La nueva etapa ante el “primer borrador” de la propuesta comenzará este viernes. Oficialismo en alerta por enmiendas de oposición, mientras que la derecha se mantiene estoica.
Con cambio de último momento, el Consejo Constitucional se alista para el “segundo tiempo” del Proceso Constituyente que comenzará este viernes, desde donde se dará inicio a la votación de las enmiendas que se despacharon desde las cuatro comisiones del órgano.
De tal forma, los consejeros y consejeras constitucionales iniciarán sino una de las etapas más claves del Proceso Constitucional ya que, los debates y votaciones que se den desde este viernes en adelante en el pleno, serán cruciales para la propuesta casi definitiva de texto.
Para estos efectos, el Consejo tiene como plazo hasta el 7 de octubre para entregar el texto resultante a la Comisión Experta, instancia que deberá formular las observaciones pertinentes para generar lo que sería la propuesta definitiva de nueva Constitución para el país.
Pero la situación es compleja, las mesas negociadoras no han tenido un resultado óptimo y, con la mayoría que les compete, tanto el Partido Republicano como Chile Vamos lograron que gran parte de sus enmiendas fueran aprobadas dentro de las comisiones.
Ante esto, el oficialismo ha tildado algunas iniciativas de la oposición como un retroceso o que, incluso, frenarían debates democráticos para temas como el aborto o los derechos reproductivos de las mujeres.
En tanto, la oposición se mantiene estoica en su desempeño, destacando el trabajo que se ha logrado en conjunto entre la UDI, RN, Evópoli y Republicanos, señalando además que hay críticas políticas malintencionadas y que las constructivistas, sí son bienvenidas.
Ad portas de la nueva etapa de votaciones dentro del Consejo Constitucional, la consejera Paloma Zúñiga (RD) explicó que “nosotros esperamos que haya cordura y humildad por parte de quienes tienen mayoría en este proceso. La verdad, nosotros consideramos que es importante que Chile tenga una nueva Constitución, pero para eso hay que hacer esfuerzos para que todas las voces se sientan incorporadas”.
A lo anterior, la consejera Zúñiga lo explica por aquellas enmiendas que han generado gran controversia tanto en la bancada oficialista como en la opinión pública. “Los derechos de las mujeres, en materia de derechos reproductivos, lo que se retrocede es que podría ser inconstitucional la ley de aborto en tres causales, lo que nos parece gravísimo ya que ha sido un avance de la sociedad chilena en respeto a la vida de las mujeres”.
“También tenemos la falta de paridad que quedaría en los órganos colegiados del Congreso Nacional. (…) Otras cosas que nos parecen un retroceso importante, por ejemplo, la ‘ley de papitos corazón’, podría quedar inconstitucional con una norma aprobada por la derecha en la Comisión de Derechos Sociales”.
Además, la consejera Paloma Zúñiga explicó que en la Comisión de Derechos Sociales, a la cual pertenece, ninguna enmienda del oficialismo fue aprobada, “nosotros creemos que eso es un error político por parte de quienes tienen la mayoría en el Consejo, ya que repiten los errores graves cometidos en la Convención Constituyente”.
De tal forma, y en el general de todas las comisiones, sólo un 4% de las enmiendas oficialistas lograron ser incluidas en el primer borrador de nueva Constitución que comenzará a ser cincelado desde este viernes.
Por su parte, la consejera Patricia Spoerer (Republicanos), sostuvo ante las críticas que “hay que distinguir el tipo de críticas. A veces, hay críticas políticas que son muy malintencionadas y que no se condicen con la verdad”.
Respecto de la enmienda que habla del derecho a la vida, Spoerer explicó que “el texto se mantiene en similares términos a lo que está en la Constitución vigente, por lo tanto no hay nada que cuestionar”.
“Las otras críticas, las bien intencionadas, hay que tomarlas y tratar de incorporar los aportes y colaboraciones que buscan enriquecer el texto y lograr representar a una mayoría de los chilenos”, dijo la consejera Patricia Spoerer.
Asimismo, y a días de comenzar la nueva etapa de votaciones, la consejera republicana por el Biobío, señaló que “luego de la intensa jornada que terminó en la madrugada del sábado, junto al resto de los consejeros y los asesores hemos estado revisando el texto completo y preparando la estrategia para la etapa del pleno”.
“Las diferencias son legítimas, pero creo que también hemos logrado un muy buen trabajo con las bancadas de Chile Vamos y hemos escuchado las propuestas de la izquierda, integrandolas en la medida que se alinean con nuestras propuestas”, declaró Spoerer.
Es de público conocimiento que las críticas hacia quienes componen la mayoría del Consejo Constitucional van en la dirección de evitar cometer el error que hizo fracasar a la ex Convención Constituyente; el “pasar máquina”. Sin embargo, los acuerdos profundos aún no llegan y el oficialismo alerta cada vez más el complejo escenario.
Dentro de las enmiendas aprobadas y que generan gran preocupación en la bancada oficialista, se encuentra la aprobada en la Comisión de Principios, Derechos Civiles y Políticos que refiere a “El derecho a la vida. La ley protege la vida de quien está por nacer. Se prohibe la pena de muerte”.
Otra enmienda que generó polémica en la opinión pública fue la incorporada al artículo 13, que expone que “el baile nacional es la cueca y su deporte nacional es el Rodeo Chileno”. Si bien esta fue una Iniciativa Popular de Norma (IPN), fue aprobada por votos de Chile Vamos y Republicanos.
A esto, se suma aquella aprobada en la Comisión de Sistema Político, Reforma Constitucional y Forma de Estado, que propone reducir la cantidad de diputadas y diputados de 155 a 138, lo que disminuiría la cantidad de escaños por distrito y la “representatividad”, como critíca el oficialismo.
Asimismo, la Comisión de Principios, Derechos Civiles y Políticos aprobó una enmienda propuesta por la UDI y Republicanos que pretende que “las personas condenadas a penas privativas de libertad, puedan solicitar al tribunal competente la sustitución de dicha pena por la de reclusión domiciliaria”, siempre y cuando se acredite la existencia de una enfermedad terminal y que el condenado no represente un peligro actual para la sociedad. Esto, para consejeros oficialistas, beneficiaría a reclusos violadores de derechos humanos.