Mientras algunos representantes como Gastón Saavedra llamó a dejar atrás “viejos dogmas ideológicos de libre mercado”, diputados como el republicano Cristóbal Urruticoechea enfatizaron que con “una reforma estatista no hay diálogo posible”. La mayoría, no obstante, comentó que hay que analizar el proyecto con calma.
Finalmente, y en medio de una cadena nacional, el Presidente Gabriel Boric, dio a conocer una de las reformas más importantes para el gobierno, la de pensiones.
Se trata de una iniciativa estandarte para la actual administración, en particular, por los cuestionamientos que han surgido durante años en el conjunto de la sociedad, en iniciativas como “No Más AFP” u otras manifestadas durante estallido social de octubre en 2019.
Así, entre los anuncios efectuados por el Jefe de Estado se encuentra la creación de un Seguro Social con cargo al empleador, que llegará al 6%, que busca no solo mejorar las pensiones sino también cubrir las lagunas previsionales existentes.
Una vez conocida la propuesta de La Moneda, el despliegue de ministros para responder las principales dudas de la ciudadanía y los parlamentarios se gestó de forma inmediata, en particular en medios televisivos.
El punto de discordia y que genera mayores diferencias entre los congresistas, justamente, radica de dónde vendrá y a quién irá el 6%.
De hecho, consultados los 16 representantes de la Región en el Congreso, la mayoría manifestó dudas y enfatizó, que antes de entregar una opinión, debían revisar el proyecto. Aunque también hubo quienes dijeron que estar a favor de la iniciativa y otros que definitivamente cerraron la puerta a cualquier cambio.
Solo Sebastián Keitel (Evopoli) y Clara Sagardia (Indep. pro CS) no respondieron la consulta de este medio.
El senador del PS, Gastón Saavedra, fue uno de los que manifestó abiertamente su apoyo a la iniciativa. “La ciudadanía no nos perdonaría un nuevo fracaso en esta materia”, dijo el socialista.
De hecho, ante los primeros dudas surgidas desde la oposición, el socialista hizo un llamado “a la derecha a dejar atrás los viejos dogmas ideológicos del libre mercado aplicado a la previsión, impulsados el año ‘81 por José Piñera y la dictadura cívico militar”.
En opinión de Saavedra, este tipo de sistema “no da en ninguna parte del planeta”.
Comentó que factores a considerar son el pilar contributivo, el eje solidario (“financiado con impuestos, de ahí la importancia de aprobar la reforma tributaria”, dijo) y el seguro social, de dónde se desprende el polémico 6%.
Otro que manifestó partidario de la reforma, fue el jefe de bancada de la DC, Eric Aedo. “Miramos con optimismo esta reforma previsional, es imperioso para los trabajadores contar con esta reforma, que asegura buenas pensiones. En ella se incorporan principios que son vitales, como la libertad de elección y la solidaridad”, dijo.
María Candelaria Acevedo (PC), en tanto, calificó como “un gran cambio el que propone la reforma que ingresará el Gobierno, poniendo fin a las AFP, y lo que es más relevante mejora inmediatamente las pensiones de las personas. Su impacto será sumamente positivo para los miles de pensionados”.
Otro representante del Distrito 20, como Félix González (PEV), aseveró que “cualquier reforma tiene que ser sin las AFP, que a septiembre han tenido utilidades sobre los 300 millones de dólares, utilidades que si fuera un ente estatal podrían incluirse para aumentar las pensiones y, por lo tanto, debe haber un ente estatal que administre tanto la parte de cotización individual como la parte que corresponda a un fondo solidario”.
Y como está dicho, la mayoría prefirió no aventurar una posición. El senador de la UDI, Enrique van Rysselberghe, por ejemplo, dijo que estar de acuerdo con una reforma que pueda mejorar las pensiones, pero dijo que es difícil el diálogo cuando el Ejecutivo, en su opinión, no se hace cargo de un problema estructural. “No hay una propuesta para quienes no ahorran para su jubilación; ajustes en la edad de jubilación; bajo aporte al sistema solidario del estado; hay poca claridad de cómo el estado administrará el nuevo 6%”, argumentó.
La diputada Marlene Pérez (Indep. por UDI), dijo que la reforma “tiene aspectos positivos”, pero se manifestó en contra de “un sistema de reparto y hacer ‘solidaridad’ con el dinero de los trabajadores”.
Roberto Arroyo (PdG) comentó que “aún no tenemos nuestros votos comprometidos a favor o en contra, pero creemos que se debe replantear el destino del 6% adicional y hemos presentado una preocupación por el cálculo de la tasa de recambio, esto en sintonía con algunos expertos”.
Su colega de partido, Karen Medina, agregó que “espero revisar el profundidad la propuesta”, antes de entregar una opinión.
Francesca Muñoz (RN) consideró que “es de justicia que la ciudadanía elija dónde quiere ese 6% ya que los recursos son de los trabajadores y muchos no quieren que sus fondos vayan a sistema de reparto”.
También existen diputados que ya anunciaron su voto en contra. Uno de ellos es Cristóbal Urruticoechea (Rep). “Ocho millones de chilenos votaron rechazo, entre otras razones, porque querían que el Estado no les robara sus ahorros previsionales y lo primero que hace el gobierno, 60 días después del plebiscito, es presentar una Reforma Previsional que le roba el 6% adicional a millones de chilenos, para entregárselo al Estado”.
Agregó que “en esta reforma estatista no hay diálogo posible”.
Leonidas Romero (Indep. pro Rep), fue categórico. “La ministra del Trabajo al decir que este 6% va a un fondo solidario le falta el respeto a los trabajadores. Si esto se mantiene así, la votaré en contra”.
Sergio Bobadilla (UDI) consideró que “las pensiones deben mejorar, pero cuando se manifiesta que el 6% irá a un fondo común es una verdadera expropiación de los fondos previsionales, deben ser los trabajadores quienes definan a donde vayan esos dineros”.