Delegada presidencial, Daniela Dresdner, aclara posición del ejecutivo. Buscan eliminar la legítima defensa privilegiada, que aseguran reviste un peligro de extrema preocupación. Incorporaron modificación para que el tema sea visto por la justicia militar que es la que debe regular el uso de la fuerza.
Se incrementó el interés por desarrollar la Ley Naín Retamal luego del atropello al carabinero Alex Salazar, que falleció a consecuencia de las lesiones, proyecto que ya se aprobó en la Cámara de Diputados.
Ante esto el Gobierno precisó que les molesta la legítima defensa privilegiada, es decir, el uso del arma de fuego que el efectivo policial puede realizar al sentirse en riesgo, sin tener consecuencias y que les entrega más facilidades para el uso del arma de fuego.
La delegada presidencial, Daniela Dresdner, afirmó que hay muchas caricaturas respecto al Gobierno, pues se asegura que no les interesa la migración, pero han logrado reducir en 54,5% la llegada de los migrantes, cosa que no había ocurrido antes. También, según dijo, se cree que al Gobierno no le interesa la economía, pero durante el primer año se dio un superávit fiscal.
“Dentro de esas caricaturas está que no nos interesa la seguridad. Sin embargo, hemos subido los recursos a Carabineros en 4,4% en el presupuesto de este año. Hemos entregado herramientas que no tenían antes, recuperación de autos que estaban sin ocupar. Ha bajado el delito concretamente, empezamos a combatir el crimen organizado y además, subió la aprobación de los Carabineros durante nuestro Gobierno”, aseguró.
La delegada regional aseveró que hay caricaturas injustas, específicamente, en el proceso de este proyecto. “Hay una cosa importante de este proyecto y es que en una sociedad democrática no puede ser aceptable el homicidio de Rita Olivares o Alex Salazar. Son cosas inaceptables”, y agregó que tampoco pueden admitir las violaciones a los derechos humanos, que sabemos que han ocurrido en nuestro país hace 50 años y también hace 4 años. Cualquiera que condene uno de estos hechos, pero justifique el otro es una persona autoritaria y cualquier ley que haga eso mismo es una ley autoritaria. Ese es el punto que el Gobierno está tratando de levantar, que es la protección de la democracia de nuestro país. No es sólo la opinión nuestra, sino también la de organizaciones internacionales como la ONU. Esa es la discusión que hay, que apunta a la modificaciones que el Gobierno ha ingresado al proyecto Naín Retamal”.
– ¿Cuáles son las modificaciones que el Gobierno está planteando al proyecto de Ley?
Carabineros cuando utiliza su arma de fuego. Este es el punto central de la discusión y es que no puede pasar por encima de los derechos de los ciudadanos.
– ¿En qué están de acuerdo?
En varias cosas respecto de lo que se plantea, por ejemplo, que en este momento muchos casos donde Carabineros u otras fuerzas utilizan armas de fuego pasan inmediatamente a ser suspendidos, se les retira su remuneración y reciben un trato de imputados en el sistema judicial. Eso es algo que claramente requiere revisión. Acá se propone que reciban el trato de testigo o víctima, a menos que la investigación compruebe que deben recibir otro trato, eso algo que nos parece bien.
Nosotros incorporamos una modificación para que este tema no esté asociado al código penal, sino al de justifica militar, que es donde están las reglas del uso de la fuerzas, ahí es donde esto debería estar consignado, que tiene que ver con el entendimiento de la ley.
Además todo lo relacionadas con la restricción de los beneficios carcelarios para personas que generen a la Fuerzas Armadas, Carabineros y policías en general lesiones graves, lesiones gravísimas, mutilaciones u homicidio. Esto quiere decir que, básicamente, no pueden acceder a otra cosa que no sea la prisión preventiva, y con eso también estamos sumamente de acuerdo.
Pero no estamos de acuerdo con la libertad que otorga la legítima defensa privilegiada, que pasaba por encima de los derechos de la persona en la forma en la que se había planteado en la Cámara de Diputados porque reviste un peligro de extremada preocupación.
– Por qué es de extrema preocupación para el Gobierno lo que puede ocurrir con la legítima defensa privilegiada, en el entendido que hay un sector que dice que Carabineros está desprotegido en situaciones en que está en peligro su vida y se le otorga la defensa privilegiada, según el nuevo proyecto, para abordar esas situaciones. ¿cuál es el pero central?
