Ley de usurpaciones: controversia por la incorporación de la “legítima defensa privilegiada”

Congresistas apuntan que esto traería una confrontación no deseada entre ciudadanos, mientras que La Moneda alerta recurrir al veto presidencial.

Sigue el tenso debate en la Cámara de Diputadas y Diputados por la llamada “Ley de Usurpaciones”, particularmente por una nueva postergación para su votación y por una modificación transitoria, incorporada por congresistas de oposición, que alude a la “legítima defensa privilegiada”.

El Gobierno, quien ha sido parte de la discusión en las respectivas comisiones, ha puesto énfasis en dicha frase debido a que esta abriría la posibilidad de que ciudadanos que se han visto afectados por la ocupación irregular de sus propiedades busquen recuperarlas por mano propia, posibilitando incluso una intervención armada.

Incluso, fue la misma ministra del Interior, Carolina Tohá, quien hace unas semanas indicó que La Moneda se abría a la posibilidad de no firmar el proyecto de ley con dicha disposición, apelando a que podrían usar por primera vez el veto presidencial.

Recordemos que el proyecto de ley en cuestión, busca aumentar las sanciones a quienes se tomen terrenos de forma ilegal, extendiendo el período de flagrancia tratándose de delito y endureciendo las penas carcelarias.

De la legítima defensa

La diputada María Candelaria Acevedo (PC), señaló que el debate sobre el proyecto de ley continúa siendo de mucha tensión en la Cámara Baja debido a que, según dijo, la oposición insiste de forma equívoca en mantener los puntos más conflictivos, “esos que generan peleas entre chilenos y que, en definitiva, criminaliza a un sector de nuestra población”.

Prosiguió por enfatizar que el punto que habla de “legítima defensa privilegiada”, lejos de preservar la integridad de quienes son sus destinatarios, “ponen en peligro a las propias personas que pretendan repeler la usurpación, al no estar capacitadas para ejercer dicha acción con cierto grado de seguridad”.

Advirtió también la diputada Acevedo que esto podría traer “peleas entre chilenos, desatando una verdadera guerra civil con una especie de ley ‘del más fuerte”.

El diputado Eric Aedo (DC), de la misma forma, indicó que hay que tener mucho cuidado con la modificación en cuestión, señalando que el uso de la fuerza debe ser por parte de agentes del Estado y no por civiles. “No me parece que las personas con armas saquen a otras de sus propiedades. En Chile el uso legítimo de la fuerza está en las instituciones del Estado. (…) No podemos transitar a un Chile paramilitar como ha ocurrido en otros países donde los resultados han sido malos”.

Urgencia en la legislación

En tanto, y en relación a todas las postergaciones que ha sufrido el proyecto de ley debido a los desencuentros políticos dentro de la Cámara de Diputadas y Diputados, la parlamentaria Flor Weisse (UDI), señaló que “El debate va avanzando. En lo personal me encantaría que avanzara más rápido, pero en la última sesión, hubo una descoordinación y por eso se retrasó la votación”.
Agregó que “legislar en temas de usurpación es una necesidad que requiere urgencia, y permitirá proteger y resguardar el derecho de propiedad, que en tantos sectores se ha visto transgredido y más aún despojado, en forma injusta”.

En esa misma línea, el diputado Aedo explicó que se “está dando el debate que corresponde a un proyecto de ley de la relevancia e impacto que tiene. Lo que yo sí espero es que en el debate prime el sentido común y no tanto las definiciones ideológicas”.

Por su parte, y con una interrogante sociológica sobre la materia, la diputada María Candelaria Acevedo dijo que “me pregunto y se lo he transmitido a parlamentarios de todos los sectores, ¿creen que alguien realmente quiere estar en una toma, a un lugar que no cuenta con los servicios básicos? Claramente no es así y eso, la derecha no quiere entenderlo, demostrando otra vez su completa desconexión con la realidad de miles de compatriotas”.

Según las últimas informaciones, el proyecto de ley se votaría tal cual la próxima semana, manteniendo en su médula la modificación transitoria de la “legítima defensa privilegiada”.