Luego de que se destapara el caso de la fundación “Democracia Viva”, entidad que firmó un convenio con la seremi de Vivienda de Antofagasta por hasta $426 millones de pesos, y donde resultó que quienes consensuaron el trato eran militantes de Revolución Democrática (RD), las luces fiscalizadoras por casos de corrupción se encendieron en la Región del Biobío.

Es así que, durante los últimos días, el foco de cuestionamientos se volcaron hacia la delegada presidencial del Biobío, Daniela Dresdner, debido a que antes de su actual cargo se desempeñó como encargada regional de proyectos de la Fundación Urbanismo Social, organización que firmó un trato directo con el Serviu por aproximadamente $148 millones de pesos, los que estaban destinados a asesorar legalmente a 712 personas afectadas por los incendios forestales.

Lo anterior, encendió una alerta debido a que el ex jefe de Gabinete de la delegada Dresdner, Vicente Guzmán, fue director regional de Urbanismo Social, y ahora es el encargado regional de campamentos en el Serviu.

En ese sentido, diversos parlamentarios y autoridades políticas de la región señalaron que era necesario investigar y aclarar la situación, a través de oficios o mediante la prensa, imputando un posible tráfico de influencias.

Al respecto, Diario Concepción sostuvo una conversación con la delegada presidencial, Daniela Dresdner.

-¿Qué balance tiene de la situación?

Tengo dos balances. El primero, es uno que tiene que ver con los temas de corrupción, tráfico de influencias, nepotismo, donde creo que cuando tenemos casos donde la ciudadanía ha perdido la confianza en las autoridades (…) y efectivamente existen estas dudas y estas sospechas, siempre, lo que corresponde, es generar la más total y absoluta transparencia de los procesos. No creo que eso sea algo negativo, pienso que es positivo que a las instituciones y a las autoridades se les pida transparencia, se les pida que muestren todas las cosas y que también se cuestionen: qué está pasando, por qué está pasando. Eso implica una ciudadanía despierta, que quiere saber. Es algo positivo también que nosotros pongamos a disposición todo lo que se ha hecho a través del Gobierno.

Por otro lado, siento que esto se ha prestado como a una caza de brujas como para hacer noticias, y creo que es lo que está pasando acá en la Región del Biobío. Acá no tenemos ninguna información certera de vinculación con ninguna autoridad con las organizaciones que se han adjudicado los distintos procesos.Sin embargo, se está tratando de buscar cosas como de que ‘una vez trabajó ahí, hizo alguna cosa para esa organización’ y ya eso se toma como una vinculación. Más que sea real tiene que ver con una persecución, unas ganas de sacar provecho político de esta situación. Y creo que ahí, cuando pasamos a eso, se empieza a empantanar.

Quiero separar lo de la Región con lo que pasa en Antofagasta, porque lo que inició en Antofagasta es correcto, tanto la investigación como así la desvinculación de las autoridades que estaban involucradas en eso. Está correcto. Pero acá en la Región no tenemos eso, no existe ninguna vinculación de autoridades con la organización, y, sin embargo, se está intentando levantar de igual manera.

-¿Ha recibido llamadas de alguna autoridad de Gobierno para solicitar información o que le haya dado luces en relación a lo que debe hacer?

Tenemos comunicación constante con las autoridades nacionales. Lo que ha ocurrido es que se ha traspasado toda la información de lo que está pasando, todas las razones. (…) Además, le pedimos al Ministerio de Vivienda y Urbanismo un informe detallado no solo del trato directo con la fundación Urbanismo Social, sino que de los otros tratos que han existido, y no solo directos, sino también licitaciones, para ver cuáles se han adjudicado, para poder tener una imagen completa de lo que ha pasado y que todo se ha haya hecho bajo la norma, porque insisto, revisar esto es correcto.

-Si usted hubiera sabido de este trato directo, cuando se estaba haciendo, apropósito de los incendios forestales, con Urbanismo Social, ¿lo hubiera evitado?

La verdad es que yo no sabía de ese trato directo hasta ahora que salió en las noticias, y tuve que preguntarle al Serviu y al Ministerio de qué se trataba, cuál era la información para que pudieran entregármela. Pero lo cierto es que cuando estábamos en el proceso de incendios forestales, (…)
Necesitábamos llegar a las personas con las soluciones, y con el marco legal que nos entrega el Estado de Catástrofe en el que estábamos, nosotros buscábamos poder llegar lo más rápido posible.

Sin embargo, se tomaron algunas medidas precautorias, porque se pidieron cotizaciones a tres entidades, al menos, para poder tener la comparación y no hacer el trato directo clásico que es elegir una y entregar el proyecto. Entonces se tomaron algunos resguardos.

