Ante la propuesta de dividir el mencionado monto, entre un 4% para pilar solidario y un 2% para capitalización individual, el Ejecutivo mantiene optimismo “cauto” para un acuerdo político.
Siguen las negociaciones del Gobierno con parlamentarios, principalmente de oposición, para lograr los acuerdos en el contexto de la reforma de pensiones que impulsa La Moneda.
Y es que, hasta ahora, el Ejecutivo propone varios cambios al sistema vigente el que no ha estado exento de críticas, donde se incluye el aumento del monto de la Pensión Garantizada Universal (PGU), una cotización adicional del 6% financiada por el empleador y que iría directo a un fondo solidario colectivo, entre otros.
En particular, ha sido este último elemento -el del 6%- el que ha generado diversas miradas y cautela para la continuidad de la reforma. Incluso, el pasado viernes, la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, junto al ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, sostuvieron una reunión con representantes de los distintos partidos políticos para escuchar observaciones y sugerencias en el marco de la búsqueda de un acuerdo transversal.
Tras la instancia, la ministra Jara explicó que “estamos en un momento en el cual se abre una oportunidad de tener un acuerdo en materia de pensiones”, señalando que “nosotros ya hemos cedido, ahora le toca a la oposición”.
Lo anterior es debido a que, el 6% que proponía el Gobierno, dinero que desembocaría directamente en un fondo solidario común, fue reversionado y dividido de la siguiente manera: ahora se propone que un 4% vaya dirigido al seguro social, y un 2% a la capitalización individual.
Esto generó ciertas aperturas a la continuidad del diálogo, pero aún quedan diferencias por parte de la oposición. Algunos parlamentarios han señalado que, debido a la situación actual de la política nacional tras el Caso Convenios, no hay confianza para que el Estado administre un fondo común. Por otra parte, hay quienes han señalado que es un avance para el pacto político.
Respecto a la situación, que también se homologa con lo que ocurre para impulsar la reforma tributaria, congresistas locales comentaron sus visiones respecto a la nueva propuesta del Gobierno, como también a cuáles son sus dudas, ideales y requerimientos.
De esa forma, la diputada María Candelaria Acevedo (PC), fue una de las más críticas al señalar que lamenta que no exista “voluntad de la derecha” para generar condiciones para que todos los “chilenos y chilenas tengan mejores pensiones”, señalando que solo se “atrincheraron en la mentira de que el 6% destinado para el pilar solidario, no sería para los pensionados”.
“Ahora bien, ante esta nueva propuesta me parece que se sigue avanzando en generar mejores condiciones para los y las chilenas. Es insuficiente, pero algo se avanza”, comentó Acevedo.
Ante el panorama, la diputada comunista está a favor del proyecto, sin embargo, no dejó entrever que prefería la propuesta original ya que le parece mucho más acorde a las necesidades de los pensionados, haciendo énfasis en aquellos que por una u otra razón no han podido cotizar durante largos períodos de sus vidas.
“Pienso en aquellas mujeres que se han dedicado a cuidar a sus madres y padres, a sus hijos con algún tipo de enfermedad, etc., en definitiva, una población que por el diseño que tiene nuestro sistema no cumplen con ciertos “estándares” y que por ende no tienen una pensión digna”, comentó la diputada Acevedo.
Desde la vereda contraria, la diputada Marlene Pérez (IND-UDI), indicó que “debe ser todo a cuenta individual (…) Si queremos subir las pensiones debe ser a costa de impuestos generales y no en desmedro de los trabajadores. Esta cotización adicional, si no va directo a las cuentas individuales, es un verdadero impuesto al trabajo, castigando a los empleadores y a quienes han cotizado a lo largo de su vida laboral”.
Además, Pérez agregó que “la gran mayoría de los chilenos no quieren que la cotización adicional pase a manos del estado. La propiedad y heredabilidad de los fondos, la libertad de elegir entre el sistema estatal y privado, y una mayor competencia debe ser el camino en este proceso”.
En esa misma línea, sobre la desconfianza a las instituciones que estalló por el Caso Convenios, la diputada del Partido de la Gente, Karen Medina, señaló que “estamos en un ambiente políticamente bastante cuestionable, de poca confiabilidad en el Estado como administrador de los recursos de todos los chilenos”.
“Eso deja muy mal parada cualquier conversación de reforma, tanto previsional como pacto fiscal, por lo que hoy día creo que el Gobierno debe también estar muy dispuesto a ceder. Yo no estoy de acuerdo en que un 4% vaya al fondo de Estado y un 2% a la cuenta individual, porque no tenemos la confianza de que esto va a ser administrado de una buena manera”, agregó Medina.
Además, la diputada del PDG señaló que el Gobierno debe replantearse su propuesta y que debe estar dispuesto a ceder.
El diputado Félix González (PEV), en cambio, fue agudo en señalar que para su sector hay tres pilares claves: 1) que las AFP salgan del mercado y que sea un ente público quien administre los fondos de pensiones; 2) que el nuevo sistema entregue pensiones que le permitan a la ciudadanía vivir; 3) la garantía de una pensión digna para quienes hoy están pensionados en el sistema actual.
“Esperamos poder tener las voluntades dentro del Parlamento de concentrarnos en tener buenas pensiones para quienes están hoy trabajando y también para quienes hoy están jubilados con pensiones que no les alcanza”, indicó González.
En la misma reunión entre representantes políticos y Gobierno, se definió que hoy, durante la mañana, en dependencias del Ministerio del Trabajo, se realizará una reunión técnica entre representantes designados por los mismos partidos para trabajar sobre la reforma al sistema de pensiones junto a la ministra de Trabajo, Jeanette Jara.
El objetivo, según explican desde el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, es “buscar un acuerdo que viabilice y agilice la reforma al sistema de pensiones”.