El seremi de Hacienda y dos diputadas locales evalúan los alcances de estas iniciativas. Expresan que son necesarias ante los hechos que han ocurrido en el país.
En virtud de los hechos que han acontecido al país en el marco del “Caso Convenios” -por actos connotados donde incluso la Fiscalía investiga presunto mal uso de recursos públicos-, es que el Gobierno actualizó la información sobre la contundente agenda en materia de probidad y modernización del Estado en la que está trabajando.
Ocho medidas para combatir de forma más eficaz la corrupción y conflicto de intereses en el Estado, informaron desde Presidencia. Las mismas, buscan responder ante las brechas históricas de vulnerabilidad institucional que han propiciado irregularidades o delitos en las instituciones estatales.
Según el seremi de Hacienda del Biobío, Sebastián Rivera, “la agenda de probidad y modernización del Estado es potente, con medidas concretas que dan un marco normativo con el objetivo de que el Estado debe reparar brechas históricas de vulnerabilidad institucional”.
“Tenemos que trabajar duro todos los actores que intervenimos, para que volvamos a recuperar las confianzas con la ciudadanía. El Estado debe reparar estas brechas”, señaló Rivera.
Dentro de la agenda actualizada por el Ejecutivo, se mencionó la creación de la Comisión Asesora para la Integridad Pública y Transparencia, sin duda, una de las medidas más expectantes debido a que comenzó a operar en pleno estallido del “Caso Convenios” y sus propuestas se proyectan listas para fines de agosto. El Instructivo de Transferencias del Estado, es otra de las medidas que se generó tras una investigación realizada por el Gobierno, la cual surge tras identificar brechas de vulnerabilidad en los traspasos de recursos del Estado a organizaciones de la sociedad civil, las cuales podrán ser resueltas por mayores exigencias.
A modo de ejemplificar su impacto, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, explicó que se reforzarán los controles a los convenios que se realicen en el sector público, impactando tanto las transferencias corrientes y de capital. Según el jefe de cartera, se incorporarán factores de riesgo identificados tras las situaciones destapadas en el “Caso Convenios”.
Algo particular, y bien reiterado entre la opinión pública, es que la medida anterior incluye la exigencia de garantías para todos los convenios que se realicen, como así también el requisito a las organizaciones de la sociedad civil de deber acreditar su experiencia, antigüedad y objeto social. Otra medida es la titulada como “Ley de Beneficiarios Finales”, la cual será ingresada mediante un proyecto de ley, y pretende crear un registro donde las entidades informen las personas naturales que serán beneficiarias finales de los dineros públicos adjudicados. O sea, la identificación de a quién se le transferirán los recursos públicos.
Los anteriores, deberán poseer directa o indirectamente el 10% o más de participación en una sociedad deberán tener poder para nombrar a la mayoría de los directores o administradores de dicha organización y podrán ejercer el poder de veto sobre las decisiones de la administración.
Permitirá, además, escudriñar algún grado de conexión entre funcionarios públicos y el beneficiario.
Las Medidas en materia de Probidad sobre Compras Públicas, buscará, mediante un proyecto de ley -que está pronto a ser ingresado al Congreso- modernizar la Ley N°19.886 sobre Compras Públicas, incluyendo, por ejemplo, la introducción de principios de economía circular en las compras del Estado. Además, la anterior iniciativa incorpora un nuevo capítulo que regula la etapa de preparación de la contratación administrativa, estableciendo que ningún organismo estatal podrá suscribir contratos con su personal ni con personas relacionadas.
A ello se incluye fortalecer la concursabilidad y limitar las causales de trato directo, entre otras aristas.
La Reforma del Consejo General de Auditoría Interna del Gobierno (Caigg) actualizará, luego de 26 años, su composición. El Ejecutivo pretende crear el Caigg como servicio público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y será liderado por el auditor/a general del Gobierno.
El Fortalecimiento de la Integridad y Probidad Municipal es una medida que será presentada como proyecto de ley y que apuntará, principalmente, a mejorar la eficiencia y simplificar la recaudación de los municipios proyectando un rol más activo de la Tesorería General de la República (TGR) y del Servicio de Impuestos Internos (SII). En su grueso, la iniciativa para los gobiernos locales busca mejorar el pago de permisos de circulación como también la capacitación de sus funcionarios para una mayor gestión financiera de compras y adquisiciones.
El 9 de agosto el Gobierno renovó la urgencia del proyecto de “Ley de Transparencia 2.0” que fue ingresado en 2018. Su objetivo es ampliar la ley N°20.285 sobre el acceso a la información pública y aplicarla a diversos organismos estatales, como también a las empresas públicas y las sociedades accionarias que tengan participación en estas sobre el 50%.
Finalmente, el Gobierno incorporó dentro de su actualización en materias de probidad, el avance del proyecto “Regiones más Fuertes”, el cual, dentro del conjunto de nuevos deberes y responsabilidades que incorpora para los Gobiernos Regionales, establece mayores mecanismos de control, responsabilidad fiscal, transparencia y rendición de cuentas para resguardar que los Gores usen de forma óptima los recursos fiscales.
Para la diputada, María Candelaria Acevedo (PC), esta batería de materias para el aumento de la probidad estatal “impactará profundamente en la forma en que se han ejecutado aspectos tales como las transferencias directas”.
“Debo destacar que el Gobierno y agenda de probidad dan cuenta de la línea que ha mantenido, una que busca mejorar el Estado en todos sus estamentos, enfrentando sin titubear los problemas que hemos conocido en los últimos meses”, dijo Acevedo. Agregó que, como parlamentaria, junto a sus pares, les queda “recoger el guante” y seguir aprobando normas que aseguren un Estado mucho más probo, dando como ejemplo la ley gubernamental, que fue aprobada hace unos días, y que dice relación con el establecimiento de un estatuto de protección a favor del denunciante de actos contra la probidad administrativa.
La diputada Flor Weisse (UDI), señaló que debido a los graves actos de corrupción que se han visto en el último tiempo, y que no solo han afectado a los recursos públicos, sino que también “han puesto en tela de juicio el actuar del Gobierno (…) ha llevado a que el Gobierno del Presidente Boric anuncie una agenda de probidad y modernización”.
Ante ello, indicó que “es muy importante que estas propuestas sean ejercidas y se apliquen para que la medidas de probidad eviten situaciones tan graves y lamentables, como las que hemos visto, particularmente, en la región del Biobío”.