La iniciativa busca, además, que la persona afectada por delito o crimen pueda ser oída, y apelar en contra de la solicitud frente a la Comisión.
En el marco del avance legislativo de la cartera de seguridad Fast Track, el Senado aprobó y despachó a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que, dentro de sus principales objetivos, busca que víctimas de delito o crimen sean notificadas cuando el condenado solicite el beneficio de libertad condicional.
De esa forma, y tras la aprobación unánime de la Cámara Alta a todas las normas que fueron ratificadas transversalmente por la Comisión de Constitución, el proyecto que establece mayores exigencias para la entrega de libertad condicional, quedó en calidad de cumplir su tercer trámite constitucional en la Cámara Baja y convertirse en ley.
La iniciativa, que corresponde al boletín 14090-07 refundido, busca modificar diversos cuerpos legales para agravar la pena aplicable al delito de homicidio simple y establecer mayores exigencias para la obtención de la libertad condicional.
Una de las modificaciones que plantea el proyecto de ley, y que vendría a incorporarse como un nuevo derecho para las víctimas, es el que explica que las mismas deben ser informadas, en un plazo de cinco días, por el tribunal respectivo de solicitud y/o que concede el beneficio de libertad condicional cuando este es solicitado por los condenados.
Textualmente, la modificación establece que: “para efectos de lo dispuestos en el literal g) del inciso primero del artículo 109 del Código Procesal Penal, a lo menos quince días antes de las fechas señaladas en el inciso anterior, Gendarmería de Chile deberá comunicar al tribunal a cargo de la ejecución de la pena respectiva las postulaciones a libertad condicional presentadas por los condenados”.
Continúa por decir que “el tribunal deberá notificar a la víctima dentro del plazo de cinco días recibida la comunicación de Gendarmería de Chile”.
A esto, se le suma que la víctima, tanto personalmente como a través de su representante, podrá dar a conocer sus alegaciones por escrito ante la Comisión de Libertad Condicional respectiva, durante los primeros cinco días de los meses de abril y octubre, según corresponda.
Además, dicha comisión podrá oír en audiencia a la víctima o a sus representantes, por fundamentos especialmente calificados, ya sea en atención a la gravedad de los hechos por los que la persona postulante fue condenada o por su calidad de reincidente.
En lo que respecta a los condenados solicitantes de libertad condicional, si una vez les fue rechazado el beneficio, la respectiva Comisión de Libertad Condicional deberá fundamentar de manera expresa, en caso de su concesión, el cambio de circunstancias por el cual el beneficio amerita otorgamiento.
En ese sentido, también se busca una protección de la víctima y seguimiento constante de a quien se le otorgue la libertad condicional. Según expresa el proyecto de ley, “la persona condenada deberá firmar un compromiso de no realizar acciones de amedrentamiento u hostigamiento en contra de la víctima”.
En el caso de que la víctima considere que se ha incumplido dicho compromiso, podrá comunicarlo al tribunal a cargo de la ejecución de la pena las acciones que ha realizado la persona condenada.
Respecto a lo anterior, la diputada Joanna Pérez (Demócratas), señaló que, si bien hay elementos de mejora, las modificaciones propuestas por el Senado deben ser verificadas debido a que, amparadas en lo referido a la inserción social, eliminan avances planteados por la Cámara de Diputados y Diputadas. “Una de esas es la rebaja de la calificación de buena conducta desde 6 bimestres, que planteó la Cámara, a 4 bimestres que propone el Senado”.
Asimismo, fue aguda en indicar a la situación en que quedarían las víctimas una vez otorgadas la libertad condicional del condenado. “Es necesario que el Ejecutivo explique a la Cámara cuál es el motivo de la consagración de este derecho y cómo podría afectar la sensación de indefensión de las personas que han sido víctimas de delitos, especialmente los de gran connotación social”.
“Sin dudas el proyecto tiene elementos de mejora, pero también hay muchos que plantean dudas y que deberemos revisar muy cuidadosamente para proteger a las personas que son víctimas de delitos y entender a la Libertad Condicional como lo que es: un beneficio y no un derecho”, dijo Pérez.
Por su parte, el diputado Ecologista Verde, Félix González, manifestó que “siempre lo óptimo es que nadie tenga libertad condicional si es un peligro para la sociedad, o en este caso para las víctimas. Por eso es importante que, a la hora de otorgarlas, se haga escuchando a todas las partes y se tome una decisión teniendo todos los antecedentes”.
“Esperamos que esto ayude a mejorar la toma de decisiones y mejorar también la calidad de vida de las víctimas que pudieran, evidentemente, ser sometidas a riesgos si se otorgan estas libertades a personas que no merecen tenerla”, dijo González.
La diputada Flor Weisse (UDI), a pesar de valorar la modificación que busca informar a las víctimas una vez los condenados soliciten la libertad condicional, dijo que “la propuesta debe ser analizada con más detención, ya que es importante resguardar, proteger y evitar impactos negativos en la víctima. Es perfectamente posible, que esa situación genere una afección en las emociones e incluso una amenaza que pueda llegar a coartar la libertad de circulación”.
“Desde el punto de vista formal en casos que haya una nueva solicitud de libertad condicional, y la anterior ya haya sido rechazada, la comisión de libertad condicional, tendrá una labor adicional que es fundar qué es lo que cambió, lo que me parece adecuado, para evitar situaciones que finalmente, concedan la libertad sin fundamentos”, dijo Weisse.
Por otro lado, la diputada María Candelaria Acevedo (PC), comentó que no es un proyecto fácil de analizar, debido a que son varios elementos a tener en consideración. Sin embargo, expresó que ciertas modificaciones podrían “ir en contra del principio de reinserción, dado que al avisar a la víctima se da una estigmatización de quien cometió un delito en algún punto de su vida”.