Privación de libertad de Llaitul impide que pueda votar en plebiscito

Gobierno respondió a acusaciones de la defensa del comunero sobre llamados para generar nexos y de ser articuladores de la detención para generar una “Operación Huracán 2”.

Una de las opciones que se entrega en este plebiscito de salida es que las personas que se encuentren privadas de libertad -sin pena aflictiva- puedan participar de estos comicios. En el Biobío se encuentran habilitadas para votar 86 personas, de ellas 51 pertenecen al Centro Cumplimiento Preventivo (CCP) Concepción, más conocido como “El Manzano”, y los 35 restantes corresponden al CCP Biobío, quienes deberán trasladarse hasta el recinto penal vecino para concretar su votación.

El director regional del Servel, Juan Eduardo Toledo, explicó que “se creó un padrón para las personas que se encontraban al interior de recintos carcelarios, incluso, hay personas que han quedado en libertad y se encuentran en ese padrón, deberán hacerlo en la mesa habilitada en la cárcel”. Una de las personas que se encuentra recluida en el penal Biobío y que se encuentra habilitada para sufragar, eso si en Cañete, es el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul.

Para esta situación, Toledo sostuvo que “ellos están inscritos en el padrón de sus respectivos domicilios, si están imposibilitados, no podrán hacerlo. Alguien deberá concurrir al Juzgado de Policía Local respectivo para acreditar que estaba impedido”. Desde la defensa del comunero, a cargo del jurista Rodrigo Román, se mostró sorprendido con la situación y comentó que hasta el minuto no se ha analizado esta situación, pero que si Llaitul pide recurrir a Tribunales para cumplir con su deber cívico, lo harán. “Esto no lo hemos abordado con el peñi, pero si me pide que haga la gestión lo haré”, indicó. Sobre esto, el directivo del Servel, cerró la opción ya que “el padrón está cerrado, así que no hay ninguna posibilidad de aquello”.

Operación política

Tras la visita que realizaron el día sábado a Héctor Llaitul, sus abogados defensores, Rodrigo Román y John Maulén, uno de los temas abordados fue el rol que tienen el mundo político en la detención del líder de la agrupación.

Fue Rodrigo Román quien apuntó a figuras como el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve y al delegado presidencial en Arauco, Humberto Toro, como quienes han orquestado esta especia de “Operación Huracán 2”. “El subsecretario Monsalve pertenece al PS y está vinculado a Mahmud Aleuy, padre de la Operación Huracán. Entonces, el delegado presidencial actual de Arauco, Toro y Monsalve, podrían estar detrás de esta operación política, por lo que esperamos que estos antecedentes se puedan dilucidar en la investigación”, acusó.

Ante esto, el delegado Humberto Toro respondió que “el único responsable de lo que está viviendo es el propio Llaitul, él explícitamente señaló que roba madera, él reivindica la lucha armada para generar la reivindicación territorial del pueblo mapuche como él dice. Él señala un camino de violencia y no de diálogo y debe hacer una mirada interna para buscar a los propios responsables, nosotros representamos a quienes quieren paz y a las comunidades que no están disponibles para hacer del robo de madera y de su blanqueo una forma de convivencia en el territorio”.

Otra aseveración que hizo el jurista Román fue que personeros del gobierno se han contactado con los abogados para acercarse a Llaitul. “Nos resulta incomprensible este escandalillo generado nos resulta incomprensible, ya que el Ejecutivo ha intentando tener algunos acercamientos a través de este abogado. Las circunstancias que hayan removido a la ministra es parte de la pirotecnia de esta operación política”, insistió.

Esto fue desmentido por la ministra del Interior, Izkia Siches. “Hemos sido claro como gobierno que no ha existido ninguna instrucción, por parte del presidente o de esta ministra, para que se tome contacto con la CAM o alguno de sus líderes a ninguno de los ministerios o sus funciones. Acciones en particular deben ser esclarecidas y poner un manto dudas frente a acciones que hemos tomados deben ser comunicadas con claridad a la opinión pública”, cerró.