Según actores locales un o una representante de la máxima autoridad del país a nivel regional, cumpliría las mismas funciones que un delegado presidencial. Además, indican que este nuevo capítulo, no contiene ningún cambio significativo para la descentralización del Estado.
Por Sebastián Rojas Guerstein
La Comisión Experta, uno de las tres instancias establecidas para desarrollar el proceso constitucional, presentó una nueva iniciativa de norma constitucional que corresponde al capítulo 6 del anteproyecto de la propuesta para la nueva Carta Magna, titulado como “Gobierno y Administración Regional y Local”.
Dicho texto se enfoca en establecer una mayor descentralización institucional en lo que respecta a la labor de los Gobiernos Locales (municipalidades), Gobiernos Regionales y Delegación Presidencial. En particular, es en estos dos últimos organismos donde se ha generado una reformulación que remite a una de las promesas de campaña del Presidente Gabriel Boric, respecto de la eliminación del cargo de Delegado Presidencial en regiones.
Sin embargo, en la propuesta de la comisión de expertos se mantiene, no bajo ese mismo nombre, sino que como “representante”.
En ese sentido, la investigadora de CreaSur, Jeanne Simon, quien es parte del programa de la UdeC que investiga el desarrollo de los territorios, comentó que esta nueva iniciativa constitucional “es un vaso medio lleno, pero también medio vacío”.
“Por un lado se ponen muchos de los principios que estaban considerados en la propuesta constitucional anterior, pero está medio vacío porque no se considera una serie de posibilidades en relación a lo que se puede hacer en el mismo territorio desde el Gobierno Regional”, explicó Simon.
De esa forma, cabe preguntarse lo siguiente: ¿Qué pasará con los delegados presidenciales?
En la última campaña presidencial, en la cual resultó victorioso el actual Presidente Boric, fue él mismo quien, en su calidad de candidato del pacto Apruebo Dignidad, declaró en la Cumbre de Gobernadores Regionales realizada en San Pedro de la Paz que eliminaría la figura de los delegados presidenciales si es que salía electo, explicando que son “un obstáculo”, decisión que ha sostenido durante su mandato.
Su compromiso respondería a la experiencia que vivió en la Región de Magallanes en 2011, cuando los ciudadanos magallánicos se movilizaron por el aumento del precio del gas y, según dijo, el representante presidencial de la zona “solo sirvió para apoyar la posición del Ejecutivo”, el cual era presidido en aquel entonces por el expresidente Sebastián Piñera.
En ese sentido, resulta de interés el artículo 21 del capítulo 6 del anteproyecto de la nueva Constitución, el cual se denomina como: “Desconcentración de la Administración del Estado” y, en reemplazo de la figura del delegado presidencial, le sustituye por el de “representantes del Presidente de la República”.
En su forma textual, el artículo define que: “Existirán representantes del Presidente de la República en las diversas regiones y provincias, que serán designados por este, cuyas atribuciones serán determinadas por la ley institucional. El representante (…) ejercerá la coordinación, supervigilancia y fiscalización de los organismos públicos creados por ley para el cumplimiento de las funciones administrativas que dependan o se relacionen con el Presidente”.
Tras un análisis, la investigadora de CreaSur, Jeanne Simon, explicó que “en relación a la figura de ‘delegado presidencial’, se mantiene”.
Agregó que “lo más interesante es que, en el tema de seguridad, que es tan importante actualmente, queda en manos de la delegación del Presidente en la Región de manera desconcentrada, con responsabilidad de coordinar y fiscalizar con el Gobierno Regional; mientras que este último, tiene un enfoque más económico, social, cultural, etc”.
Al respecto, Simon añadió que “ahora, como sabemos, vemos tanto aquí en la Región del Biobío como en la Región Metropolitana, que los mismos Gobiernos Regionales tienen más recursos disponibles y han dedicado muchos recursos para ir aportando hacia mayor seguridad en sus regiones. Mientras que la Delegación Presidencial, no tiene tanta capacidad de garantizar la seguridad”.
Sobre la propuesta, la consejera regional, Tania Concha (PC), explicó que “realmente me sorprende, pero también de alguna manera me deja bastante paralizada la propuesta de los expertos respecto al tema, porque en definitiva, por un lado, abre la puerta a nuevas atribuciones para los Gobiernos Regionales, pero por otro lado deja todo tal cual”.
“Habrá un representante del o la presidenta en las regiones que va a tener que resguardar o vincularse con las secretarias ministeriales como se ha hecho hasta ahora. Entonces, nuevamente vamos a tener las disputas regionales respecto a quién realmente puede definir sobre ciertas temáticas”, dijo la consejera regional, Tania Concha.
El analista del Observatorio Corbiobio y ex constituyente, Andrés Cruz, también se refirió a esta nueva denominación de “representante” del Presidente de la República como lo mismo que un delegado presidencial. “Este enlace, sea cual sea la denominación que se le dé, va a cumplir las funciones de delegado presidencial”.
“Es un asunto al que hay que estar atento, y yo por lo menos, lo cuestiono y lo lamento. Creo que, eventualmente, en el debate que se dé por parte de los consejeros constitucionales que serán elegidos democráticamente, espero que esto cambie”, añadió el ex constituyente, Andrés Cruz.
Además, el analista de Corbiobio, hizo un hincapié en que “hay que recordar que entre quienes forman parte de la comisión experta, no hay representación significativa de regiones. Prácticamente todos quienes están redactando esto son individuos que viven en Santiago y, por lo tanto, no tienen la sensibilidad ni viven las falencias ni complicaciones de lo que significa vivir en los territorios que componen las provincias. Creo que repercute en la redacción que está en la propuesta”.
Estos organismos son, según actualización a la fecha del artículo 111 de la Constitución Política de la República de Chile de 1980, la administración superior de cada región y tendrán por objeto el desarrollo social, cultural y económico de la región.
Según lo dispuesto en el artículo 9 del apartado “Gobierno Regional” del capítulo recientemente presentado por el Comité de Expertos, “el gobierno regional es una persona jurídica de derecho público y con patrimonio propio, que tiene por objeto el desarrollo económico, social y cultural de la región, y cuenta con autonomía administrativa y financiera para el ejercicio de sus competencias”.
Sin embargo, a pesar de la “autonomía administrativa y financiera para el ejercicio de sus competencias”, para la analista Jeanne Simon, el panorama no cambia mucho. “A pesar que menciona que son gobiernos autónomos, tanto Gobierno Regional como Gobierno Local, conceptualiza el proceso de descentralización como un proceso y, realmente, no se visibiliza una diferencia importante con lo que se existe actualmente”.
De la misma forma, el ex constituyente Andrés Cruz, aseguró que “es una versión extremadamente más morigerada de lo que se propuso por parte de la Convención Constitucional, en la propuesta que fue rechazada, y la verdad es que no avanza en un proceso de descentralización distinto al actualmente vigente”.