INDH y hechos de violencia en Macrozona Sur: “Podría vulnerar algunos DD.HH. por omisión del Estado”

Consuelo Contreras, directora nacional del organismo, se refirió a lo contemplado por miembros de la Cámara Alta, en el contexto del Estado de Excepción.

Ad portas de una nueva prórroga del Estado de Excepción que comenzará a regir desde el 24 de septiembre, y que fue respaldada por 19 votos a favor y 2 abstenciones en la Cámara Alta. El Senado también aprobó una solicitud presentada por congresistas para que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) se pronuncie por los hechos de violencia que acontecen en la Macrozona Sur.

Lo anterior viene acompañado por un pronunciamiento del Senado a principios de septiembre, donde se aprobó enviar un oficio al Ejecutivo para solicitar recursos extraordinarios al Fondo de Emergencia, el cual permite apoyar financieramente tanto al personal desplegado en la zona de conflicto como a los equipos técnicos.

Instituto Nacional de Derechos Humanos y su pronunciamiento

Consultada la directora nacional de INDH, Consuelo Contreras, respecto a la solicitud de la Cámara Alta para que el órgano que preside se refiera respecto a los hechos de violencia que ocurren en la Macrozona Sur, donde, según datos recopilados de la Cámara Alta, ya van 110 atentados, 300 bienes destruidos y siete personas fallecidas en lo que va del año, explicó que “nos podemos pronunciar recomendando a los distintos órganos del Estado tomar ciertas medidas, señalándoles nuestra preocupación de que podrían haber situaciones de violación a los Derechos Humanos si no se actúa con la debida diligencia”.
En ese sentido, según explicó Contreras, el INDH sólo podría emitir respecto a la situación siempre que hayan casos en que hay omisión por parte del Estado en lo que tiene que ver con hechos de violencia y su nula o lenta respuesta en protección del ciudadano.

Además, dijo que en ningún caso, de acuerdo a lo que tipifica la ley, el Instituto interfiere en delitos comunes, “es decir, cometidos entre particulares”, a no ser que sean de alta connotación social.
Analizando la solicitud del Senado en relación a las facultades que tiene el INDH -en virtud de su ley orgánica N° 20.405- Contreras explicó que “los temas que nosotros tratamos son múltiples y variados (…) Normalmente, el trabajo que hacemos está relacionado con la protección y defensa de los Derechos Humanos entendidos como aquellos derechos que son vulnerados por agentes del Estado en contra de ciudadanos y ciudadanas”.

“Respecto a los hechos de violencia en la zona centro-sur, el Instituto, sin lugar a dudas, ha considerado que es un problema complejo que podría vulnerar algunos Derechos Humanos por omisión del Estado”; esa sería la veta para “actuar ahí y emitir algún pronunciamiento”, dijo la directora nacional del INDH.

En tanto, y para despejar dudas, el INDH en ningún caso trabaja directamente con las víctimas, sino que puede actuar realizando sugerencias y asesorías a organismos estatales, como al Ejecutivo, para que estos puedan ver la medida más óptima y eficaz de reparación a quienes se han visto afectados por hechos de violencia.

Ante todo, Consuelo Contreras señaló que el Consejo del Instituto, que es el órgano superior de dirección, se ha pronunciado a través de declaraciones públicas cuando han ocurrido hechos de especial connotación pública y gravedad, “como el caso del asesintado de la pareja Luchsinger-Mackay (2013), el asesinato de Camilo Catrillanca(2018) , el asesinato de un efectivo de la Polícia de Investigaciones (2021). (…) Nunca hemos estado en silencio respecto al tema”, dijo.

Asimismo, el INDH actualmente se encuentra finalizando la actualización de un informe especial sobre la situación de violencia en la Macrozona Sur, y, además, el capítulo II del informe anual del INDH abordará las situaciones de “Violencias y Vulneraciones de derechos humanos en la región centro-sur del país”. El primero, según dijo Consuelo Contreras, “espero que salga a más tardar a principios de octubre”.

Solicitud para pronunciamiento del INDH

Un grupo de 27 senadores y senadoras solicitó el pronunciamiento del INDH respecto a los hechos de violencia en la Macrozona Sur, iniciativa que fue respaldada por 17 votos a favor y una abstención. Entre los firmantes, se encuentran los senadores del Biobío Enrique Van Rysselberghe (UDI) y Sebastián Keitel (Evópoli).

En particular, el documento expresa que “solicitamos al Instituto Nacional de Derechos Humanos, un pronunciamiento contra la violencia y el terrorismo en la Macrozona Sur y medidas efectivas, conforme a su ley orgánica, que colaboren en la promoción y protección de los Derechos Humanos afectados gravemente en dicha zona, en favor de las familias Mapuche y no Mapuche que sufren día a día”.

El senador de la República, Enrique Van Rysselberghe, explicó que la motivación de la iniciativa es porque “el INDH es observador y garante del respeto que el Estado de Chile debe tener de los derechos humanos de todos los ciudadanos. Esta solicitud tiene por objetivo que el INDH se pronuncie sobre la debida garantías de los DD.HH., de los ciudadanos que viven en la Macrozona Sur”.

Lo que se busca, según indicó Van Rysselberghe, es verificar si “el Estado de Chile está en falta, o derechamente violando sus derechos fundamentales al permitir, por omisión o falta de fuerza en su erradicación, el actuar de grupos terroristas en la zona. (…) Esperamos pronto el pronunciamiento, ya que este tema lleva años”.

En esa misma línea, el senador Sebastián Keitel explicó que “el terrorismo es una realidad en la Macrozona Sur que ha dejado miles de víctimas en los últimos años. Durante todo este tiempo, el Estado ha fallado en su rol de garantizar la seguridad y la paz, trayendo como consecuencia, la vulneración de algunos derechos. (…) Nos parece que, ante este escenario, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, (…) debiese tener un rol más activo”.

Por su parte, el senador Gastón Saavedra (PS), quien, si bien no firmó la iniciativa, dijo que “todo lo que tenga que ver con la violencia como forma de vida y uso de métodos para el desarrollo de la acción pública, es condenable. (…) Si el Instituto tiene información respecto a esto, es conveniente, para la sana convivencia entre nosotros, que la haga llegar al Senado”.