Cuestionan que no se consideró la Zona de Rezago ni el Estado de Excepción. Subsecretaría anunció término del programa e iniciativas para los municipios de la provincia.
La Provincia de Arauco se ha tomado las políticas públicas del gobierno en el Biobío, pero al parecer no existe un correlato entre esta idea y lo que se ejecuta. Ello porque la Subsecretaría de Prevención del Delito rechazó la postulación de siete proyectos presentados por los municipios y juntas de vecinos de las siete comunas del territorio, por un monto cercano a los $400 millones.
De acuerdo a la alcaldesa de Curanilahue y vicepresidenta de Arauco 7, Alejandra Burgos, esto es un portazo para estas comunas de la provincia. “Se postularon siete programas que fueron declarados admisibles, pero ninguno de ellos fue adjudicado, estamos hablando de proyectos de seguridad y prevención del delito en nuestros territorios. Este es el espacio en donde podemos postular a recursos para poder hacer de mejor forma este trabajo”, dijo.
Según la jefa comunal explicó que “ellos señalan que se trata de un fondo que se concursa, por lo que todas las comunas entran a disputar estos dineros entre si”.
“Nos parece impresentable que estando en Zona de Rezago, siendo una zona que está bajo Estado de Excepción y que ha visto aumentada su actividad delictual no sea considerada de forma especial”, acusó.
En opinión de Burgos este tipo de proyectos es “para apoyar a las fuerzas policiales y armadas, además de entregar una sensación de seguridad y colaborar con el trabajo que se hace, por eso nos llama la atención que nos dejen fuera de estos fondos. Esto es un portazo para los vecinos y me parece que esta no es la forma, ya que requerimos la presencia del Estado y si no nos entregan las herramientas, se nos hace cuesta arriba el trabajo”.
De acuerdo al acta de constitución de la comisión evaluadora de estos proyectos, se utilizaron tres criterios para definir a los acreedores de estos dineros.
Uno de ellos es la “equidad territorial” el cual daba priorización a las comunas con mayores niveles de vulnerabilidad; el segundo criterio es el de la “priorización temática”, que favorecía iniciativas que entregaban una sensación de seguridad; y el tercer criterio fue el “fortalecimiento de la gestión local en seguridad”, donde se buscaba que “el liderazgo de los municipios ante los actores locales para articular proyectos en el ámbito de la prevención del delito”.
El coordinador regional de Prevención del Delito, Felipe Rodríguez, dijo entender la “frustración de los alcaldes que no han sido beneficiados por el fondo, y ese es uno de los principales problemas de la concursabilidad de estos recursos, que además son limitados: que no pueden llegar a todos los municipios y comunidades que lo necesitan”.
A raíz de lo anterior, detalló Rodríguez, “pondremos fin a este fondo, porque no es posible que los municipios tengan que competir por recursos para la prevención de delitos. A partir del próximo año, vamos a asignar los recursos en base a criterios que consideren parámetros de vulnerabilidad socio delictual de las comunas, eliminando así el sesgo determinado por la capacidad que tiene -o no tiene- un municipio de levantar un buen proyecto, que finalmente termina mermando sus opciones”.
El coordinador acotó que “estamos trabajando en distintas fórmulas para llegar con más recursos a los municipios que no fueron beneficiados con este fondo, con acciones que pongan en foco en la prevención en los territorios, y trabajando nuevas alternativas de convenios con las municipalidades”.