Tres profesionales, que han dedicado parte de su vida en defensa de Derechos Humanos, exponen su visión ante los planes del Gobierno para conmemorar lo que fue la rotura de la democracia.
Ad portas de la conmemoración de los 50 años del Golpe Militar, fecha de reflexión y memoria ante lo que fue la rotura de la democracia en el país, el Gobierno se encuentra trabajando en varias actividades, las que están siendo organizadas por el Ministerio de las Culturas en conjunto a organizaciones de la sociedad civil por los derechos humanos.
Entre ellas, se encuentran exposiciones, presentaciones artísticas, seminarios, coloquios, conversatorios y homenajes, entre otras expresiones. Además, el Ejecutivo está impulsando en pos de la “Verdad y Justicia”, el Plan Nacional de Búsqueda como política pública, el cual buscará esclarecer hechos ocurridos en dictadura, junto a la implementación de medidas de reparación.
Sin embargo, la convulsionada política nacional y críticas al Gobierno, han generado que esta fecha se esté convirtiendo en una tensión constante. Algunos afirman que La Moneda se está escudando en los “50 años”, otros que es lo correcto y que hace falta un consenso país de no repetición.
En virtud de la fecha conmemorativa para una de las instancias más complejas vividas en el país, Diario Concepción consultó a dos abogados y una abogada dedicada al trabajo en materia de Derechos Humanos sobre su percepción de la agenda gubernamental para septiembre, los alcances del Plan Nacional de Búsqueda y la situación nacional en relación al tema.
La abogada de la Universidad de Concepción, Patricia Parra (60), quien se dedicó durante 10 años a trabajar en el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública en la Región del Biobío y en la hoy región de Ñuble, y quien sigue ejerciendo como activa abogada querellante, representando a familiares de víctimas de crímenes de lesa humanidad en la Dictadura, explica, sobre todo ante el panorama político que acontece al país, que hace “falta educación sobre derechos humanos y la vida”, ante una creciente ola negacionista.
“Para la mayoría de quienes todavía estamos trabajando en la temática de violaciones a los derechos humanos, hay un debe, pero no de este Gobierno. Con mucho respeto, (…) creo que los Gobiernos democráticos, no me extraña de gobiernos conservadores, y lo digo directamente, de derecha, no le hayan hincado el diente, nunca ha sido su interés”, explica Parra.
Abordó, con preocupación, que ciertas personalidades políticas hoy están abriendo puertas a que conductas como las que se vivieron entre 1973 y 1990 se vuelvan a repetir. “En estos 32 años (de vuelta a la democracia), no se ha planteado nunca este quiebre vital entre un ‘nunca más’ y un ‘nuevo Chile’. En nuestro país, no se debería permitir que un diputado de la República pueda negar lo que ocurrió”.
“Si usted me pregunta que es lo que ha hecho este Gobierno -que para mi es mí Gobierno-, que desafortunadamente se ha visto cruzado por temas contingentes, siento que hay un esfuerzo de hacer algo”, señaló la abogada por la conmemoración de los 50 años del Golpe.
De esa misma manera, y en relación al Plan Nacional de Búsqueda, expresó que “es un muy buen plan, en fisionomía, en estructura, pero la pregunta es si es que ¿No llega tarde? – ¿Por qué? – Porque ya pasaron 32 años y la mayoría de los victimarios hoy mueren como pobres viejitos”, sentenció Parra.
Para ella, quienes más han hecho acciones por los crímenes cometidos en Dictadura han sido los Tribunales de Justicia, a lo que agregó que en Chile “no ha existido la voluntad de verdad ni de justicia”, y cree, finalmente, que lo que busca el Plan Nacional de Búsqueda es “el derecho a la memoria y garantías de no repetición. (…) Su mejor legado será lograr un acuerdo país refrendado en una norma constitucional que establezca la garantía de no repetición”.
Patricia Parra, en una especie de radiografía nacional ante los discursos pro Dictadura, y que han elevado la figura de Augusto Pinochet durante este último tiempo, explicó que, a 50 años del Golpe, hace falta “educación cívica” en el país, “educación para la vida, educación para los derechos humanos”.
