Representantes del Distrito 21 sostienen que no es tiempo para modificar los plazos, sino que priorizar la operatividad de la medida que va en su décima renovación.
La aplicación del Estado de Excepción fue una medida resistida por La Moneda, pero con el correr de los meses, fue rindiendo sus frutos. Es por ello, que ahora el Ejecutivo baraja alternativas para que la renovación de la medida no se tenga que realizar cada 15 días en el Congreso y se puedan concretar estrategias y políticas públicas de largo plazo.
La idea que maneja La Moneda es concretar una reforma constitucional al actual Estado de Excepción, donde se garantice el derecho a reunión y a la libre circulación. Además, esta reforma incluye la renovación de la medida cada 60 días.
Lo anterior fue reafirmado por la ministra del Interior, Carolina Tohá, durante la discusión de la prórroga de la medida en el Senado. “El Ejecutivo está trabajando en una nueva modalidad del Estado de Excepción que no limite las garantías individuales y sea renovado cada 60 días”, manifestó.
La propuesta recién está siendo socializada con los parlamentarios de la coalición gobernante de las regiones que están bajo este estado y se espera que antes del cónclave que prepara La Moneda este en conocimiento del resto de los congresistas.
Desde la oposición, el senador del Maule, Rodrigo Galilea (RN), propuso mantener la medida tal como, eso sí, modificando su extensión a 60 días.
Entre los parlamentarios oficialistas de la Región, las opiniones están divididas. El senador Gastón Saavedra (PS) sostuvo que “es agobiante para el Gobierno y desgastante políticamente estar pidiendo prórrogas cada 15 días. La experiencia está indicando que sería altamente conveniente para el país, para el gobierno, para las zonas donde se establece esta determinación de excepción constitucional, que éste tuviera un periodo más largo”.
La diputada María Candelaria Acevedo (PC) comentó que “hay dos aristas que se deben analizar, una de ellas se debe a la excepcionalidad de la medida y transforma al mecanismo en algo más estable, y eso no me parece, pero también, existe la certeza de un plazo definido, permite avanzar en una mejor intervención y en un mejor desarrollo del Plan Buen Vivir en la zona”.
Su par Roberto Arroyo (PdG) opinó que “puede ser una buena idea, pero es lamentable que una medida que es excepcional, se normalice y convierta en algo permanente. Es como que las instituciones estuvieran enfermas y conectadas a un ventilador mecánico que se llama Estado de Excepción”.
En la oposición, más allá de los plazos, apuntaron a que hay otras prioridades con la medida.
Así, por ejemplo, la diputada por el Distrito 21, Flor Weisse (UDI) comentó que “debemos aplicar esta herramienta con mejor eficiencia, entregando mayor respaldo logístico y personal para abarcar todo el territorio. Pensar en temas administrativos no va en la prioridad correcta”.
La diputada Joanna Pérez (DC) consideró que el gobierno “aún no tiene claro qué quiere modificar”, y si bien dijo entender que haya partidos contrarios a militarizar el territorio, lamentó que tampoco exista un “trabajo integral del gobierno para la reactivación de la zona”.
A la vez que el diputado Cristóbal Urruticoechea (Rep) adelantó se opondrá a que exista algún cambio. “El Ejecutivo tiene la obligación de dar cuenta al Poder Legislativo de las decisiones que adopta para ayudar a los chilenos, que en el caso de este Gobierno no ha sido la tónica, pues desde que llegaron al poder la delincuencia y el terrorismo no han hecho más que aumentar”, opinó.