.¿Pero habría tratado de evitarlo? Tomando en cuenta que es una fundación que desde el 2014 mantiene una relación con el Estado, pero está la vinculación de Vicente Guzmán, su ex jefe de Gabinete que hoy está en Serviu, y quien estando al tanto de la gestación de este trato directo, podría haber dado aviso de un posible conflicto de interés, independiente de que él no estaba administrativamente conectado…

No. Además, Vicente Guzmán a principio de año generó una inhabilitación propia, a través de un oficio, de todas las cosas que tuvieran que ver con Urbanismo Social justamente porque él había trabajado en la fundación y había sido director de la misma. Entonces, él generó esta inhabilitación hace muchos meses, previo a los incendios forestales.

Sin embargo, no me gusta hacer política-ficción, no sé qué hubiese pasado si es que yo hubiese sabido, si es que me hubiesen dicho, si es que hubiese pensado que… Porque además no tengo ninguna relación con Urbanismo Social, no lo veo de esa manera.

-Tomando en cuenta la investigación que se realizará para analizar este trato directo como otros ¿Cuándo debería haber resultados en relación a ello?

Son cosas distintas. Lo que nosotros hemos hecho es pedirle a la Seremi de Vivienda que nos entregue información y que levante toda información que tenga respecto de los distintos tratos que ha habido, no solo fundaciones, también con empresas, y hacia atrás, incluso antes de este Gobierno, para así tener una imagen muy clara de cuáles son las entidades vinculadas.

Adicionalmente a eso, se ha pedido, en distintas instancias, que se generen informes respecto de esto, y eso nosotros también lo haremos con todas las Seremis, en relación a todos los tratos que se han hecho en los incendios (…), pero también los acuerdos que tienen hacia atrás con distintas fundaciones y empresas.

Es una pega que no va a hacer tan automática porque es harta información que estamos pidiendo a las Seremis, pero también responden a poder entregar esta información transparente a la ciudadanía, al Congreso que también lo está pidiendo y al Ministerio.

-¿Usted considera que se cometió un error?

Corresponde investigar, siempre. Cuando hay dudas, corresponde investigar siempre. Y si es que se descubre que efectivamente hay un error, que hay un proceso que no sea correcto, corresponde castigar a quienes resulten responsables.

Para poder saber si es que hubo o no un error, tenemos que tener toda la información sobre la mesa, en detalle, no solo los titulares. Por eso mismo, la estoy pidiendo.

-Apropósito de la publicación de Ex-Ante que habla de su vinculación como directora de Democracia Viva ¿Podría explicarla?

A eso me refiero con el aprovechamiento político, esa nota de Ex Ante saca un titular donde, aparentemente, yo estoy muy vinculada a Democracia Viva y fui directora de ella, pero después la nota uno la lee y la nota dice que yo nunca fui directora. Y esa es la realidad, yo nunca fui directora de Democracia Viva.

Efectivamente en algún momento me invitaron a ser directora, pero finalmente yo decliné por razones laborales. (…) Entonces, nunca estuve en la inscripción de la fundación, nunca estuvo mi firma, nunca fui ni ejercí como directora de la fundación Democracia Viva.

-¿Y pidió sacar su nombre de esa fundación ya que salía en la inscripción?
O sea, es que apareció (mi nombre) en un papel porque me habían ofrecido estar, pero en el momento de la inscripción definitiva. (…) Solo estuvo la intención de quienes crearon la fundación de incorporarme como directora, pero yo finalmente decliné.

-¿Qué le diría a la ciudadanía?

La ciudadanía tiene que ser una consciente, y tiene que estar muy atenta a las distintas cosas que hay, pero que también estos no son discursos lineales, y que hay intereses políticos, económicos y un montón de intereses que se juegan en estas discusiones en general. O sea ¿Por qué ir detrás de todas las fundaciones? ¿Por qué atacar Pro Cultura? Que tiene contratos también con distintas instituciones del Estado y que lleva trabajando por muchos años. Eso es algo que hay que analizarlo con profundidad.

Lo segundo, es que todas las autoridades tenemos que estar siempre y constantemente disponibles a que nos investiguen, a que se revisen las cosas que hacemos, se revisen los contactos que podemos tener, las influencias, porque pasó mucho tiempo en que este país no lo hizo, mucho rato en que fue bastante ciego a ese tipo de cosas, y ahora la ciudadanía ya no está ciega a eso, está preocupada de aquello. Insisto, eso es positivo, eso es algo bueno.

Pero, desde luego, que no debemos dejar que se aproveche políticamente eso para ganar más votos en un lado, para tener más votos en el otro, sino que se haga con el sentido profundo de tener mayor democracia, y por eso lo decía en una cuña anterior hacia los parlamentarios que ahora están tan interesados en el tema contra la corrupción. Bueno, que pasen las leyes que están esperando en el Parlamento para poder controlar la corrupción.