Tal y como lo había adelantado la ministra del Interior, Carolina Tohá, ante la comisión de Resguardo del Orden Público de la Cámara de Diputados, el Ejecutivo ingresó durante la tarde de ayer al Congreso el proyecto de ley que establece un periodo de 60 días para el Estado de Excepción Constitucional de Emergencia.

Actualmente, la medida rige a las provincias de Biobío y Arauco, además de la Región de La Araucanía, y de acuerdo a la legislación vigente se debe prorrogar cada 15 días. Justamente, esto es lo que busca evitar el Ejecutivo, pues la iniciativa no incluye reducción de derechos e irá a acompañado de informes periódicos para que tanto senadores, como diputados y diputadas puedan estar al tanto.

Será el Senado la primera cámara en pronunciarse, lo anterior, en medio del debate presupuestario para el próximo año.

“En principio, me parece una buena idea que el nuevo Estado de Excepción se prolongue por 60 días, siempre y cuando las restricciones a las garantías constitucionales de los ciudadanos sean limitadas y se entreguen nuevas herramientas legales y operativas a las fuerzas armadas y de orden público para actuar de manera efectiva contra los grupos terroristas que están actuando impunemente en la macrozona sur”, dijo el senador de la UDI, Enrique van Rysselberghe.

Tras el pronunciamiento del Senado, el proyecto debería pasar de inmediato a la Cámara de Diputados donde, como de costumbre, hay distintas miradas entre los representantes de la Región.

Los parlamentarios María Candelaria Acevedo (PC) y Félix González (PEV), quienes nunca han apoyado la implementación de la medida, manifestaron dudas en torno a la iniciativa.

“Hay dos aristas en cuanto a la idea de que los estados de excepción tengan una duración de 60 días. La primera que deja de lado una de sus características principales y que tienen relación con la excepcionalidad de la medida, transformando el mecanismo en algo más estable, que no me parece. Pero, en segundo lugar, creo que al tener la certeza de un plazo más extenso, es posible avanzar en una mejor planificación de la intervención a realizarse, profundizando el trabajo de inteligencia, y en definitiva, desmantelando las bandas organizadas que operan en el Wallmapu”, dijo la representante comunista.

En este último punto emplazó a los parlamentarios de la derecha para que “recapaciten y aprueben el presupuesto de seguridad, donde se destinan recursos importantes para ir en contra del crimen organizado”.

Agregó que junto con la extensión de los 60 días, esperaría avances en el Plan Buen Vivir.

El diputada ecologista fue más categórico: “los problemas relacionados con la seguridad, con la quema de maquinaria, son temas que se resuelven con investigación, con descubrir a los responsables, llevarlos a la justicia y conseguir las condenas, no con patrullajes de las Fuerzas Armadas en todos los caminos de la Región del Biobío. Me parece que es un exceso”.

Dijo que la iniciativa se relaciona “con personas que piensan que están ayudando, pero en realidad no lo están haciendo”.

Uno de los diputados que apoya la medida, es el representante del Distrito 20 y jefe de la bancada DC, Eric Aedo. “Me parece adecuada la extensión de 60 días, para que todo el tema de seguridad y vigilancia en el territorio por parte de las Fuerzas Armadas, sin esta tensión de los 15 días, de volver a discutir los mismo (…)”, sostuvo.

El representante de la Falange también ahondó en la necesidad de reponer el proyecto de Infraestructura Crítica y avanzar en la Ley de Usurpaciones “que duerme el sueño de los justos en el Senado”.