Con esperanzas renovadas por el nuevo Plan de Búsqueda y ad portas de cumplirse 50 años del Golpe de Estado, distintas organizaciones enfatizaron en la necesidad de educar a la comunidad sobre la importancia del respeto a las personas y al deber del Estado de proteger esos derechos.
Este sábado se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos. Una fecha establecida a nivel mundial para recordar la importancia de respetar y promover el respecto de un estándar básico, de un piso mínimo de normas que buscan proteger a las personas solo por ser seres humanos.
Pero antes de analizar cuál es la realidad en la zona en torno a estos derechos, vale la pena preguntarse ¿a qué nos referimos cuando hablamos de derechos humanos? ¿cuáles son esos derechos que están garantizados?
Y la respuesta a esas preguntas las entrega Naciones Unidas que define a los derechos humanos como “los derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición”.
Así entonces, se agrega que “entre los derechos humanos se incluyen el derecho a la vida y a la libertad; a no estar sometido ni a esclavitud ni a torturas; a la libertad de opinión y de expresión; a la educación y al trabajo, entre otros muchos. Estos derechos corresponden a todas las personas, sin discriminación alguna”, indica el organismo.
Así, a la hora del balance de la situación en este ámbito a nivel local, la directora regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos (Indh), Carolina Chang, aseveró que hay varios aspectos donde existen claros conflictos que no están resueltos.
“Tenemos varias situaciones de Derechos Humanos que dicen relación con la crisis social, donde han pasado tres años ya y no tenemos medidas fuertes de reparación y por otra parte también las acciones judiciales están bastante retrasadas”, indicó Chang.
La abogada agregó en su análisis que “también tenemos situaciones en el conflicto Estado- Pueblo Mapuche, tenemos problemas carcelarios y una serie de situaciones de vulneración que afectan a la ciudadanía en materias de Salud y en otros ámbitos”, describió la representante de Indh.
Por ello, desde alguna de las organizaciones que se dedican a la promoción de los derechos humanos, también ven deudas en este ámbito, en especial en las vinculadas a las víctimas de la dictadura cívico-militar, donde ven falta de un esfuerzo del Estado por educar en este plano, como expresó Gastón Salazar, dirigente de una de las agrupaciones que reúne a beneficiarios del Programa de Reparación y Atención Integral en Salud y Derechos Humanos (Prais) en Talcahuano y Hualpén.
“El negacionismo que ha imperado últimamente de parte de la derecha política y económica también ha perjudicado. Hay poca difusión del quehacer del Instituto mismo que no se le da el espacio que corresponde, en los establecimientos educacionales también hay deuda, porque no todos tienen sus programas, la incorporación como ramo de los derechos humanos es muy importante para ir cerrando las brechas, porque estos derechos son para todos y de todos” .
Una de las iniciativas que hace años espera para poder concretarse en la zona, es el Museo de la Memoria, proyecto que está a la espera de poder superar una serie de dificultades, en particular con su financiamiento y superar las etapas administrativas propias de cualquier iniciativa financiada por el Estado.
En la actualidad, según Gabriel Reyes, secretario de la Corporación Regional por la Memoria y los Derechos Humanos, los recursos ya habrían sido comprometidos por el Gobierno Regional y se está a la espera de obtener nuevamente el visto bueno desde el ministerio de Desarrollo Social, para avanzar en su materialización.
En este contexto el dirigente, también afirmó que existen varios pendientes que abordar.
“Nosotros hemos estado este año particularmente interesados en la nueva propuesta que ha hecho el gobierno, en el sentido de la búsqueda de los familiares de detenidos desaparecidos, el compromiso que tiene de mejorar todas las posibilidades de búsqueda a través del plan de búsqueda que anunció el gobierno, nosotros mismos estamos esperanzados en que se inicie la construcción del museo”, explicó.
Reyes añadió que “de eso estamos pendientes que a propósito de los 50 años del Golpe de Estado se produzca una explosión de información , respecto de lo que ocurrió en 1973, tal como ya ocurrió en los 40 años, donde aumentó mucho la información de lo que había ocurrido y esperamos que ahora puedan surgir algunos temas que han estado escondidos, como qué pasó con los exiliados, que pasó con los exonerados y temas pendientes como el mejoramiento de las pensiones de los beneficiados de la ley Valech”, precisó.
En esta conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos y a menos de un año que se cumpla medio siglo de Golpe de Estado, hay voces que estuvieron trabajando en plena dictadura buscando resguardar el derecho más básico que era la vida y en ese grupo estuvo Patricio Otárola, abogado que trabajó entre 1982 y 1990 en la Vicaría de la Solidaridad en Concepción, que dependía del Arzobispado penquista, y que funcionaba en una casona en calle Barros Arana, donde hoy está emplazado un edificio. Sobre ese periodo y el valor que hay que tener para defender a las personas en estos periodos, el jurista respondió que el miedo fue un compañero por años, pero que de todos modos se pudo seguir ejerciendo una labor, que era importante.
“Yo sentí temor. Todos mis compañeros de trabajo sentían temor como muchos, pero creo que fue una opción de humanidad, porque yo sin duda que tenía inquietudes políticas desde el colegio y participé en algunas juventudes políticas y no necesariamente de izquierda, pero frente la disyuntiva de dictadura y democracia y frente al horror de la violación a los derechos humanos, me sentí privilegiado que mi profesión como abogado, me permitiera ser útil a esta causa”.
Sobre su mirada del Chile actual y lo que se ha logrado avanzar y lo que no en materia de derechos humanos, Otárola entregó su visión.
“No estamos en deuda en cuanto a la estructura necesaria para la promoción y defensa. Estábamos en deuda por mucho tiempo en la dictadura y eso juicios todavía nos persiguen, hay mucha deuda pendiente en cuanto a los detenidos desaparecidos, pero hoy día existe la conciencia y la necesidad de investigar y sancionar. Así que yo creo que la deuda se generó por una mala justicia durante la dictadura, podría haber significado sin duda una suerte distinta de los 17 años que tuvimos de horror”, manifestó Otárola.
En tanto, desde la seremi de Justicia y Derechos Humanos, su titular Claudia Soto, recordó que la actual administración está trabajando en distintos ámbitos que incluyen niñez y adolescencia, personas privadas de libertad (donde hay visitas pendientes a distintos penales de la Región junto al Indh), prevención de la esclavitud y trata de blancas. Por lo tanto, existe una labor en distintas líneas que se busca reforzar y mostrar a la comunidad para ir educando a distintos niveles.
“Lo que se pretende desde la cartera de Justicia acá en la Región es transversalizar o la transversalización de los derechos humanos en todos los ámbitos y eso solo se consigue visibilizando y conscientizando a todos y todas. Igual es complejo porque se tiende a encasillar los derechos humanos con cierta época, con ciertas situaciones y eso va más allá, por ahí va nuestro trabajo”, cerró la autoridad.