Congresistas del Biobío valoran creación de Comisión para la Probidad

Para los parlamentarios y parlamentaria consultados esto trata de una señal política, pero advierten que faltan facultades de investigación.

Congresistas del Biobío se refirieron a la nueva Comisión de Expertos para la Probidad y la Transparencia que fue presentada por el Presidente de la República, Gabriel Boric, y que busca hacer frente a hechos de corrupción o mal actuar político, luego de que se destaparan los casos de tratos directos entre fundaciones y el Estado.

El grupo técnico, que estará compuesto por cinco especialistas de diferentes áreas, y que abordará la relación entre las organizaciones privadas sin fines de lucro y el Estado, según informó el Gobierno, operará sobre los principios de transparencia, efectividad, eficiencia y rendición de cuentas.

Evaluación parlamentaria

Para el diputado Eric Aedo (DC), es una buena iniciativa la creación de este grupo técnico que ayudará a regular el cómo se entregan los recursos a las fundaciones. Sin embargo, señaló que esto no se soluciona solo con el trabajo de la comisión.

“Acá el Gobierno tiene que tomar decisiones respecto a los funcionarios de su administración que constituyeron estas verdaderas asociaciones ilícitas. Es necesario que esos funcionarios salgan del gobierno, porque mientras eso no ocurra, el ruido se va a mantener”, dijo Aedo en relación a los antecedentes que han surgido en las regiones de El Maule, Los Lagos y el Biobío.

En esa misma línea, la diputada Flor Weisse (UDI) indicó que es una señal política y que no va a solucionar el problema de fondo. “Lo que estamos viviendo es una crisis que afecta y daña la fe pública y que en algunos casos hay irregularidades manifiestas, que deben ser investigadas”.

“Una comisión sin facultades de investigación y de sanción efectiva es sólo una manifestación de la gravedad del tema. Esperemos que puedan sesionar en regiones”, dijo Weisse.

Y es que, según se explica en los objetivos que tendrá esta Comisión por la Probidad, no hay referencia alguna a un enfoque de investigación profunda sobre situaciones de sospecha en el traspaso de recursos, sino que únicamente se centrará en generar propuestas para robustecer la alianza Estado y organizaciones sin fines de lucro.

Aunque cabe destacar que ya hay investigaciones en curso por parte de Contraloría, Fiscalías y los ministerios que vieron involucradas sus secretarías ministeriales para esclarecer posibles actos de corrupción.

En ese sentido, el senador Gastón Saavedra (PS), señaló que “se hace necesario corregir las formas, el fondo, pero al mismo tiempo regular todo lo que son sus articulados de su personalidad jurídica, y con ello, que se haga una regulación eficiente, efectiva, de parte de un organismo público que nos garantice probidad, transparencia y que sea confiable este modelo público-privado”.

De igual forma, el senador Enrique Van Rysselberghe (UDI) explicó que, si bien la idea de generar esta comisión permitirá revisar las actuales normativas y protocolos relacionados con la transparencia y el buen uso de las arcas fiscales, “tal como señaló el presidente del Senado hoy en su cuenta pública, el mal uso de recursos públicos ya está actualmente sancionado por la ley”.

“La persecución de los eventuales delitos relacionados a estos casos de traspaso de dineros fiscales a fundaciones está cubierta y sólo queda esperar la investigación de la fiscalía y el pronunciamiento de los tribunales”, dijo Van Rysselberghe.

Comisión para la Probidad y Transparencia

La instancia será compuesta por Ramiro Mendoza, Jeannette Von Wolfersdoff, Ignacio Irarrázaval, Francisco Agüero y María Jaraquemada, quien la presidirá. Y según indicó el Gobierno, el equipo trabajará ad honorem, sin goce de sueldo, y funcionará al alero del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, departamento que prestará apoyo administrativo.

En sus objetivos generales, la comisión tendrá la misión de hacer propuestas en un plazo máximo de 45 días sobre cómo mejorar la relación entre las fundaciones de la sociedad civil y el Estado.