Cámara Baja aprueba proyecto de ley que aumenta sanciones por usurpación de inmuebles

Luego de dos jornadas de debates, el proyecto de ley que busca aumentar la condena y mejorar los mecanismos de restitución de inmuebles que han sido ocupados de forma ilegal fue aprobado por la Cámara de Diputados y Diputadas con 89 votos a favor, 43 en contra y 3 abstenciones.

El texto buscar regular la ocupación ilegal de inmuebles, castigando con penas privativas de libertad, ampliando el período de flagrancia  y facilitando la detención de los ocupantes. Además, permite que, mientras se realiza la investigación del delito o cuando se presenta la demanda civil, se pueda restituir la propiedad al legítimo dueño. Adicionalmente, autoriza la aplicación de técnicas especiales de investigación en la persecución de las usurpaciones, entre otras medidas.

El foco del debate

El punto de conflicto recae en que esta nueva norma permitiría causar cualquier daño al autor del delito. Ante esto, diversos diputados y diputadas han manifestado estar en contra de la idea.

“Estamos haciendo un esfuerzo para tener una ley que proteja a las personas a quienes le usurpen sus bienes, pero hagámoslo con las herramientas del derecho, no del salvajismo”, sostuvo la ministra Camila Vallejo.

“La legítima defensa privilegiada vuelve a imponer la fuerza del más fuerte, y lo único que va a producir es un enfrentamiento inevitable y sangriento entre particulares, y eso es lo que el Estado tiene que evitar”, afirmó Vlado Mirosevic, legislador del Partido Liberal.

Por otro lado, el diputado republicano José Carlos Meza argumentó que “este proyecto no permite contratar matones, de hecho, hemos avanzado en legislar para sancionar el delito de sicariato”, y que “si lo que no quieren es que las personas puedan defender su propiedad en el marco de la ley, díganlo, pero no nos vengan con alocuciones tan extravagantes”.

Así mismo, la ministra del Interior, Carolina Tohá afirmó que en la normativa “no solo se presume la concurrencia de los requisitos, sino que habilita causar cualquier daño al autor del delito: esa es la legítima defensa privilegiada. O sea, aquí se puede actuar en cualquier plazo, recurrir a terceros y causar cualquier daño”.

El proyecto ahora pasará al Senado, donde se realizará el tercer trámite constitucional.