Tras cumplir su segunda noche en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Concepción (ex El Manzano), el vocero de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, recibió la visita de los abogados, Rodrigo Román y John Maulen de la Defensoría Popular, quienes manifestaron que el detenido se encuentra de buen ánimo y aislado del resto de la población penal debido a los protocolos Covid-19.

Pero, claro, no se refirieron solo a eso. Tras una conversación que se extendió por cerca de una hora, particularmente Román, desmintió informaciones de los últimos días, como el enrolamiento de 400 personas que buscan visitar al comunero, pero además acusó una operación política en contra de su defendido. Apuntó a las policías, a los medios y al gobierno, personalizando en el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y el delegado presidencial de la provincia de Arauco, Humberto Toro, por la cercanía el ex subsecretario, Mahmud Aleuy.

De hecho, habló de una suerte de Huracán Dos, el operativo policial que detuvo a un grupo de comuneros mapuches por supuestos delitos de asociación ilícita, y transcurrido el tiempo se conoció la manipulación de pruebas, por parte de las policías, que habían incriminado a los detenidos.

“Nadie puede ser castigado por lo que dice, sino por lo que hace. Lo curioso es que tanto el Presidente como el Fiscal Regional dicen que no se persiguen ideas, sino delitos. Pero lo que se están persiguiendo son ideas que todo Chile y el mundo conoce, el pensamiento político de la CAM (…) La historia política del subsecretario del Interior Monsalve está muy asociado al ex subsecretario Aleuy, el padre de Huracán”, manifestó Román.

Desestimó además las pruebas de la Fiscalía, basadas en escuchas telefónicas, pues se trata de conversaciones personales de libre intrepretación para el ente persecutor, aseguró, y un testigo que logra reconocer a Llaitul en medio de la noche y encapuchado.

Román adelantó, además, que durante esta jornada presentará un recurso de amparo en la Corte de Apelaciones de Temuco con el objetivo de modificar la medida cautelar de prisión preventiva o, eventualmente, su traslado a la capital de La Araucanía.

“Se pretende criminalizar, lo que no es criminalizable que son ideas. En consecuencia, vamos a interponer una acción constitucional de Amparo para que sea la excelentísima Corte Suprema la que se refiera al fondo del tema, porque también se está comprometiendo la responsabilidad del Estado de Chile ante la comunidad internacional, porque la criminalización, la persecusión política, de ideas, no solo contraviene nuestro ordenamiento jurídico, también diversos instrumentos internacionales”, sostuvo.