Desde el órgano contralor indicaron que hay 1.200 líneas de investigación a nivel nacional, y que no habrá valor mínimo ni máximo a indagar desde 2021.
La Contraloría General de la República comenzó una auditoría nacional inédita a todas las transferencias directas realizadas desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y según fuentes del caso, también se incluirán a los Gobiernos Regionales y, eventualmente, al Ministerio de Desarrollo Social. Esto, desde 2021 a la fecha.
Además, el ente contralor indicó que se realizarán acciones de fiscalización en otros servicios debido a las presentaciones realizadas por parlamentarios y ciudadanos, y que también se desarrollará un análisis de datos masivos de la institución.
Las auditorías en sí contemplarán áreas como asignaciones directas, rendición de gastos, ejecución presupuestaría, otorgantes, receptores, entre otros aspectos. En ese sentido, Contraloría se encuentra trabajando en 1.200 líneas de investigación.
En virtud de la acción fiscalizadora que comenzó Contraloría, el diputado Eric Aedo (DC) indicó que es una medida positiva. “Es fundamental que la Contraloría intervenga para esclarecer y transparentar todo de una vez y no seguir de a goteo. Acá se ha descubierto una forma de saqueo al Estado y se debe parar de raíz”.
Además, el diputado Aedo señaló que el verso “sin monto”, significa que desde ahora todo tendrá que ser más estricto y “en la Cámara de Diputados, ya estamos analizando normas de control más estrictas para la próxima ley de presupuesto. Acá se ha defraudado la confianza de la ciudadanía, se ha abusado de la peor forma de los recursos públicos, en consecuencia, tiene que haber cambios”.
Lo anterior es debido a la norma que determina los montos en unidades tributarias mensuales (UTM) que están sujetas a toma de razón por el órgano contralor. Al menos en el Biobío, un contrato entre un ente estatal y una organización civil debe ser superior a 15 mil UTM. Esto quiere decir que, en el caso de que dicha institución realice un trato directo por menor cantidad de recursos, Contraloría no realiza un acto fiscalizador previo al traspaso de dineros.
Tomando el caso del Gore del Biobío, que ha estado en el centro de la polémica por realizar una asignación directa por $274.449 millones a la Corporación ONG RedCultivarte de Coronel. En este caso, sí existió toma de razón por Contraloría respecto de la modificación presupuestaria al Gore que realiza la Subdere, que es previo a la transferencia de recursos a la entidad coronelina. Pero, lo que no hay es un control del órgano fiscalizador a la transferencia de recursos hacia la ONG, específicamente del convenio o acuerdo entre las partes, debido a que dicho monto corresponde a 4.333 UTM y el mínimo para que la Contraloría intervenga en ese acto específico debe ser mayor a $949.890 millones (15 mil UTM).
En el caso en donde se ve involucrado el Serviu Biobío por traspasos de $128 millones a la fundación Urbanismo Social ocurre lo mismo, debido a que el monto transferido corresponde a 2.021 UTM, muy lejos de las 15 mil.
Al respecto, la diputada María Candelaria Acevedo (PC), indicó que “más allá de discutir sobre el monto del cual debamos preocuparnos, si es mínimo o no, lo relevante es que podamos fortalecer los mecanismos de fiscalización del Estado y con esto no tener que vernos enfrentados en un futuro a situaciones como las que estamos viviendo”.
Agregó que “acá hay que investigar y despejar toda duda. En ese sentido, me parece sumamente necesario que se adopten todas las medidas tanto administrativas, como judiciales, con tal de conocer la verdad en el llamado caso fundaciones y las implicancias del mismo”.
Por otro lado, y en relación al caso antes mencionado que involucra al Gobierno Regional, desde la misma institución enviaron una carta a la Fiscalía Regional, organismo que comenzó por cuenta propia dos investigaciones por traspasos de fondos públicos en los casos: del Serviu Biobío con Urbanismo Social, y del Gore con RedCultivarte.
En ese sentido, en el mensaje emitido y firmado por el gobernador regional subrogante, Iván Valenzuela, se expresa que “por medio del presente vengo a poner en vuestra disposición, set de documentos y antecedentes que dicen relación con la investigación que el Ministerio Público ha decidido iniciar”.
Continúa por decir que “reitero a Ud. toda nuestra disposición para que la Fiscalía pueda llevar a cabo todas las diligencias investigativas que estime necesarias, para lo cual solicito coordinarlas a través de la coordinadora (s) de la Unidad Jurídica, Srta. Karen Flores Águila”.
Al respecto, Flores señaló que “le hemos manifestado a la fiscal nuestro compromiso y máxima disposición para que el Ministerio Público pueda llevar adelante las diligencias investigativas que estime necesarias”.
Ahora bien, debido a la misma situación en que se encuentra el Gore, surgió la duda de si es que los gobernadores y gobernadoras deben informar, o ser fiscalizados, en todo mecanismo de traspaso de dineros, ya que las asignaciones directas son facultades exclusivas de estos.
Lo anterior se refiere a que, según el decreto 24 del Ministerio del Interior y la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), normativa que actualizó los procedimientos y requerimientos para que los Gore asignaran recursos como medida descentralizadora, se explica que el gobernador solo debe informar al Consejo Regional, tanto para su aprobación como no, de inversiones sobre las 7 mil UTM, o sea sobre los $443 millones de pesos. El caso con RedCultivarte solo corresponde a $274 millones.
En el escenario de informar dichas asignaciones que van bajo las 7 mil UTM, el mismo decreto explica en su capítulo tercero, artículo 17, que el gobernador deberá hacerlo trimestralmente al Consejo Regional con aquellas inversiones inferiores a siete mil unidades tributarias mensuales que haya aprobado.
En ese sentido, las suspicacias recaen en que este intervalo de dinero que no requiere informe previo, y permitiría desviar la lupa fiscalizadora tanto de Contraloría como del Ministerio Público.
En efecto, se les consultó a dos senadores si es necesario legislar para que todos los montos, sin mínimo ni máximo, sean esclarecidos sobre a quiénes y por qué se les entregará, antes del traspaso.
Al respecto, el senador Gastón Saavedra (PS), señaló que “se hace necesario tener un control más exhaustivo en el traspaso de recursos que son de discreción de los gobernadores y gobernadoras del país. Por lo tanto, esta debiera ser modificada (norma del decreto 23), no nos parece”.
“Está claro que, a la luz de los hechos que están ocurriendo, hay que regularla y, evidentemente, no podrá continuar esta facultad de los gobernadores sin que pase por el control del Consejo y Contraloría”, agregó.
Por su parte, el senador Enrique Van Rysselberghe (UDI), indicó que “dentro de las recomendaciones que realizará la comisión de probidad que formó el presidente habrá alguna relativa a los montos que sean objeto de asignaciones directas en todos los servicios públicos del país”.
“Sin embargo, creo que una medida de este tipo debe tener en consideración el efectivo balance entre control y oportunidad de la inversión que se necesita, de manera de evitar que el necesario y exigente control administrativo de un proyecto no implique un retraso por burocracia excesiva que habilite su ejecución”, concluyó.