Son variadas las miradas que han surgido respecto a la situación que vive el Sistema de Salud Privado del país. En ese sentido, congresistas del Biobío señalaron por un lado que se debe pagar la deuda, pero, probablemente, esto traiga la caída de las Isapres.
Las Comisiones de Constitución y Salud del Senado comenzaron el análisis de la “Ley Corta de Isapres” ingresada por el Gobierno, la cual busca implementar lo dictado por la Corte Suprema en su fallo hacia las Instituciones de Salud Previsional (Isapre), con la devolución de más de 1 billón de pesos por parte de las Isapres a sus afiliados, debido a los cobros en exceso por tablas de factores.
Desde la Cámara Alta informaron que, según lo explicado por la ministra de Salud, Ximena Aguilera, el proyecto propone un plazo de seis meses a las Isapres para desarrollar un plan de pago de los montos que deberán restituir.
Posterior a aquello, la estrategia de devolución será analizada por una comisión experta y luego aprobada o rechazada por la Superintendencia de Salud.
Debido a la magnitud tanto política, monetaria y judicial de la situación, según las últimas informaciones, la Corte Suprema accedió a la solicitud de la Superintendencia de Salud para ampliar el plazo del cumplimiento del fallo, tomando en cuenta que el plazo original concluía este 30 de mayo.
Por años la tabla de factores -tabla que establece los criterios para el cobro de los planes- de las Isapres, fue diseñada y aumentaba o disminuía el costo de sus planes en base a edad y sexo de los afiliados.
En 2010, el Tribunal Constitucional (TC), señaló que aquella discriminación por sexo y edad era arbitraria por la forma en que estaba regulada la ley. Incluso, en la sentencia del TC para “decidir sobre la constitucionalidad del artículo 38 TER de la Ley de Isapres”, en el artículo I, inciso 6, se declara que “las normas del artículo 38 ter de la ley N°18.933 que permiten incrementar los precios base de los contratos de salud por la vía de aplicarles factores de riesgo independientes de la voluntad de los sujetos asegurados (como son el sexo y la edad), (…) vulneran ostensiblemente las garantías constitucionales consagradas en los numerales 2°, 9° y 18° del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental y, por ello, el vicio de inconstitucionalidad afecta al mencionado artículo en toda su extensión”.
Sin embargo, no hubo respuesta por parte de las Isapres y al no haber norma que regulara lo dicho, continuaron con la dinámica de cobro habitual. Hasta que, en 2019, la Superintendencia de Salud diseñó una tabla única que debía aplicarse para todos los afiliados a Isapres, la cual disminuye la brecha entre hombres y mujeres, disminuyó y limitó la cantidad de tramos de edad, busca ser homogénea y mitigar los cambios de precio según cumplen años los afiliados, entre otros beneficios.
De esa forma, la Corte Suprema, en su fallo del 2022, la validó y ordenó aplicarla incluyendo a los contratos establecidos antes del 2019, lo que derivó en una implementación real y adecuación de esta tabla, como también la obligación hacia las Isapres de devolver más $1,1 billón de pesos, lo que serían US$1.400 millones, entre 725 mil 878 beneficiarios.
En ese sentido, la Comisión de Constitución y de Salud del Senado sesiona en pos de agilizar el despacho al plenario de la “Ley corta de Isapres”. Al respecto, el presidente de la Comisión de Salud, Juan Luis Castro, señaló que “tenemos que escuchar a todos los sectores porque se trata de que se cumpla el fallo y que el sistema de Isapres sea viable financieramente para cumplir esa sentencia, pero al mismo tiempo con los requerimientos y facultades nuevas que se le da a la superintendencia”.
Además, en el proyecto de ley ingresado por el Ejecutivo a través del Senado, el cual refiere al Boletín N°15.896-11, se expresa que “crea un nuevo modelo de atención en el FONASA, otorga facultades y atribuciones a la Superintendencia de Salud y modifica normas relativas a las instituciones de salud provisional”.
El senador de la República, Gastón Saavedra (PS), señaló que “es acertado lo que ha hecho el Gobierno al enviar al Congreso un proyecto de ley corta que lo que busca es dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema por parte de las Isapres, y pagar esta deuda que tiene con los usuarios”.
Respecto del comunicado de prensa publicado por la Asociación de Isapres de Chile, el cual dice que “el proyecto es un engaño y fuerza una falla sistémica en el acceso en el acceso a la salud de todos los chilenos”, Saavedra explicó que “es la opinión que tienen las Isapres que intentan instalar comunicacionalmente su estrategia en el país en que acá hay una persecución por parte del Gobierno que busca hacerlas desaparecer, y eso, no es así. (…) El tema de la discusión acerca de la modernización del Sistema de Salud es otra materia, es otro proyecto, en donde tenemos que llevar a cabo las materias para poder legislar”.
En sí, el senador Gastón Saavedra dijo que la “Ley Corta de Isapres” busca “respetar el Estado de Derecho, el cual está establecido por la Constitución y las leyes del país, y, por tanto, quienes son dueños de las Isapres, tienen que regirse a esto”.
Por su parte, el diputado, Eric Aedo (DC), dijo que “obviamente que las Isapres deben devolver lo que cobraron de manera inadecuada, en eso no hay ningún parlamentario que vaya a defender algo distinto. Deben devolver lo que cobraron de manera ilegal, porque así lo dice la Corte Suprema”. Sin embargo, sembró la preocupación por una posible caída de las Isapres.
Sobre la situación que acontece al Sistema Privado de Salud del país, el senador de la República, Enrique Van Rysselberghe (UDI), comentó que “desde el fallo de la Corte Suprema, todo el mundo entendió que existía un conflicto con el sistema de salud privado en la forma en que se cobraban los planes de salud a sus afiliados y había también se había instalado la idea de que una forma de solucionar esto era por medio de una reforma legal, que lamentablemente, no aborda este problema de fondo”.
“Las Isapres hoy tiene un conflicto y es que no existe claridad y transparencia en el método de cálculo que utilizan para calcular el valor de los planes de sus afiliados y eso, en parte, es una responsabilidad de esa industria y también del ente público que debe fiscalizarlo, que es la superintendencia de Salud. Sin embargo, creo que ese conflicto que hoy existe se está utilizando como excusa para buscar la eliminación del sistema privado de salud”, dijo Van Rysselberghe.
Sobre lo anterior, el diputado Eric Aedo señaló que, si bien las Isapres deben pagar la deuda, la ley, como lo dice su nombre, queda muy corta para resolver el problema. “Así como está el proyecto hoy, no hace viable en el futuro la existencia de un sistema privado de salud que conviva con el Sistema Público de Salud. Deja en la indefensión a 3 millones de chilenos y chilenas que son parte del sistema privado de salud”.
“Algo distinto es que este proyecto debe permitir la coexistencia o la existencia de un sistema de salud privado que logre que los contratos de salud entre las partes -entidades de salud y los usuarios y beneficiarios-, tengan este carácter conmutativo, que exista un precio adecuado por ese plan de salud. Eso es lo que se busca, y eso no está asegurado en esta ley corta y si no lo está, esto se hace inviable en el futuro. Ese es el principal escollo que tiene este proyecto”, dijo Aedo.