Gobernador Rodrigo Díaz y Caso Convenios: “Espero que no se deje de trabajar con fundaciones”

En medio de un contexto complejo para las instituciones del país, como para las fundaciones, corporaciones y ONGs, el gobernador regional del Biobío, Rodrigo Díaz, ha tenido que sortear también con las suspicacias del mundo político y de la ciudadanía por el traspaso de dineros desde el Gore hacia la Corporación ONG RedCultivarte y otras entidades.

En ese sentido, y tras el estallido del caso Democracia Viva, el Gobierno Regional ha tenido que hacer frente a las críticas parlamentarias, como también, y por voluntad propia, poner a disposición todos los antecedentes necesarios a Contraloría y Fiscalía Regional. Al respecto, Diario Concepción sostuvo una conversación a fondo con el gobernador regional, quién explicó varias aristas sobre la materia.

¿Cómo han sido sus días después de que despierta toda esta ola de cuestionamientos a los distintos Gobiernos Regionales del país? ¿Qué ha significado para usted?

Tengo la convicción más absoluta que se debe trabajar con corporaciones y fundaciones. La razón de ser del Estado es construir el bien común a través de sus distintas agencias. Sin embargo, el Estado central, los servicios públicos centralizados, hay muchos lugares a los que no llegan. Hay muchos lugares a los que llega mal. Hay muchos lugares a los que llega tarde.

Entonces, cuando uno trabaja en un Gobierno Regional, lo que debe hacer es preocuparse de las personas que viven en la región. Y, por lo tanto, si el Estado central no llega, (…) lo que uno tiene que hacer es buscar aliados.

Como ejemplo, los ciegos o las personas que empiezan a tener problemas graves de vista no están siendo atendidos. Los ciegos mayores de 26 años no están siendo atendidos en la región del Biobío, ni en una parte del país ¿Quién ayuda a esa gente? Coalivi (Corporación de Ayuda al Limitado Visual).

¿Qué hacemos nosotros como Gobierno Regional en esta materia? Del 100% de nuestro presupuesto, el 75% lo trabajamos con entidades del Estado ¿Qué entidades del Estado? Servicios públicos, municipalidades y universidades estatales. El 25% de nuestro presupuesto lo trabajamos a través de entidades privadas

¿Por qué parto con esta afirmación? Porque en esta discusión que se está generando a raíz del caso de Antofagasta y Democracia Viva, lo que empieza a aparecer es algo que a mí me parece muy injusto respecto de aquellos que no robaron dinero para hacer proselitismo político o propaganda política.

Entonces, me parece peligroso, incluso me parece que es irresponsable que alguien persiga en genérico y no a quienes roban. Los que roban deben ser sancionados.

¿Usted descarta que en los Gobiernos Regionales se hayan generado ese tipo de proselitismo político, destinados, por ejemplo, a favorecer a fundaciones a través de asignaciones directas?

En la opinión pública, parece que un trato directo es sinónimo de robar. Los Gobiernos Regionales prácticamente solo hacemos tratos directos. Asignaciones directas es el nombre correcto, salvo en dos materias: los Fondos de Innovación de la Competitividad y las subvenciones donde la ley explícitamente nos habilita, dice, ‘podrán hacer concursos’.

El gobierno regional es una entidad que, tras una evaluación técnica, determina asignar recursos para solucionar un problema específico.

Lo que ocurre respecto de nosotros es distinto a lo que hay en el Minvu. El Minvu hace concursos donde distintos proyectos compiten por un pozo de recursos. Nosotros en general hacemos asignaciones directas. Me atrevería a decir, en el 90% de los casos que nos pronunciamos, lo hacemos de esa manera.

