Congresistas señalaron que el proyecto de ley va en la dirección correcta a un problema que ha venido enfrentando el país en el último tiempo. La iniciativa perteneciente al “Fast Track”, ahora será analizada por las Comisiones de Seguridad Pública y de Constitución de la Cámara Alta.
Dentro de las materias de ley y trabajos legislativos pertenecientes al Fast Track, la gran agenda legislativa que comprende 31 proyectos en materia de seguridad y que busca endurecer el carácter punitivo del Estado contra quienes delinquen, se encuentra el proyecto de ley que pretende mejorar la persecución penal en casos de reincidencia y los delitos de mayor connotación social.
En ese sentido, el Senado aprobó con 38 votos a favor y cuatro abstenciones la idea de legislar la iniciativa, la cual, según informaciones de la Cámara Alta, pasará a la Comisión de Seguridad Pública para ser estudiada y luego a la Comisión de Constitución por un plazo de 15 días máximo.
El proyecto de ley fue iniciado en moción por los senadores Felipe Kast (Evópoli), Luciano Cruz Coke (Evópoli), Manuel José Ossandón (RN), y las senadoras Luz Ebensperger (UDI) y Ximena Rincón (Independiente), en enero del presente año.
Y según expresa el Boletín N° 15.661-07, su objetivo se enfoca en que, ante el “aumento objetivo de la inseguridad ciudadana y la actividad criminal, medido a través de encuestas de victimización -realizadas por Fundación Paz Ciudadana-, hace necesario y urgente plantear una reforma integral del sistema penal que, sin alterar las bases de nuestro exitoso sistema procesal penal acusatorio, recoja los avances de la investigación empírica en la materia y las propuestas de mejoramiento que se han venido ofreciendo para afrontar dicho fenómeno”.
Lo anterior, y en base a lo escrito en la moción, hace referencia al fenómeno de aumento y agravación de la actividad criminal que se ha visto reflejado en delitos de homicidio, lesiones contra personas, narcotráfico, criminalidad organizada y contra la propiedad de toda especie.
En ese sentido, y en relación a la información estadística del Ministerio Público y Ministerio del Interior sobre hechos delictuales, y a lo que la Dirección Nacional de Orden y Seguridad de Carabineros de Chile define como delitos de mayor connotación social (Dmcs), el proyecto de ley fundamenta que, durante el 2019 se cometieron poco más de 550 mil Dmcs, lo que se traduce en un aumento del 11% en comparación al 2005; en relación al mismo año, los mayores aumentos porcentuales se aprecian en robos de vehículos (91%), los robos por sorpresa (62%) y los delitos sexuales (52%).
Y en lo referido a la reincidencia, el documento de moción expresa que la probabilidad de condena para los Dmcs es muy baja, cosa que puede influir en la sensación generalizada de inseguridad ciudadana e impunidad delictual. De esa forma, los parlamentarios originadores del proyecto de ley, y en base a los registros policiales, mediante una tabla gráfica que compara la probabilidad de condena en diversos actos delictuales entre el 2015-2019, constataron que de cada “100 casos policiales relacionados a robos, solo 12 de ellos recibe una sentencia condenatoria; en el caso de los robos no violentos, solo 6 de cada 100 de ellos recibe condena; los hurtos -en promedio- solamente 10 de cada 100”. Esto, en suma, resume que la probabilidad de que un delincuente reciba un castigo efectivo por alguno de dichos ilícitos no alcanza el 15%.
A lo anterior, se suma el hecho de que los Dmcs son cometidos por reincidentes. Aquello en base a datos recopilados por Carabineros de Chile, y lo expuesto en la moción, los que dicen que, en 2018, de un total de “106 mil 662 detenciones por comisión de Dmcs, 61 mil 958 fueron cometidos por reincidentes -considerados como tales quienes ya hubiesen entrado en contacto formal con el sistema punitivo desde el año 2014 en adelante-, equivalente a 58.1% del total, mientras que en 2019 dicha cifra llegó a 64.407, equivalente a 59% del total”.
