a la ciudadanía le importan y que no pueden obviarse. Por ejemplo, un tema que se repitió en las audiencias públicas 42 veces fue el de la conversación ambiental y desarrollo sostenible.
Ante todo, el secretario ejecutivo de la PSC sinceró que las actividades como la presente apuntan a “devolver a las universidades, que nos aportaron mucho, y a la ciudadanía los resultados del proceso de participación ciudadana. (…) Fue un proceso bastante más acotado, tuvimos un mes, (…) Hay que valorar el entusiasmo y el compromiso cívico de la ciudadanía”.
La representante de la UdeC en la actividad fue la vicerrectora de Relaciones Institucionales y de Vinculación con el Medio de la casa de estudios, Ximena Gauché, quien, además de valorar el despliegue y organización de la SPC en el mes de la participación, señaló que “la participación ciudadana en el ámbito de lo político, en un amplio sentido, creo que hoy ya está reconocida transversalmente como lo que es: un derecho”.
La vicerrectora fundamentó que en lo que respecta a las universidades, este ejercicio democrático está consagrado por ley -luego de la reforma a la ley de educación superior el 2018-, que apunta a facilitar y promover el acceso a la participación ciudadana para eventos socio-políticos de gran magnitud.
Sin embargo, expresó que un gran desafío para continuar fortaleciendo la contribución de la sociedad en los procesos políticos, va en la dirección de “cómo se armoniza un espacio necesario, que no puede ser eterno, pero que sea suficiente.
Asimismo, Susana Riquelme, académica del Departamento de Administración Pública y Ciencia Política de la UdeC, luego del conversatorio explicó que “la tensión que existe entre los mecanismos de participación -donde existe, por supuesto, mucho esfuerzos por parte de las universidades- y la efectiva incidencia, finalmente provoca una especie de desconfianza que genera una importante desafección y desinterés por participar de procesos participativos que, finalmente, no van a terminar con la voz de las personas, con sus ideas y con su impronta de anhelo”.