Lo que se cuestiona es que queda un espacio luego de que se firman los traspasos de recursos con las fundaciones, en el cual no hay un control por parte de Contraloría, de acuerdo a los montos de las transferencias directas…

O sea, el grueso de las transferencias que se hacen pasa por la Contraloría General de la República y por la Dirección de Presupuestos. Todos los traspasos de dinero que se hagan por el Gobierno Regional, desde el más pequeñito al más alto, es objeto de fiscalización por parte de los consejeros regionales. Nosotros reiteradamente estamos respondiendo a los oficios y consultas de la Cámara de Diputadas y Diputados en su función coordinadora.

Ahora, que haya múltiples controles ¿Elimina la posibilidad de que pueda haber un problema? No, obvio que no. Pero restringe mucho, porque además de los controles que se hacen por los organismos externos, nosotros hacemos un seguimiento interno y reiteradamente las iniciativas que estamos ejecutando son observadas por nuestra contraparte técnica y, aproximadamente, en un cuarto del total de los casos o la mitad de los observados, hay gastos que se rechazan.

Entonces, lo primero que digo: en el Biobío no hay un desorden.

¿Usted descarta entonces, apropósito de la investigación que se abrió por Contraloría y el Ministerio Público, que no va a haber ningún problema?

En el gobierno regional del Biobío, se aprueban recursos sin distinción de filiación política de quien es la contraparte que nos viene a pedir dinero. Nosotros no favorecemos solo a un sector político, ni en los alcaldes, ni en las organizaciones de la sociedad civil que nos vienen a pedir recursos.

Lo que le quiero decir con eso, entonces, es que descarto lo que se ha señalado, que hay un partido político que nacionalmente está trabajando y está cargando a través de distintos organismos dinero para poder hacer su fin de proselitismo político o de subsistencia política. Eso no lo estamos haciendo en el Biobío.

Lo segundo que le quiero decir es que las puertas están abiertas y así fui decírselo en persona al contralor regional (…), llamé por teléfono a la fiscal regional y le ofrecí exactamente lo mismo, puertas abiertas.

A mí como persona natural, me asiste la convicción de que nosotros tenemos que profundizar la descentralización y no va a haber buena descentralización si es que la ciudadanía piensa que las instituciones estamos haciendo mal nuestro trabajo o si estamos haciendo o encubriendo malas prácticas.

¿Con cuántas fundaciones está vinculado hoy el Gobierno Regional?

Con 27.

¿Y la experiencia de las fundaciones está instalada en el Biobío? ¿Son fundaciones idóneas para cada uno de los convenios que ha firmado el Gore para solucionar estos problemas?

Lo que yo le puedo decir es que hay una cantidad muy importante de corporaciones y fundaciones que llevan varias décadas funcionando y que han sido muy relevantes para las políticas públicas chilenas: El Hogar de Cristo, Teletón, María de Ayuda, Fundación Las Rosas, Trabajo para un Hermano, Cepade, Coalivi, Coaniquem, Bomberos de Chile, podría seguir diciéndole, o sea, son de verdad un baluarte para poder trabajar. La gente no lo reconoce de buena primera.

Respecto de la antigüedad de dos años que se exige a las fundaciones, corporaciones, ONG, para que puedan trabajar con ellas ¿Ustedes no tienen vínculo con ninguna menor a ese tiempo de experiencia?

Nosotros hemos trabajado con entidades que se dedican, que tienen su giro histórico y que tienen varios años de antigüedad, dos o más, para trabajar. Independiente que hubo una modificación en la ley de presupuestos que rige este año, modificación que hizo el Parlamento, no los Gobiernos Regionales, para que excepcionalmente pudiéramos trabajar en un espacio muy acotado con personas jurídicas de un año o más de antigüedad. Pero nosotros no hemos trabajado con entidades de menos de dos años.

Incluso le diría, en las cosas que uno espera hacia adelante, porque de esto yo no espero que se deje de trabajar con corporaciones o fundaciones, porque la gente queda abandonada. Lo que yo espero es que se avance a dar certeza de la expertice de estas corporaciones o fundaciones y, por lo tanto, la antigüedad.

