Representantes locales se refirieron a la desconfianza que existe hoy frente a las facultades que tienen los gobernadores regionales, como así también la necesidad de generar mayor exigencias y protocolos de probidad, como señalan diputadas.
El Caso Convenios sigue provocando efectos negativos y que, ante todo, ponen en tela de juicio la probidad y forma de trabajo de las instituciones públicas. A propósito de aquello, se ha cuestionado, por ejemplo, la facultad de asignación directa con la que cuentan los Gobiernos Regionales, que es una de sus mayores herramientas descentralizadoras, con decisión local.
De la misma forma, y en relación al Royalty Minero, es sabido públicamente que los recursos que serán distribuidos en comunas de la Región del Biobío serían de un total de $33 mil 166 millones de pesos, los cuales irían destinados a Los Ángeles, Coronel, Lota, Tomé, Cañete, Arauco y Lebu.
En ese sentido, también surgió la interrogante de si es que el Caso Convenios afectaría, no la entrega de estos recursos a los municipios, sino más bien la forma en que estos deberán ser fiscalizados para su correcto uso, como también de si es que son necesarios mayores criterios para la inversión de estos. En efecto, mayores exigencias de probidad para las municipalidades.
Desde el Gobierno Regional del Biobío, explicaron, con relación al tema, que lo que se ha señalado públicamente como trato directo responde plenamente a lo establecido en la ley que rige el funcionamiento de los Gobiernos Regionales.
En ese sentido, desde el Gore indicaron que, en términos presupuestarios, y según lo que permite la ley vigente de presupuesto, el 90,3% del erario del 2023 se encuentra destinado para asignaciones directas que contemplan mecanismos de control como procesos de admisibilidad y evaluación, además de ser revisados por el Ministerio de Hacienda y Contraloría.
En cambio, el restante 9,7% se direcciona a proyectos concursables, como lo son el Fondo de Innovación para la Competitividad y las subvenciones.
En ese sentido, el administrador regional, Rodrigo Martínez, indicó que la descentralización es el camino para el desarrollo de las comunidades y que esto no debe contraerse, sino “robustecerse para ir en soporte de aquellos que más lo necesitan”, fundamentando que el trabajo de los Gores con fundaciones, ONG, corporaciones y bomberos permite llegar a los sectores donde los ministerios no llegan.
Ante eso, fue crítico en señalar que quienes cuestionan estas fórmulas “o bien intentan instalar una idea de eventuales ilegalidades asociadas a vías de financiamiento regular, dejan de manifiesto un total desconocimiento de la ley”.
Sin embargo, ante los recurrentes cuestionamientos que han surgido apropósito de los convenios con entidades privadas, alianzas que están siendo investigadas por Contraloría, Ministerio Público y donde, ahora último, se recurrió al Consejo de Defensa del Estado por dos consejeros regionales, Martínez dijo que “no vamos a esperar la próxima ley de presupuesto ni las modificaciones legales anunciadas para elevar los estándares de probidad, control, transparencia y fiscalización”.
Lo anterior en referencia a una serie de medidas que están en proceso de implementación al interior del Gobierno Regional del Biobío y que, según indicaron, tienen su punto de partida con la auditoría externa para todos los programas desde 2021 aprobada la semana pasada por el pleno del Consejo Regional.
Apropósito de lo expuesto con relación a la entrega de mayores recursos para los municipios, el alcalde de Concepción y Presidente de la Asociación de Municipalidades del Biobío, Álvaro Ortiz, señaló que lo primero es que los gobiernos comunales deben ser cuidadosos sobre todo cuando se administran recursos públicos.
Lo anterior, a su juicio, se derivaría ya que “la desconfianza se va instalando cuando la fe pública está en tela de juicio. Y lo que le pasa a una institución pública, la gente, finalmente, generaliza y los mete a todos en el mismo saco”.
Ante todo, para Ortiz, la gran preocupación de este mayor ingreso de dinero a las arcas municipales, además de ir en la dirección en que estos sean bien utilizados y administrados, también recae en si dichos municipios tienen la capacidad de gestionar proyectos para darle movimiento a estos dineros.
“Cuando un municipio tiene como director de Dideco y director de Sercplan a la misma persona, mi pregunta es: si le pasamos más plata ¿Va a tener la capacidad de ocupar esos recursos? ¿De elaborar proyectos para poder ejecutar esos dineros?”, señaló Ortiz.
En ese sentido, el presidente de la Asociación de Municipalidades del Biobío, Álvaro Ortiz, fue enfático en señalar que “no es solamente entregar recursos a través del Royalty o del Fondo Común Municipal o de lo que sea, sino también de tener el personal adecuado para poder ejecutar proyectos que permitan gastar de muy buena manera la inversión pública que se les está entregando”.
En suma, y en relación a lo que también aqueja a los Gobiernos Regionales como a distintas Secretarías Ministeriales a nivel nacional, Ortiz señaló que es necesario “subir el nivel de requerimientos que se necesitan para poder obtener estos recursos públicos, y, por cierto, el proceso de fiscalización y el proceso de rendición de estos recursos tiene que ser mucho más exhaustivo. Tenemos un desafío y una oportunidad para mejorar”.
Consultadas dos diputadas locales respecto a la situación que aqueja a las instituciones públicas y que no cesa su tabla en la opinión pública, ambas coincidieron en que se deben aumentar los estándares de fiscalización y de seguimiento a los convenios que realicen instituciones públicas con privadas.
La diputada María Candelaria Acevedo (PC), indicó al respectó que el Caso Convenios “nos lleva a replantearnos la forma en la que está configurado el Estado y sus diferentes mecanismos de trabajo, entre los que se incluyen los traspasos directos”.
A su parecer, “la discrecionalidad con la que actúan los y las gobernadoras es algo que desde mi perspectiva tiene que reformarse, sobre todo considerando que existe un consejo que debe apoyar y ratificar estas determinaciones”.
En esa misma línea, la diputada Flor Weisse (UDI) indicó que la coyuntura que afecta actualmente a la política nacional, “desde luego afectará en la decisión que se adopte para entregar atribuciones a los Gobiernos Regionales. Se requieren medidas que otorguen más transparencia y que puedan ser evaluados en forma periódica por la autoridad”.
Además, la diputada Acevedo se explicó que la materia de probidad es transversal y se requiere lo mismo en los municipios para evitar, según señaló, lo ocurrido con ex jefes comunales como Raúl Torrealba (RN), Cathy Barriga (UDI), Karen Rojo y César Figueroa. “también hay que mirar los municipios y buscar las acciones para fortalecer las confianzas, pero principalmente para resguardar de forma efectiva los dineros públicos que llegan hasta sus arcas”.
Para la parlamentaria Weisse, es fundamental adoptar nuevas medidas que apunten a conocer en detalle los objetivos de los proyectos que apoyan los organismos públicos, las actividades que se van a desarrollar y su impacto social. “Solo de esa manera se podrá evitar situaciones como las que hemos tenido la posibilidad de conocer”.