Reporte elaborado por el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) detalló que fueron las zonas extremas, como Arica y Parinacota, y Magallanes quienes obtuvieron una mejor inversión en la materia.
Malas noticias entregó al Biobío el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) tras posicionarlo como una de las zonas con menor inversión en infraestructura pública por habitante.
La cifra llega tras un análisis realizado por la entidad, a las cifras destinadas por el gobierno central en los últimos 12 años y que busca entregar antecedentes que permitan optimizar la distribución de los recursos y generar un diálogo sobre las prioridades de la inversión regional.
En dicho período, 2010-2021, se invirtió un total de US$65.000 millones, con un promedio anual de US$5.400 millones, mientras que en los últimos tres años sumó $18.575,2 millones.
El estudio incluye la inversión en infraestructura pública, entendiendo por ésta a todas las obras civiles y su equipamiento que permita entregar algún servicio de uso público a los habitantes del país, como, por ejemplo, carreteras, hospitales, aeropuertos, escuelas o plazas, no considerando aquellas que son de uso privado, como lo son los subsidios a la vivienda u otros similares.
Este reporte además se concentra exclusivamente en la inversión del gobierno central que es posible regionalizar. Para ello se utilizó información pública disponible de la Contraloría General de la República (CGR) y de la Dirección de Planeamiento (Dirplan) del Ministerio de Obras Públicas. “La información no es tan completa y detallada como sería deseable ya que hay varios ministerios para los que no se dispone de datos que muestren su inversión por región. Con todo, es posible llegar a regionalizar un 86,4% de la inversión del gobierno central”, explica el director ejecutivo del CPI, Carlos Cruz.
“Hay señales bastantes equivocas y la inversión por persona en el Biobío es de $215 mil al año en promedio. Si uno considera que se invierte de acuerdo a un cierto promedio por persona, es una hipótesis que no tiene respaldo”, insistió Cruz.
El ex titular de Transporte concluyó que “se está invirtiendo más en las regiones donde hay mas personas, lo que deriva en que más personas quieran vivir en esos lugares porque hay mejores servicios, y eso no ayuda a la descentralización, y nos lleva a un loop que hay que mirar con cuidado”.
Las instituciones que sí tienen regionalizada su inversión y, por lo tanto, que formaron parte del reporte son los ministerios del Interior (separado de Subdere), Salud, Vivienda, Obras Públicas, además se considera de manera separada Subdere (por su importancia relativa) y el Tesoro Público. Así, quedan fuera los demás ministerios y la inversión que realizan las empresas públicas, como el Metro y EFE. Tampoco se incluyó las obras a través del sistema de concesiones ni la inversión privada.
En este sentido, agregó que un criterio que consigna consenso es que la inversión pública a futuro se dirija a las regiones con mayores índices de pobreza con el objetivo de reducirlos.