Es impulsado en la Cámara Baja. A nivel local el análisis lo realizan parlamentarias y representantes del mismo Core.
Producto de uno de los mayores efectos ocasionados por el Caso Convenios, como lo es el cuestionamiento a la facultad de los gobernadores regionales de poder realizar asignaciones directas sin necesidad de la aprobación del Consejo Regional (Core) cuando los montos son inferiores 7 mil UTM, es que un grupo de diez diputados presentó un proyecto de ley para reducir dicho monto.
En efecto, la propuesta parlamentaria busca que desde las 1.000 UTM ($63.199 millones) sean sometidas a la aprobación del Core las asignaciones de recursos públicos a proyectos de inversión y otras iniciativas, aumentando así su incidencia en la fiscalización.
Para aquellos efectos, la iniciativa busca introducir modificaciones a la ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, N°19.175.
El proyecto de ley, que actualmente se encuentra en su primer trámite constitucional en la Cámara de Diputadas y Diputados (Boletín 16174-06), se suma a otra de las modificaciones que se pretende realizar para la Ley de Presupuesto 2024, según palabras del ministro de Hacienda, Mario Marcel.
Sobre la materia, la diputada, María Candelaria Acevedo (PC), señaló que “lo importante es lograr mecanismos de eficiencia tanto en el control del uso de los dineros públicos, como también en la asignación de los mismos, por lo que me parece una medida óptima desde la perspectiva del control de la asignación de recursos”.
Enfatizó en que esto permitiría dar una relevancia mayor al rol de los consejeros y consejeras regionales, validando su labor al interior del Core y, según comentó la diputada, beneficiando al proceso de descentralización.
“En post de buscar formas de asegurar el buen uso de los recursos públicos, me parece pertinente que se incorporen protocolos y criterios de pertinencia regional a la hora de aprobar proyectos por parte del Core”, dijo Acevedo.
Bajo esa misma lógica, la diputada Flor Weisse (UDI), dijo que “hoy, mientras más medidas de fiscalización y control existan, será mucho mejor para evitar situaciones tan lamentables, como las que estamos viviendo en el Biobío”.
A ello, agregó que “es importante fortalecer el control, y como el trabajo es de colaboración, los dineros de los que dispone el Gobierno Regional tienen que estar sujetos a la aprobación del Consejo Regional”.
En relación a la iniciativa, la consejera regional, Tania Concha (PC) señaló no estar de acuerdo. Para ella, debería quedar establecido por ley que el voto del Core sea proyecto a proyecto, sin un piso de dinero mínimo para su participación.
“No estoy de acuerdo con eso. El real poder que nos entrega la ciudadanía a través del voto popular está en el voto proyecto a proyecto. Aquí nada de mil UTM y nada de nada. Queremos y necesitamos, para que la fiscalización sea real, volver al voto proyecto a proyecto”, dijo Concha.
Lo anterior, fundamentando y aludiendo principalmente a parlamentarios debido a que, por su respectiva labor legislativa, fue en el Congreso Nacional donde el 2018 se realizó cambios a la Ley 21.074, de Fortalecimiento de la Regionalización del País, en donde se incluyeron mayores facultades a las autoridades regionales, mismas que esta ley y otras instancias buscan cambiar.
Además, la consejera por el sector sur de la Provincia de Concepción, explicó que debe defenderse el proceso de descentralización debido a que ciertos parlamentarios han puesto entre dicho el avance de la ley de Rentas Regionales.
“Eso es algo que hay que rechazar rotundamente. Los procesos de descentralización tienen que avanzar; hemos avanzado poquísimo en Chile”, dijo la consejera Tania Concha.
Por su parte, el consejero regional, James Argo (UDI), explicó que “soy partidario, y lo hemos reiterado públicamente, de que esta facultad discrecional derechamente no exista. Nos parece tal cual e igual de relevante que los proyectos que sean sobre 7 mil UTM, pero también los que cuesten $50 millones o sobre $20 millones, sean escrutados por el Consejo Regional”.
Explicó, además, que no necesariamente esto significa la búsqueda fanática de mayor control, sino que se centra en poder ejecutar una mayor fiscalización en un sentido integral, tanto en el destino y el motivo de los recursos solicitados, como también si es que los proyectos son correctamente formulados para evitar así frenazos burocráticos.
A esto, el consejero Argo hizo hincapié en señalar que dentro de las 15 medidas de probidad, presentadas por el Gobierno Regional, se encuentra una de las acciones más instantánea: que todos los proyectos, sin importar monto, sean discutidos y revisados por el Consejo Regional.
“Lo que ocurre es que tomamos la decisión política de que todo va a pasar por el Consejo Regional aunque (el proyecto) valga un peso, mientras esté este Consejo Regional y esté este gobernador, porque si la ley no cambia, obviamente el que venga podrá hacer otra cosa”, dijo Argo.
Si bien la medida lo que busca es que por ley quede tipificado un menor monto para que los proyectos de convenios sean revisados por el Core, desde el Gobierno Regional, en tanto, reafirmaron que la voluntad es que el Consejo Regional pueda revisar todos los proyectos, como dijo anteriormente el consejero Argo, medida que ya se está tomando y que fue dada a conocer en la Sesión Extraordinaria el viernes 11 de agosto y en la reunión que el gobernador, Rodrigo Díaz, sostuvo con los alcaldes de la Región.