En ese sentido, y como argumento simiente los datos presentados, el proyecto de ley busca generar modificaciones al Código Penal, y entre todos los ajustes propuesto, aspira añadir un efecto especial para la agravante de reincidencia, el cual se vería reflejado en el nuevo Artículo 65 para el Código Penal el cual dice que: “Dentro del grado o grados designados por la ley, el tribunal individualizará la pena tomando en cuenta el número y entidad de las circunstancias atenuantes y agravantes concurrentes, así como la mayor o menor extensión del mal causado para fijar la cuantía precisa de la pena a imponer, fundamentándolo en la sentencia”.
En cambio, el actual Artículo 65 del Código Penal dice que “cuando la ley señala una sola pena indivisible, la aplicará el tribunal sin consideración a las circunstancias agravantes que concurran en el hecho. Pero si hay dos o más circunstancias atenuantes y no concurre ninguna agravante, podrá aplicar la pena inmediatamente inferior en uno o dos grados”.
Por tanto, en el nuevo artículo se busca que, desde un principio, a cualquier individuo que cometa un delito, se le considere la cantidad y entidad de las circunstancias agravantes del hecho.
Dentro de otros artículos a modificar, se encuentra el N°25 del Código Penal, el cual dice que “las penas temporales mayores duran de cinco años y un día a veinte años, y las temporales menores de sesenta y un días a cinco años”. Según lo propuesto por el proyecto de ley, se pide modificar dicho artículo en el sentido de que aquellas penas temporales menores no sean de sesenta y un días a cinco años, sino de “un año a cinco años”.
En relación al proyecto de ley, el senador de la República, Sebastián Keitel (Evópoli), señaló que “es un buen proyecto que nos permitirá combatir el alza en la delincuencia que sufre nuestro país, impidiendo que sigamos con un sistema viciado”. Además, en relación a la “puerta giratoria”, dijo que “es justamente lo que busca, ya que toda persona que cometa un delito va a tener la oportunidad de obtener salidas alternativas solo la primera vez. En cambio, todos aquellos que reincidan y que cometan un delito por segunda vez, van a tener cárcel efectiva por un año. (…) Lo que necesitamos es ponerle candado a la puerta giratoria y para eso, hay que avanzar con penas de cárcel efectiva”.
En esa misma línea, el senador, Enrique Van Rysselberghe (UDI), acotó que “consideramos que el objetivo de este proyecto representa un avance en materia de persecución penal para casos de reincidencia, sin perjuicio de las precisiones que puedan hacerse en la discusión en particular. Sin embargo, y en atención a la grave crisis de seguridad que afecta al país, consideramos fundamental avanzar en este proyecto de ley”.
Sobre qué indicaciones deberían presentarse al proyecto, Van Rysselberghe comentó que en el proceso de estudio que realizó la Comisión de Seguridad, diversas autoridades afirmaron que el proyecte debe ser perfeccionado en su tramitación, “atendido que modifica una serie de normas sustantivas contenidas en el Código Penal, como también procedimentales, que inciden en una gama amplia de materias”.
El senador, Gastón Saavedra (PS), comentó que el proyecto en sí está apuntando a una de las situaciones que el Estado no ha podido resolver, producto del aumento explosivo de la reincidencia. “Por tanto, hay que endurecer lo que son las sanciones y, al mismo tiempo, esto sí va a llevar a que el sistema carcelario lo hay que revisar, y si hay que hacer inversiones en esto, es necesario y ha llegado el tiempo de hacerlo”.
Sin embargo, señaló que esto debe ir de la mano con una fórmula de reinserción efectivo, ya que “usted puede cumplir la pena, pero ¿Qué pasa después? ¿Se reinserta socialmente? ¿Tiene los elementos para la reinserción? ¿La sociedad va a permitir eso? Entonces, son situaciones que hay que resolver y están más allá de las mejoras que puedan hacerse en el Código Penal”