Diputadas por proyecto de mayor probidad de las ONG: Reforzar fiscalización de origen de transferencias

Las parlamentarias por el Biobío, Joanna Pérez (Ind-Demócratas) y María Candelaria Acevedo (PC) abordan la iniciativa que ya se discute en la Cámara Baja.

En plena crisis de desconfianza y cuestionamiento hacia las instituciones públicas tras el destape del Caso Convenios, continúa el avance en la Cámara de Diputadas y Diputados de un proyecto de ley que busca generar mayor transparencia en los ingresos y financiamiento que reciben las Organizaciones No Gubernamentales (ONG).

Si bien la iniciativa, que actualmente se encuentra en primer trámite constitucional, fue ingresada a la Cámara Baja en enero de este año, su trabajo legislativo adquiere, en virtud de los momentos que atraviesa actualmente la política nacional y según palabras de parlamentarias locales, mayor fuerza y urgencia para su promulgación.

Incluso, así fue ampliamente manifestado en sala, donde tras una revisión del pleno la iniciativa retornó a la Comisión de Gobierno Interior, con 132 votos a favor.

Los discursos se destacaron por señalar la necesidad de eliminar áreas de opacidad en el trabajo de las fundaciones, resaltando, asimismo, que estas organizaciones muchas veces realizan labores donde el Estado no alcanza a llegar: radicando ahí la importancia de mayor transparencia.

Proyecto de Ley: mayores exigencias en probidad

La iniciativa, que fue presentada en moción por las y los diputados independientes, Joanna Pérez (Ind-Demócratas), Erika Olivera, Miguel Ángel Calisto y Jorge Saffirio, más el socialista Leonardo Soto, busca modificar la ley N°20.500 sobre organizaciones sociales, y la N°20.730 que regula el lobby y a los gestores de interés particular.

Según explicó la diputada Pérez, quien además es presidenta de la Comisión de Gobierno -comité que ahora deberá incluir las indicaciones propuestas tras la votación en la Sala- “el proyecto tiene como propósito que las ONG den cuenta anualmente de sus ingresos y mecanismos de financiamientos respectivos en el registro que manda la propia ley”.

Además, Pérez explicó que la iniciativa contempla que se deberá establecer un reglamento que determine las características que debe reunir una ONG para ser considerada como tal y la forma para dar cumplimiento a la obligación de transparencia.

En ese sentido, si una Organización Sin Fines de Lucro, al momento de solicitar una audiencia a través de la plataforma de lobby, no incorpora la copia de información proporcionada en su registro la audiencia será denegada.

¿Y los egresos?

Si bien el proyecto de ley pretende que las fundaciones y organizaciones den cuenta de dónde proviene su financiamiento como así también la identificación de los aportantes, no incluye modificaciones legales que las obliguen a dar cuenta de los egresos; o sea, de si es que los recursos fiscales son ejecutados correctamente. Siendo esto, sin duda, uno de los puntos más entablados en la opinión pública.

En ese sentido, Joanna Pérez comentó que aunque el primer informe no contempló normas respecto del registro de egresos, luego de la votación en la Sala de la Cámara el pasado miércoles, se incluyó la indicación del diputado Hugo Rey (RN), la que apunta directamente a establecer el registro del gasto de los recursos.

Al respecto, la parlamentaria por el Biobío señaló que con “las indicaciones presentadas se robustecerá la norma y generará mayor transparencia en el destino y uso de los recursos públicos”.
Sobre el mismo punto, la también diputada por el Biobío, María Candelería Acevedo (PC) explicó que “que más allá de crearse un registro de egresos establecido por ley, me parece que eso debería quedar establecido por los mecanismos de control y fiscalización que se establezcan para cada proyecto, entendiendo que ya es necesario presentar una serie de documentos a la hora de las rendiciones”, debido a que esto también podría recaer en una mayor burocracia.

En todo caso, la diputada Acevedo considera que esta iniciativa es un buen avance en transparencia respecto de las organizaciones de la sociedad civil, en pos de mantener el prestigio y confianza que la ciudadanía depositaba en ellas y que hoy se ve cuestionada.

“Acá debemos fiscalizar, debemos mejorar los mecanismos de fiscalización con los que hoy cuenta el Estado, pero también tenemos que mirar mucho más allá y preguntarnos la razón de estos traspasos millonarios a ONGs”, dijo la parlamentaria comunista.