Existe la opinión de la de la ONU respecto de esto y tiene que ver con el otro lado, que es la protección de los derechos humanos. Vivimos en un país donde los derechos humanos se han visto violentados de alguna forma. Por lo tanto es algo que no nos puede salir de la mente cuando legislamos.
Claramente es inaceptable que asesinen a las fuerzas policiales del país, pero también es inaceptable que se violen los derechos humanos. Ese es el equilibrio que debemos encontrar en la legislación y es de eso de lo que se trata esta discusión de la defensa privilegiada.
Estamos hablando de proteger a Carabineros, a la Policía de Investigaciones y Gendarmería, pero sin desproteger a la ciudadanía.
– ¿El asesinato del carabinero en la zona, que fue atropellado, se habría evitado si hubiera estado en vigencia la ley Naín con esta parte del proyecto que habla de la legítima defensa privilegiada?
Es difícil saber, pero por los relatos de Carabineros, que tienen que ver con la utilización de las armas, con qué es lo que les pasa a ellos luego que las utilizan en legítima defensa. Creo que el proyecto Naín Retamal abarca no sólo los temas de defensa privilegiada, sino también en cuál es el trato que ellos reciben luego de utilizar el arma.
Esto tiene que ver con las reformas a los procesos judiciales que son extremadamente relevantes: que no exista un suspensión automática, sino un sumario administrativo respecto de qué fue lo que ocurrió; que no exista la calidad de imputado a menos que la investigación nos diga que hay una mala utilización de la fuerza y que más bien está en calidad de testigo o víctima. Todas esas son cosas que entregan certezas en el cumplimiento del trabajo real y certero, además de la protección de la vida de los Carabineros y las personas que están protegiendo.
– Aquí hay dos posiciones, una enfocada a aprobar el proyecto como está y otra del Gobierno, incluidos los parlamentarios que lo apoyan, que buscan modificarlo. Sin embargo también está postura de Carabineros que pide más facultades y, al parecer, satisface el requerimiento. ¿Qué cree usted que sucederá si se aprueba tal como está? ¿Puede generarse algún tipo de veto si no se resuelve su posición?
Hemos tenido avances en Carabineros, tanto en las capacidades de para combatir el delito con artículos tecnológicos y materiales, como también en los resultados de leyes relacionadas al crimen organizado. Tenemos una muy buena relación con Carabineros en el avance del combate de la delincuencia, que es algo que nos preocupa que transversalmente a todas las personas en nuestra sociedad.
No pongo en duda esa relación en ningún caso, como salga esta ley, porque hemos trabajado constantemente y apuntamos hacia el mismo objetivo.
Por otro lado, decir, que tenemos normas democráticas en nuestro país y lo que nosotros estamos proponiendo apunta a proteger a los Carabineros, a las policías en general, a entregar mejores herramientas, pero sin cruzar la línea de desproteger a la ciudadanía.
Creo en la democracia de nuestro país y también en la racionalidad de las discusiones parlamentarias, que van a llegar a un mejor punto respecto de esta discusión, que no es menor, sino extremadamente importante.
Este proceso debe seguir su curso. Nosotros hemos puesto las indicaciones que nos parecen razonables y espero que la discusión también pueda considerar aquello.
– Por último, han mantenido contacto con la familia del carabinero fallecido, quienes protestaron el fin de semana por su asesinato. Hay una persona detenida que acusa agresiones en la cárcel. ¿Cómo ha sido el proceso posterior al fallecimiento del carabinero?
La muerte del suboficial mayor Salazar es una noticia que nos pegó fuerte a todos en la Región. Estuve, tanto en la ceremonia de la Escuela de Carabineros como en la ceremonia oficial de su funeral en Cañete. He estado en varias ocasiones en presencia de la esposa del suboficial mayor, estuvo la ministra del Interior con ella.
Adicionalmente hemos puesto a disposición de la familia a los equipos del centro de apoyo a víctimas, ofreciéndoles toda la ayuda que requieran. Se pone a disposición la institucionalidad del Estado por ejemplo para entregar apoyo psicológico, legal, si es que lo quisieran tomar y, también otros beneficios a las víctimas.
De todas maneras, no puedo decir nada con respecto a la frustración de las víctimas, de la familia, porque es algo que se entiende, ante algo tan terrible como lo que ocurrió (…) Sólo decir que efectivamente como Gobierno nos interesa profundamente solucionar el problema que se ha levantado respecto a estos homicidios porque nos parece que en una sociedad democrática no pueden existir este tipo de acciones y nosotros queremos, sobre todo, resguardar que siga siendo una sociedad democrática.