En la Región no existen voces críticas, al menos, públicamente. De hecho, hay quienes manifiestan que hay empresas privadas que ya ocupan este mecanismo.
El test de drogas que se aplicará a un grupo de diputados y diputadas, entre el 22 y 30 de agosto próximo en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, en Santiago, ha sido un tema que no ha dejado indiferente a nadie.
De hecho, al interior del Congreso, donde las relaciones entre los distintos sectores políticos no es de las mejores, ha dado para las más variadas declaraciones, como la del diputado Jaime Sáez (RD), quien reconoció ser consumidor de marihuana y habló de “pirotecnia propagandística”; o la diputada independiente, Marcela Riquelme, quien de pleno manifestó que no se realizará el test.
Pero eso no es todo. Algunos parlamentarios, han manifestado que ni siquiera han sido notificados formalmente (algunos se enteraron por WhatsApp) y también cuestionan que los resultados se hagan públicos.
Recordemos que en un primer sorteo, serán 78 parlamentarios los que deberán realizarse este examen según el reglamento aprobado el 13 de julio pasado. No obstante, eso no priva al resto del test, el cual deberán realizarse de todas maneras.
Se da, además, en medio de un escenario particular, con la presencia de la denominada Bancada Transversal Regulación por la Paz que busca establecer una nueva política de drogas y que integran, entre otros, las diputadas del Biobío, María Candelaria Acevedo (PC) y Clara Sagardía (Indep, por CV).
La última de las mencionadas es una de las cuatro representantes de la Región que fue designada para realizarse el test y contó que lo hará.
Otro de los designados, además de Leonidas Romero (Indep) y Cristóbal Urruticoechea (Prep, dijo que no tiene ningún problema con realizarse el examen), es el jefe de la bancada DC, Eric Aedo.
“Creo que en el caso de los parlamentarios, y dado de la situación de narcotráfico, de consumo creciente de drogas en el país, es importante que quienes tomamos decisiones, quienes somos parlamentarios y estamos en el ámbito de la política entreguemos nuestros resultados con toda transparencia”, sostuvo el militante de la Falange.
El diputado independiente (ex PEV), Félix González, quien siendo candidato a alcalde en San Pedro de la Paz, accedió a realizarse un teste de drogas, recordó que se trata de una requisito legal y que existen una serie de trabajos donde también se exigen este tipo de exámenes.
“Hay muchos trabajos donde se exige el test de drogas y cuando la gente da positivo, la gente pierde la pega, que no será el caso de los parlamentarios. Sin criminalizar el consumo, hay algunas actividades que tienen ciertas responsabilidades como conducir un bus interprovincial, por cierto, no es deseable el consumo. Los mismo pasa con las Fuerzas Armadas y policiales, que cargan armas (…). Nosotros conducimos una tremenda micro que es el país. Creo que no hay motivo para negarse”, sostuvo el ecologista.
Precisamente, y pensando en otras instituciones como las manifestadas por González, el senador de la UDI, Enrique van Rysselberghe, dijo “desde hace años que en el sector privado una serie de rubros y cargos son sometidos periódicamente a este tipo de controles (…) Estimo que ese mismo criterio debiera aplicarse no sólo en el Congreso, sino que a todos los altos cargos del Estado que aún no lo tengan”.