“Como siempre lo he hecho, cumpliendo con las funciones que me entrega el ser diputada. Al haber sido nombrada en esta comisión, estudiaré los méritos. Lo único que tengo en conocimiento, hasta ahora, es que se trata de una acusación de 360 páginas. No sé de dónde salió tanta imaginación, pero lo revisaré y lo haremos con transparencia. Espero la acusación tenga fundamentos, sino será rechazada como corresponde”.

La cita inicial es de la diputada del Distrito 21, Clara Sagardía (Indep. pro CS), una de las integrantes de la comisión investigadora que analizará la viabilidad de la acusación constitucional que el Partido Republicano presentó en contra el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson.

Cabe precisar, que el argumento central de la acusación “es el abuso de autoridad y de poder reflejado en un ministro de Estado que, por su cercanía con el Presidente y aparente inamovilidad, traspasó los límites de su propia autoridad, vulnerando la Constitución y las leyes”.

Lo anterior, tras la salida de la ahora ex seremi de Desarrollo Social metropolitana, Patricia Hidalgo, quien acusó presiones para renunciar a su cargo. El Gobierno respondió asegurando que la salida de Hidalgo se debió a que ella no denunció un caso de presunta violación en un centro de atención a personas en situación de calle.

En medio de este escenario, otros representante del Región, ya han manifestado su postura al respecto, como la diputada independiente (ex RN), Francesca Muñoz. La parlamentaria apuntó, no obstante, a un tema de gestión.

“Los distintos gobiernos anteriores han puesto esfuerzos en aprobar leyes que ya están implementándose, otras que están en camino, como es el ministerio de la Familia, la subsecretaría de la Niñez, la Defensoría de la Niñez y Mejor Niñez. En ese contexto, a este Gobierno le corresponde implementar las leyes y ahí es donde nosotros percibimos que sí hay méritos, en el sentido de que éstas no se han implementado, no se ha protegido la infancia como corresponde”, sostuvo Muñoz.