El Congreso comenzó a discutir un proyecto de ley que busca incluir en la cédula de votación fotografías de las y los candidatos.
La iniciativa que pretende ayudar a los ciudadanos en situación de discapacidad, ha recibido contraargumentos respecto a que una fotografía podría sesgar la decisión, basándose en las apariencias y no en las ideas de los candidatos y candidatas.
Al respecto la diputada del PPD, Carolina Marzán, quien presentó la iniciativa en julio, comentó que esta ley sería un “gran avance para los derechos de las personas con discapacidad y neuro divergentes”, y que, además, esto haría que el Estado “les garantice el ejercicio de sus derechos políticos en igualdad de condiciones, con materiales e instalaciones accesibles y fáciles de entender y utilizar”.
Ante esta situación, el Servicio Electoral (Servel), a través de su director nacional, Raúl García, manifestó su postura en contra del proyecto argumentando las siguientes razones:
En Chile existe un bajo porcentaje de analfabetismo o de personas con problemas de lectura, lo que es una de las principales razones por las que en otros países se utilizan fotos.
Se ha hecho un gran esfuerzo para que las campañas electorales se centren más en las ideas, propuestas y programas de los candidatos, y que estos sean los factores que la población considere. Y que, una fotografía al lado, podría resultar en una decisión basada en aspectos físicos o apariencias.
Hay que considerar la logística que supondría; cuál sería el tamaño, color y resolución de la fotografía, o si de alguna forma, desfavorece al candidato. A esto se le suma el hecho de que, en países que utilizan fotos, estos las sacan del Registro Civil, y en Chile, los documentos de identidad tienen una caducidad de 10 años, lo que podría crear una discrepancia entre la fotografía y la realidad del candidato o candidata.
Habría que considerar un gran aumento en el costo de elaboración de las cédulas electorales, plantillas ranuradas y Braille. Además, el tamaño de las cédulas aumentaría debido a la foto, lo significa que afectaría el tamaño, costo de las cajas de traslado, entre otras cosas.
A su vez, la diputada Marzán lamentó la negativa e indicó que “gastar en inclusión no es un gasto es una inversión en un derecho ciudadano que merecen todas las personas de nuestro país”.
