Fiscalía en tela de juicio tras debut de ley contra el robo de madera

Parlamentarios, Ejecutivo y gremios cuestionaron la determinación del Ministerio Público de imputar por un solo delito y solicitar medidas cautelares de baja intensidad a los tres detenidos.

Cuestionamientos desde distintos sectores hubo hacia el Ministerio Público este miércoles tras la resolución del Juzgado de Garantía de Curanilahue que dejó con medidas cautelares de baja intensidad a los primeros tres formalizados por la nueva ley de sustracción de madera.

Y es que la petición de la Fiscalía, cayó como un balde de aguar fría en el resto de los actores que pujan en la Provincia de Arauco por un coto al robo de madera y a las bandas de crimen organizado que se encuentran tras ella.

El fiscal (s) Luis Muñoz justificó la cautelar en los antecedentes existentes en la carpeta investigativa hasta ese minuto, incluso, la jueza Maruja Chávez, indicó en la propia audiencia que una cautelar más gravosa como la prisión preventiva “no cumple con la proporcionalidad que significa una privación de libertad, esto, teniendo en cuenta una prognosis de pena de los imputados”.

El abogado y académico de la UdeC, Álvaro Araya, explicó, en entrevista con TVU Noticias, que la nueva normativa “esta destinada al Ministerio Público que tendrá mejores herramientas para investigar, las que son especiales para este tipo de delito. A medida que estas investigaciones avancen, las cautelares podrían ser de mayor intensidad. El Ministerio Público debe educar a sus fiscales sobre esta nueva ley y acá pudo existir falta de coordinación sobre otras investigaciones”.

El Gobierno y Forestal Arauco apelarán a la decisión.

Mala señal

Desde el mundo político y gremial hubo diversos reproches al actuar del Ministerio Público, ya que se ponen en riesgo diversos elementos, entre ellos, la denuncia por parte de los habitantes del territorio.

El delegado en Arauco, Humberto Toro, indicó que “la ciudadanía quedó sorprendida ante la decisión, acá hay una ley que tipifica de manera distinta estos hechos, y deja a la ciudadanía muy complicada. Hemos pedido que se hagan las denuncias y se sorprenda en flagrancia, pero lo ocurrido el martes, hace que la persona que denuncia tenga temor y se sienta abandonada por la justicia”.

El alcalde de Lebu y presidente de Arauco 7, Cristian Peña, acusó que “tenemos un sistema extremadamente garantista que hace que las personas que se vean afectadas por los delitos no crean en la justicia, es necesario revisar nuestros procesos judiciales, porque algo esta fallando. Hay una falla en el sistema, desde la persecución de los delitos, y quienes sancionan, no lo hacen como deben. El robo de madera es un delito que genera muchas externalidades y provoca temor en los habitantes de la Provincia de Arauco”.

Desde la Corma, su presidente, Juan José Ugarte, tildó como una burla el dictamen. “Basta, esto es una burla para todos los chilenos. El gobierno y las policías han hecho su pega, los legisladores también. Pero, al momento de actuar, Tribunales y Fiscalía fallan de manera incomprensible, expandiendo la sensación de impunidad que existe en la zona”.

Hay ley

Desde el Congreso, los cuestionamientos a la decisión judicial también arreciaron, esta vez sobre la efectividad de la normativa.

La diputada del Distrito 21, Flor Weisse (UDI), dijo no comprender la decisión. “Estas señales solo se entregan impunidad y seguimos desesperanzados en la búsqueda de justicia en la Provincia de Arauco”.

Mientras que el diputado y presidente de la comisión contra el Robo de Madera, Eric Aedo (DC), apuntó a que “es la Fiscalía la que debe dar las respuestas, si están los antecedentes sobre esta persona, que está grabada apuntado a personas y no queda en prisión preventiva. O el Ministerio Público no se atreve a investigar a estas bandas de crimen organizado. Yo voy a pedir una reunión con la fiscal regional, Marcela Cartagena, para tener respuestas”.

El senador Gastón Saavedra (PS) consideró que “me parece sorpresiva esta determinación, se debe proteger a la población y acá hay un instrumento legal que se debe aplicar y que sirve para combatir el crimen organizado”.

Su par gremialista Enrique van Rysselberghe, opinó que “La Fiscalía debe dar una explicación clara y precisa sobre las razones que tuvo, los imputados circulaban con madera robada y guías de despacho falsas, dos figuras que la ley de robo de madera sanciona con cárcel, por lo que las medidas cautelares más intensas se justificaban plenamente”.