Tras el triunfo del Rechazo en el Plebiscito de la Salida las negociaciones para la concreción de un nueva instancia redactora de una nueva carta fundamental, no han considerado la voz de la ciudadanía. Otras instancias, como la Asociación Nacional de Consejeros Regionales, también piden espacios.
A un mes y medio del triunfo de la opción Rechazo en el Plebiscito de Salida, el pasado 4 de septiembre, mucha agua ha corrido bajo el puente, y tal como lo manifestaban algunos representantes políticos días antes de la votación, en conversaciones de pasillo, efectivamente, el 5 de septiembre “el poder volvió al Congreso”.
Y es que solo han sido los partidos políticos con representación parlamentaria los que han tomado la posta de un nuevo proceso constitucional. Primero fue la oposición incorporando conceptos como “bordes”, que busca rayar la cancha en la que se podrán hacer los eventuales cambios a la Constitución. Luego, el oficialismo, es decir, Apruebo Dignidad, Socialismo Democrático y el propio Ejecutivo, junto a la DC, donde se alcanzaron algunos acuerdos.
De hecho, ayer continuaron las negociaciones con un propuesta que apunta a un organismo redactor que sea 100% electo, con 134 representantes (incluyendo 9 escaños reservados), un comité de expertos de no más de 30 personas, y un trabajo de seis meses.
Pero, en todo este trabajo previo, los grandes ausentes han sido las organizaciones sociales, la voz de la ciudadanía, la misma que se pronunció en masivas marchas en todo el país en las semanas siguientes al inicio del estallido social del 18 de octubre de 2019.
Consultados representantes del algunas organizaciones de la Región, hubo coincidencias sobre la preocupación que existe por la ausencia de voces ciudadanas en el proceso que derivó del triunfo del Rechazo.
Fabián Barría, representante del Movimiento por un Municipio Ciudadano para Concepción, comentó que es evidente la ausencia de sociedad civil, pero también lo centralizado del debate.
“Observamos como es la derecha, que estuvo escondida en el campaña del Rechazo, la que impone los términos de la negociación y tutelando un proceso que roza la desnaturalización como una instancia democrática. Nadie se refiere, por ejemplo, a la necesidad de una canal público que cubra el proceso o sobre la intensa pedagogía ciudadana que se debería desplegar, considerando como antecedente el proceso anterior”, dijo Barría.
El representante del la organización penquista aludió a “la tutela” de la derecha, ejemplificando, con la lógica de los bordes. Dijo, que si considera positivamente esta acción, es posible trabajar sobre pisos mínimos como la concepción de una República Democrática o el respeto irrestricto a los Derechos Humanos. Sin embargo, agregó, el concepto se ha desperfilado.
“Se está malentendiendo, porque básicamente estos bordes se están utilizando para determinar contenido en el nuevo texto, censurando a priori algunas materias que, por definición, son objeto de una auténtica disputa política e ideológica dentro de la democracia”, opinó.
Mario González, dirigente ambiental del Cabildo Autonomo Biobío-Andalién, opinó que es “importante que el nuevo proceso sea participativo, más allá de las conversaciones que hay del mundo político, eso no puede quedar solamente ahí. Debe existir una elección donde se elija a los convencionales”.
Junto con manifestar que, incluso, debería existir un Plebiscito de Entrada para que la ciudadanía legitime las negociaciones que llevan adelante los partidos, apuntó a cuatro ejes importante “que son las demandas sociales del estallido social: salud, educación, vivienda y pensiones. A ello, habría que agregar, los temas de descentralización y protección del medioambiente, que son fundamentales”.
González, al tiempo que consideró la necesidad de que quienes apoyaron la opción del Apruebo hagan una mea culpa y análisis de la derrota, dijo que así como se habla de una comisión expertos, se deben considerar a los dirigentes sociales “reales”.
“Creo que esa fue una falencia de la propuesta anterior de la Convención. Hubo muy pocos dirigentes sociales reales vinculados a la comunidad, tampoco hubo dirigentes sindicales.Los expertos no solo pueden ser abogados, sino también dirigente sociales, vecinales o sindicales, que tiene una expertis concreta”, enfatizó.
Una opinión similar tiene un grupo de organizaciones ambientales de la Región, las que sin embargo, desestimaron opinar para este artículo a la espera de emitir una declaración oficial en torno al tema.
Pero no solo las organizaciones sociales hablan de una proceso elitista y centralista. Los alcaldes, a través de la Asociación que los reúne, ya habían deslizado una críticas similar, y lo propio han manifestado los consejeros regionales a representantes del Senado.
Tania Concha, consejera regional del PC y directora de la Asociación Nacional de Consejeros Regionales (Ancore), comentó que “existe una monopolización de estos temas” por parte de los partidos y los parlamentarios que “se atribuyen el derecho de hablar por todos. Todo está muy centralizado”.
Concha, junto con manifestar que los consejeros regionales tienen una visión que debería ser incorporada en el proceso, dijo que “la propuesta se debería construir con actores que tengan algo que decir en determinados temas. Falta una ampliación hacia la ciudadanía y descentralizar”.