La autoridad dijo que hay que mejorar la trazabilidad y que no basta con fiscalizar. El Gobierno hará cambios en la concesión de la Ruta 160 por medidas de seguridad.
Por Cristian Olivares Valenzuela
De visita en Concepción y San Pedro de la Paz, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, anunció diversas medidas con respecto al delito de robo de madera que está afectando a la provincia de Arauco, escenario de diversos hechos de violencia que generan intranquilidad no solo en quienes laburan en faenas forestales, sino que también en toda la comunidad.
La autoridad encabezó en la Delegación Presidencial la primera sesión del consejo asesor de la Región del Biobío contra el crimen organizado que busca, según el subsecretario, aglutinar a diferentes instituciones del Estado que “tienen facultades legales para prevenir, fiscalizar, controlar, o perseguir, el crimen organizado”.
Este comité asesor funciona en las regiones de La Araucanía, Antofagasta y Tarapacá, en una señal política del gobierno del Presidente Gabriel Boric de afrontar la problemática desde un prisma multisectorial. “Hay varias instituciones que tienen que actuar de manera coordinada para tener éxito”, sostuvo Monsalve.
Tanto el hurto de madera como la denominada “ruta del dinero” que genera esta actividad ilícita son objetivos que el Gobierno quiere desarticular desde el ámbito legislativo. El proyecto de ley que se encuentra en el Senado busca tipificar la sustracción de madera como un delito.
Al respecto, el subsecretario Monsalve sostuvo que el ministerio del Interior presentará indicaciones al proyecto, con el objetivo de perseguir de manera más eficaz el robo de madera.
“No se trata solo de fiscalizar, también se trata de tener mejores condiciones de trazabilidad de la madera. En materia operativa se ha instalado una prioridad dentro de los delitos, no es el único delito dentro de los que existen en la región, se va a priorizar el robo de madera.
Se ha instruido la coordinación intersectorial, lo estamos enfrentando desde el punto de vista legislativo”, precisó.
En este encuentro estuvieron presentes la fiscal regional, Marcela Cartagena, la delegada regional, Daniela Dresdner, el gobernador regional, Rodrigo Díaz, el subdirector nacional de la PDI, prefecto inspector, Lautaro Arias, ente otros.
Y si se habla de combatir eficazmente el crimen organizado en la Región del Biobío, el Gobierno ha debido luchar con hechos de violencia en la Macrozona Sur, como son los atentados por parte de grupos que han atacado faenas forestales como a transportistas.
Uno de los acuerdos fue mejorar las condiciones de seguridad existentes en las rutas de la Macrozona Sur, que comprende la región de La Araucanía y las provincias de Arauco y Biobío, respectivamente, luego de una toma de carreteras por parte de gremios de transportistas.
En este sentido, Manuel Monsalve hizo un importante anuncio con respecto al actual contrato de concesión que tiene el Estado con la concesionaria Costa Arauco, que abarca desde el acceso norte de Coronel a Cerro Alto, en Los Álamos.
“En diciembre vamos a dictar la resolución que va a modificar el contrato de concesiones de la Ruta 160, a propósito de la Provincia de Arauco, también para instalar cámaras de vigilancia, cámaras térmicas y pórticos de lectura de patente. Se está trabajando en dimensionar técnicamente las medidas de seguridad que eso implica lo que va también a contribuir a mejorar las capacidades para fiscalizar delitos como el robo de madera”, expresó Manuel Monsalve.
Subsecretario aclara la “inacción” en incidente en faena de Curanilahue
Como parte de su agenda, el subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, encabezó la entrega de vehículos blindados a la Policía de Investigaciones, en San Pedro de la Paz.
En la actividad, la autoridad hizo comentarios sobre la supuesta “inacción” de las FF.AA y Carabineros en atentados ocurridos en junio pasado en Curanilahue, situación que llevó al Gobierno a pedir explicaciones al Estado Mayor Conjunto.
“Desde el punto de vista de lo que informó tanto Carabineros como las FF.AA, todos interpretaron que aquí estaban en frente de un delito que no quedó claro que era un delito de violencia rural, por eso nos pareció indispensable tener un protocolo de reacción. Desde nuestra perspectiva, estábamos en frente de un hecho de violencia rural”, dijo Monsalve.