Instituto de DD.HH. realiza negativo balance a tres años del “estallido”

Existe escaso avance en formalizaciones de causas que están siendo investigadas. La entidad comentó que la pandemia influyó en el retraso de las causas, pero también en el falta de recursos humanos con que cuenta el Ministerio Público, donde solo un fiscal está dedicado al tema.

En el marco de la conmemoración de los tres años el inicio del denominado estallido social, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (Indh) realizó un balance de lo que ha ocurrido en el periodo en la Región, en cuanto a avances en investigaciones y reparación a las víctimas.

El balance, por cierto, no es positivo. Lo anterior, se explica revisando las cifras. Por ejemplo, respecto del estado de la causas presentadas por el Indh, solo existe una sentencia condenatoria que es el caso de Manuel Rebolledo, el joven de Talcahuano que fue atropellado por una patrulla de la Armada.

Por este hecho, como se recordará, el Tribunal Oral en lo Penal de Concepción condenó al infante de marina Leonardo Medina por el cuasidelito de homicidio y el Segundo Juzgado Civil de Concepción condenó al fisco a indemnizar a la familia de Rebolledo con $220 millones.

Por otro lado, también existe una condena absolutoria. Claro, el punto es que hay otras 223 causas sin personas formalizadas y 29 fueron archivadas o no se perseveró en la investigación.
Sobre el particular, la directora regional del Indh, Carolina Chang, comentó que “a tres años de la crisis social, lo que vemos es que si bien las causas han avanzado, en términos de investigación hay un retraso importante en materia de formalización y de judicialización de estas causas”.

Reconoció que la pandemia contribuyó en el retraso de las causas, sin embargo, también hay otro tipo de factores como “la alta carga de trabajo que tiene el fiscal especializado, donde la Fiscalía no ha puesto mayores recursos en términos de personal o más fiscales que pudieran colaborar en la tramitación de estas causas”.

De hecho, hay situaciones particulares donde ya se conocen a los imputados, incluso confesos, pero no se ha podido llegar a la formalización, pues existen pericias pendientes solicitadas por la Fiscalía. Es lo que ocurre con la causa del camarógrafo Alejandro Torres.

Según información del Instituto, el número total de víctimas de agentes del Estado son 295 y del total nueve sufrieron trauma ocular y cinco, agresión sexual.

“Hemos hecho seguimiento en términos de acompañar las acciones judiciales, toda vez que se tienen que hacer peritajes y declaraciones. También con el Programa Integral de Trauma Ocular (Piro), que hubo un tiempo en que estuvo bien complejo que pudiera funcionar (en la Región). Ahora está funcionando mejor”, comentó Chang.

Cabe precisar, además, que se han presentado 264 querellas; 116 por torturas y 137 por apremios ilegítimos.