¿Pero cómo define usted con qué corporaciones trabajar? ¿Ellos presentan proyectos, iniciativas o ustedes detectan la idea y recurren a ellos? Para así entender cómo se hace la selección…

Primero, no lo hago yo. Eso es lo primero. La forma en que nosotros llegamos a tomar conocimiento de una idea es que alguien nos venga a presentar una idea de programas.

¿Dónde está el marco teórico para las cosas que son necesarias? Bueno, dos instrumentos. Uno se llama estrategia regional de desarrollo, que, dicho sea de paso, acabamos de aprobar su actualización. Y lo segundo es el Programa de Gobierno Regional. Luego llega una solicitud y eso pasa a un comité de admisibilidad, que es presidido por el administrador regional, que está integrado por los seis jefes de división y que integra también, como secretario ejecutivo, el jefe de la unidad de pre-inversión del Gobierno Regional.

Cuando usted me dice la antigüedad importante, claro. La ONG Cultivarte tiene un largo historial de trabajo con el gobierno regional del Biobío. Trabajó con el Gobierno Regional cuando el intendente era don Jaime Tovar, también con la intendenta Van Rysselberghe, en el del intendente Lobos también. Estoy diciendo que en los períodos donde ellos ejercieron su función, se habían adjudicado iniciativas.

Lo que uno hace es pilotear, explorar alternativas que puedan configurar una política pública para grupos que son vulnerables, pero siguen siendo conformados por personas humanas.

Concretamente ¿Ustedes tienen indicadores que demuestren en qué se ha gastado la inversión? ¿Tienen algún mecanismo que permita recuperar el dinero en caso de no utilización o mal gasto?

Nosotros lo que tenemos son entregas de remesas de dinero. Remesas de dinero que se hacen contra informes, informes que son evaluados por la contraparte técnica, para ver si se comprometen, si se cumplen las cosas que están comprometidas o no. Lo que posteriormente existe de eso es, al momento del cierre, es una validación si esto se hizo bien o no.

Si nosotros descubrimos que hay un gasto que se realiza y que no está autorizado porque no está en el proyecto, lo rechazamos. ¿Hemos cerrado iniciativas? Sí, hemos cerrado a los proyectos porque han tenido un mal comportamiento en sus rendiciones o porque no han cumplido con aquello que han señalado.

Y ahora, hacer evaluaciones, de lo que se llaman evaluaciones de impacto, es una tarea que es bien interesante, porque para hacerlas uno tiene que hacer un corte un tiempo después de que ocurrieron las cosas, porque usted tiene que construir instrumentos de evaluaciones de impacto para cada iniciativa en particular.

Volviendo a lo que se ha planteado por RedCultivarte ¿Cómo hacen esta evaluación técnica con ellos y cómo se mide que cumplan con el objetivo de ir en apoyo de adultos mayores?

Esa institución, como muchas otras, con la contraparte técnica tiene revisión regular de lo que hacen. Y así con todos. Ahora, hasta el minuto, de las tres ONG que han trabajado con nosotros, la que ha mostrado mejor desempeño técnico, en el sentido de cumplir lo que propusieron en el papel, ha sido la ONG RedCultivarte.

Ahora, si usted me dice ¿Ha hecho una evaluación técnica de aquello que ha financiado el Gore con trabajo de adultos mayores? Eso es una evaluación ex pos de impacto, una vez que terminan las iniciativas. (…) Luego concentramos nuestros recursos en el foco que ha tenido mejor resultado ¿Eso sabe cómo se llama? Mejora continua.

Lo que se plantea también es el hecho de que Contraloría no fiscaliza los convenios cuando son bajo las 15 mil UTM, previamente sí, cuando se hace la modificación presupuestaria…

Una iniciativa nuestra puede pasar hasta tres veces por Contraloría. El contrato o convenio que se firma, no va a revisión de Contraloría en el minuto de la suscripción del convenio de contrato, es decir, después de aprobado el marco, después de aprobada la iniciativa, al minuto de firmar el convenio, la Contraloría nos pide de acuerdo a la ley, que, en ese tercer acto de revisión, la firma del contrato.

