Acción busca “conocer todos los antecedentes que el Gobierno Regional tenga a su disposición”. Esto en medio de una jornada marcada por diligencias investigativas y el primer día de trabajo de las nuevas jefaturas.
Ante la solicitud de 20 consejeros y consejeras regionales, quienes por escrito pidieron adelantar la fecha de realización de un Consejo Regional Extraordinario para analizar el Caso Convenios -originalmente definido para el 16 de agosto-, el Gobernador Regional, Rodrigo Díaz, decidió adelantar para este viernes la realización de dicha instancia formal del órgano.
La veintena de integrantes del Core argumentaron que dicha petición se basa en “los últimos acontecimientos ocurridos en los últimos días lo que, hace urgente y necesario conocer todos los antecedentes que el Gobierno Regional tenga a su disposición”, detalla el documento.
En su respuesta, el gobernador regional Rodrigo Díaz indicó que “en virtud de las facultades otorgadas por ley, vengo en modificar fecha y hora de la sesión extraordinaria (…), citada para el día 16 de agosto, modificándola para el día 11 de agosto a las 15:00 horas”.
La cita está convocada para realizarse en el Salón Inés Enríquez F. del edificio del Gobierno Regional.
Esta acción de la autoridad regional, llegó en medio de una jornada marcada por diversas diligencias que realizó la Policía de Investigaciones (PDI), en el marco del mismo Caso Convenios y relacionado con la Fundación “En Ti”, lo cual determinó la salida del bloque cercano de Rodrigo Díaz.
Se trata de los procedimientos en las casas particulares de Rodrigo Alarcón, otrora jefe de Gabinete; Simón Acuña, exjefe de la División de Desarrollo Social y Humano; y Rodrigo Martínez, ahora exadministrador regional.
Ante las vacantes es que de, forma inmediata, el Gobierno Regional optó por nuevos nombres, en modalidad de subrogancia. El actual equipo quedó conformado por: Luciano Parra, en la jefatura de división de Desarrollo Social y Humano; Carolina Toro, jefa de Gabinete; e Iván Valenzuela, como Administrador Regional.
Sobre las primeras horas en función desde el Gobierno Regional se indicó que “cada uno de las y los funcionarios en subrogancia ha desarrollado sus tareas propias del sector, manteniendo en curso las acciones del Gobierno Regional”.
“Desde la administración regional, se ha cautelado la coordinación interna del Gobierno Regional, continuando con los distintos espacios de trabajo entre divisiones y también de cara al Consejo Regional”, agregaron.
Durante este miércoles se conoció también una declaración pública de Simón Acuña, exjefe de División de Desarrollo Social y Humano del Gobierno Regional del Biobío.
Por medio de la misiva este expresó que “es indispensable aclarar que en mi rol nunca tuve la autoridad para evaluar programas ni para asignar recursos, dichas atribuciones (…) recaen en otros estamentos del servicio”. En el mismo documento, Acuña dijo que “pese a tener todos los antecedentes que desmentían una serie de acusaciones infundadas y malintencionadas, se optó por involucrarme en un contexto de malas prácticas como las que hemos conocido”.
Finalizó por decir que “agradezco al gobernador, Rodrigo Díaz, la oportunidad de haber podido trabajar desde el servicio público para impactar positivamente en las y los habitantes de la región”, y “he dado un paso al costado con la convicción de que mis acciones y trayectoria hablan por mí“.
En medio de las diligencias realizadas por la PDI, el exadministrador regional, Rodrigo Martínez, fue formalizado por una causa paralela y en la que Fiscalía comunicó cargos por el delito de microtráfico de drogas a propósito de la presencia de cannabis sativa al interior del inmueble de este.
La magistrada María Francisca Silva, del Juzgado de Garantía de Chiguayante, decretó las medidas cautelares de firma quincenal y arraigo nacional para R.M.F. cuya identidad no se puede divulgar tras solicitud de su defensoría y determinación del tribunal.
Sobre los hechos el fiscal Nelson Villena dijo que se trata de un “delito de tráfico de drogas en pequeñas cantidades” lo que se ajusta al artículo 4 de la Ley 20.000, y debido a que el formalizado no figura con condenas anteriores, “la (medida) cautelar que se consideró es el arraigo nacional y una firma quincenal en Carabineros de Chile”.
En tanto, el defensor público Felipe Rojas, se refirió al hallazgo de la cannabis en el domicilio del detenido indicando que “lo cierto es que mi representado, según nos dijo, no tiene conocimiento del origen de esa sustancia incautada y, por consecuencia, el resto será materia de la investigación”.
La justicia entregó un plazo de cuatro meses para la investigación penal de Fiscalía.