El abogado Nelson Caucoto, quien desde 1976 a 1992 ejerció la abogacía en la Vicaría de la Solidaridad del Arzobispo de Santiago, asumiendo patrocinios de recursos de amparo, denuncias y querellas por personas ejecutadas y detenidas-desparecidas, y que continúa en la misma senda de trabajo por los DD.HH, explicó que el 11 de septiembre debe ser un día para recordar a las víctimas, sin atisbar los ánimos, teniendo la altura de miras de que se trata de un día crucial en la historia de Chile.
Para Caucoto, el Gobierno “ha tenido algunos traspiés con la salida del ex director de The Clinic (Patricio Fernández, también ex asesor presidencial para la conmemoración del Golpe de Estado)”, para llevar adelante la conmemoración, sin embargo, indicó que “que el mensaje más importante es el anuncio del Plan de Búsqueda que será el 30 de agosto, en el día del detenido desaparecido”.
“No es un día para revivir odio, sino que, en la perspectiva mía, es para recordar a las víctimas, para recordar ese día como el quiebre de la democracia, como un día crucial en la historia de Chile”, sentenció el abogado.
Explica que “no todos los años se cumplen 50 años” y que, para él, la misión de hoy es luchar frente al negacionismo y al relativismo que se fomenta de distintas maneras. Caucoto dice que la desinformación ha permitido el avance de este fenómeno, que debido a que no se presenta información sobre nuevos procesados por crímenes de lesa humanidad, se alimenta la negativa de que la gente cree que no hubo una dictadura, “que los hechos no pasaron”.
“Lo que se ha vivido basta y sobra para fortalecer la institución democrática. La vida hoy vale igual que lo que valía hace 50 años. No se puede desvalorizar o deteriorar el concepto de lo que es la vida. Tengo confianza de lo que pueden hacer las autoridades, no creo que se necesiten tantos actos conmemorativos, basta con el que el día que se cumplan los 50 años sea un recordatorio de las víctimas”, sentenció Caucoto.
Al igual que los abogados Patricia Parra y Nelson Caucoto, el abogado Adolfo Montiel (80), ya jubilado, pero quien aún continúa trabajando en algunos juicios pendientes por crímenes en dictadura (como los casos Vega Monumental, Laja, San Rosendo, Huerta, Santa Bárbara, entre otros), comenta que “espero que me quede un poquito más de vida para poder terminarlos”.
A su juicio, y en relación a la conmemoración de lo que ocurrió un 11 de septiembre de 1973 y se extendió por 17 años, explicó que “veo que el Gobierno está haciendo los esfuerzos máximos para conmemorar, ojalá en la forma más trascendental posible, de esta cosa tan terrible que pasó en nuestra democracia”.
“Creo el Gobierno ha tratado de maximizar los esfuerzos para conmemorar esta ruptura de la democracia que nunca debe ocurrir, nunca jamás debe volver a ocurrir”, expresó Montiel.
En esa misma línea, Montiel, quien ha dedicado gran parte de su vida a trabajar en casos de violación a los derechos humanos en dictadura, señaló que el Plan Nacional de Búsqueda “lo encuentro muy positivo, pero recién nos enteramos de 89 cajas que estuvieron 20 años guardadas con restos óseos de, probablemente, detenidos desaparecidos”.
Lo anterior, en relación a las 89 cajas con restos óseos de personas víctimas de represión durante la dictadura cívico-militar que se encontraron, en febrero del presente año, en dependencias de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.
Caso polémico que la misma institución universitaria, a través de un comunicado, salió a aclarar con fundamento en una orden judicial del 2001, instruida por el ministro de Fuero, Juan Guzmán Tapia, al Servicio Médico Legal en donde se instruyó “la devolución a este tribunal, de todas las osamentas que fueron remitidas a este servicio para las pericias de rigor, las que quedarán en custodia y resguardo en el Departamento de Medicina Legal de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile”.
“Acabo de terminar el juicio de ‘Santa Bárbara’, donde 20 campesinos fueron asesinados por Carabineros y civiles. Está bien, se ganó el juicio, pero la gente no aparece, los restos no se sabe dónde están. Tantos casos que hay aquí en la zona. El Plan de Búsqueda del Gobierno me parece bueno, pero, en realidad, muchos militares ni se acuerdan de los cuerpos, será realmente difícil encontrarlos”, sinceró el abogado por los Derechos Humanos, Adolfo Montiel.