Gobernador regional, afirma tener la facultad de actuar invocando la Ley 18.314. En tanto, la Delegación Presidencial se querelló solo por delitos comunes en este caso.
Por Deyanira Encatrio Becerra
El gobierno regional del Biobío y la familia Grollmus, afectada por el ataque en Contulmo, presentarán en conjunto una querellará bajo Ley Antiterrorista, por los hechos ocurridos la semana pasada en la zona.
“Buscamos fortalecer aún más la titularidad de la acción penal y demostrar que el gobierno regional lo hace acompañando a una familia que ha sido directamente afectada por este atentado, que condenamos absolutamente” enfatizó el gobernador regional, Rodrigo Díaz, al anunciar la acción legal.
Respecto a los cuestionamientos surgidos en torno a si el Gore tiene la atribuciones para presentar querellas bajo esta ley, Díaz sostuvo que “la interpretación nuestra es que la tenemos, porque se trata de una acción que cumple con todos los requisitos para ser considerada como conducta terrorista y por lo tanto, perseguirla por esa ley. Esto lo decide un Tribunal de Justicia”, indicó.
En esa misma línea, el abogado Marcelo Villena, contratado por el gobierno regional para interponer la querella, había explicado días atrás, que el hecho acontecido en Contulmo es considerado terrorista, de acuerdo a la Ley 18.314, por “infundir temor en el población, imponer exigencias a la autoridad a través de la violencia y organizaciones que reivindican las acciones violentas”.
En tanto, el Gobierno también se querelló, y lo hizo contra quienes resulten responsables del ataque, pero invocando solo delitos comunes, no bajo la Ley de Seguridad del Estado, ni Ley Antiterrorista. Lo anterior, según detalló el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, porque ésta permite “rebaja de penas” a quien colabore con la justicia. Sin embargo, Díaz planteó que “nuestra impresión es que a las cosas se les debe llamar por su nombre”.
El lunes 29 de agosto, alrededor de las 18:30 hrs, encapuchados quemaron el Molino Grollmus de Contulmo, estructura con más de 100 años de antigüedad y consignado dentro del Plan Regulador Comunal como un Inmueble de Conservación Histórica, así como el Ecomuseo que se encuentra cercano a la estructura. Tras un ataque a tiros, 3 personas resultaron heridas, siendo una de ellas, Carlos Grollmus, de 79 años, dueño del inmueble, a quien le amputaron una pierna producto de la gravedad del hecho. En cuanto al inmueble, este no contaba con declaratoria de Monumento Nacional ni Zona Típica por parte del Consejo de Monumentos Nacionales.
El atentado incendiario, se lo adjudicó la organización Resistencia Mapuche Lafkenche (RML), mediante un comunicado donde señalaron que se trata de “una acción de respaldo a los presos políticos mapuche que permanecen en huelga de hambre en Arauco y Concepción exigiendo sus derechos carcelarios”. Por su parte, el representante del Gore señaló que “no creo que hayan presos políticos en Chile, lo que hay son presos por crímenes que se han cometido y sancionados en un proceso judicial”, concluyó Díaz.
Recordemos que la madrugada del domingo se produjo un ataque con explosivos a torres de alta tensión ubicadas en el sector La Chinita, en el kilómetro 4,2 del camino a Quilacoya, en la comuna de Hualqui. Según la fiscalía regional, se trató de una explosión a través de cuatro cargas de material de minería, de alta energía, tres de las cuales explotaron y produjeron el derribo de la torre, quedando una sin explotar, siendo precisamente esta última la que está siendo sometida a peritajes, buscando dar con los responsables del hecho.
Respecto a la querella por infracción a ley de control de armas interpuesta por la delegación presidencial, esta fue criticada para el alcalde de Hualqui, Jorge Contanzo “nos parece insuficiente, pues que, solo se ha invocado a la ley de control de armas y no la Ley de Seguridad del Estado, como hubiésemos querido, dado que esa tiene más atribuciones y acelera los procesos. Hoy, nosotros no contamos con una dotación suficiente para darle seguridad a los vecinos y vecinas” enfatizó la autoridad comunal que además dijo que se están asesorando jurídicamente para tomar decisiones, en este caso.