La toma de razón, lo único que hace, es decir ‘¿Tiene asignada plata? Sí ¿Está en el presupuesto? Sí ¿Está dentro de las facultades? Sí’, no entra a analizar el fondo.

La toma de razón llega hasta ahí entonces, pero después, en la transferencia de recursos y la firma del convenio, no hay otro ente más que el Gobierno Regional para analizar el detalle de las partes…

Y la Dipres, siempre. Siempre la Dipres, en todos los trámites pasa la Dipres, porque nosotros no somos autónomos. Además, siempre la Cámara de Diputados nos puede solicitar informes. Los cores (consejeros y consejeras regionales) pueden solicitar un informe. Además, nosotros tenemos que rendirle trimestralmente de todas las cosas a los cores. Y todo eso es externo. Internamente también tenemos unidad de control.

A eso voy, porque justamente hay un espacio que depende solo del Gore, y ese espacio puede generar una vulnerabilidad, un problema donde quepa un espacio a la subjetividad …

Algo súper claro: nosotros aprobamos A y en el convenio tenemos que poner A. No tenemos un espacio para modificar lo que se aprobó.

¿Y en la decisión de firmar con A? Ahí si cabe la subjetividad…

Hay una evaluación que da una recomendación técnica. Nosotros solo podemos aprobar A en la medida que haya una recomendación técnica de aprobar eso. El Gore no puede aprobar algo distinto de lo que viene en la evaluación del en la recomendación técnica. Lo que tiene el RS es lo que puedo aprobar, lo que no tiene el RS, no lo podemos aprobar (…) No podemos, caeríamos en un ilícito.

¿Usted está consciente que, a partir de todo esto, probablemente se va a plantear, más restricción al espacio que queda con cierto “riesgo”?

Yo creo que sería un tremendo error que el Parlamento genere restricciones que hagan que las personas de carne y hueso no tengan apoyo para solucionar sus problemas contingentes. Si alguien se va al extremo de decir oiga, sabes que todo lo vamos a hacer con servicios públicos, bueno, en ese caso cometeríamos un tremendo error.

Para finalizar, en relación a todo este vínculo político que aparece (ligado a RedCultivarte) ¿Usted considera que ahí falto algo más que hacer para evitar los cuestionamientos posteriores o era inevitable?

Yo en general confío en muchos en mi equipo. Y si hay una necesidad objetiva, si hay un planteamiento bien desarrollado, y el equipo recomienda realizarlo, yo respaldo eso. Ahora, de más está decirle que obviamente cuando tomé esa decisión de autorizar ese gasto, no tenía en vista todo lo que ha estado ocurriendo hoy día, todo el manto de sospecha que existe.

Pero está la carta de apoyo del alcalde (Boris Chamorro) incluida…

Eso yo no lo veo. Todas las postulaciones que llegan al Gobierno Regional, todas llegan con cartas de apoyo, todas. La verdad que las cartas de patrocinio, yo no las veo. De hecho, ninguna de esas solicitudes ingresa por partes que llegan a mi escritorio, ni una. Lo que a mí llega a mi escritorio, es una nómina, una hoja con iniciativas que están con RS. Y yo consulto cuál es la materia que se va sobre la que verse. Y según eso, tomo la decisión de si se apoya o no se apoya. Entonces, uno trabaja por construir buenas iniciativas, que tengan pertenencia y que correspondan a una solución efectiva a un problema concreto en el marco de la Estrategia Regional de Desarrollo y del Programa de Gobierno. Y, por lo tanto, cumpliendo todo eso, yo no veo razón para no ejecutar una iniciativa.