Diversas reacciones generó la publicación de Diario Concepción referida a los antecedentes de la querella presentada por Carlos Grollmus, una de las víctimas más graves del ataque que afectó al Molino Grollmus en agosto pasado en Contulmo.

Y es que la acción judicial, presentada el pasado 15 de noviembre en el Juzgado de Garantía de Cañete, apunta a delitos que no habían sido mencionados en las tres querellas ya presentadas por la Delegación Presidencial, el Gobierno Regional; y Hellmut y Christian Grollmus.

Uno de estos delitos es el maltrato animal, el abogado Rafael Poblete explicó que esto se debe a que “a él no sólo le quitaron su pierna, sino que le mataron su mascota de dos años, un perro foxterrier. Esto lo hicieron frente a sus ojos, en un acto de crueldad animal inexplicable”.

Además, se menciona que durante la indagatoria podrían surgir otros nueve posibles delitos, entre los que se encuentran el desplazamiento forzado de personas, el incumplimiento de deberes militares y la denegación de auxilio.

Sobre lo último, el jurista explicó que “era nuestro deber pedir que se investigaran estos hechos, ya que a las víctimas les llama poderosamente la atención que una vez iniciado el ataque, y que se extendió por cerca de 40 minutos, y estando Contulmo a 3 kilómetros, Carabineros no llegó al lugar hasta el término del ataque, cuando podría haberlo hecho por los caminos interiores y la Armada no llegó al lugar. No es lógico que Carabineros se demore una hora en llegar a un lugar”.

Uno de los argumentos que utiliza la acción legal para justificar el carácter de terrorista de los hechos, son las declaraciones emitidas por el propio Presidente Gabriel Boric, en su gira a La Araucanía, donde reconoce que “ha habido actos de carácter terrorista. Un ejemplo, el ataque al molino Grollmus”.

Poblete comentó que “esto constituye una declaración extrajudicial expresa y espontánea del Presidente de la República, de la cual no podrá retractarse, este es un hecho muy parecido a lo ocurrido a la familia Luchsinger-Mackay”.

Reacciones

Entre los involucrados hubo diferentes respuestas ante la acción legal. El Jefe para la Defensa en el Bíobío, comodoro Daniel Muñoz, comentó que ha sostenido encuentros con la familia Grollmus y que ese hecho “es materia de investigación de la justicia. Mi tarea es brindar seguridad en la Provincia de Arauco y me reuní con la familia Grollmus. Tenemos un dispositivo adecuado para brindar seguridad en esa zona”.

Muñoz, eso sí, definió estos actos como “sorpresivos y nosotros abarcamos un área muy extensa en las provincias de Arauco y Biobío. Acá hay un trabajo mancomunado y es difícil llevar a cero los hechos de violencia”.

El jefe de la Octava Zona de Carabineros, general César Bobadilla, declinó referirse al tema, pues dijo desconocer el contenido de la querella. “Acabo de asumir el mando de la Octava Zona y desconozco el tema”, agregó.

Al momento del ataque, Bobadilla se desempeñaba como jefe de COP de la Macrozona Sur, de quien dependen los funcionarios de la Cuarta Comisaría de Los Álamos, quienes debieron brindar apoyo a los funcionarios de Contulmo.

Desde el gobierno, la delegada presidencial Daniela Dresdner insistió en que “se trata de un ataque terrible, un delito gravísimo y de una aberración brutal. Nos parece que hay que avanzar con todas las herramientas que tenemos para detener a los culpables. Todo es parte de la investigación y espero que existan resultados”.

A la vez que el gobernador Rodrigo Díaz apuntó a que “con esta ampliación a otros hechos como el desplazamiento forzoso de personas, yo creo que eso ocurre en Arauco, donde se ha quemado un tercio de las viviendas que existen en Quidico, eso habla de la movilización de las personas que habitan ahí por obligación”.