El pasado 27 de mayo, el mismo día que se lanzó la Consulta Ciudadana “Decide Biobío”, sobre movilidad y transporte público, se concretó la primera reunión del Consejo de la Sociedad Civil (Cosoc) en el Gobierno Regional (Gore), una instancia que funciona en distintos estamentos públicos por mandato legal, bajo la Ley 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, pero que a nivel regional no estaba constituida.

Ese día se intentó dar una señal sobre el compromiso que la administración regional tiene con la participación ciudadana, y aunque casi pasa desapercibida (por el interés mediático de la consulta), lo cierto es que el Consejo sigue funcionando, convocando a 29 organizaciones de las tres provincias y hace unos días eligieron a sus representantes.

Sandra Sheinfelt Jara, integrante de la Junta de Vecinos de Cerro Amarillo de Hualpén, fue electa como la primera presidenta del Cosoc regional; mientras que Rubén Muñoz Galdames, representante de la Junta de Vecinos de Los Castaños de Concepción, fue electo como vicepresidente.

Uno de los objetivos de la instancia será fortalecer la legitimidad del proceso de descentralización del país y, entre sus recientes propuestas, está capacitar a sus integrantes en distintas materias para el mejor desarrollo de sus funciones.

Pero, ¿cómo se llegó a esta instancia que, se suponía, debía estar funcionando ya en 2018?

“Hubo un proceso que fue más o menos largo, partiendo en enero de este año, creando un reglamento para todo el proceso que fue aprobado por el Consejo Regional (Core). Ahí se estableció la composición de esta instancia para que fuera regional, transversal y equitativa. Luego se generó un proceso de inscripción y llegaron un poco más de 600, incluyendo algunas de otras regiones”, contó el jefe de la División de Desarrollo Social y Humano del Gobierno Regional, Simón Acuña.

Por cierto, se debió elegir solo entre quienes tenían arraigo en el Biobío. Luego, hubo en periodo de votación, en línea, que estableció los 29 representantes actuales.

El grupo está compuesto mayoritariamente por organizaciones vecinales, aunque también existe representación de sindicatos, e incluso, de migrantes.

Lo anterior, dijo Acuña, se explica porque son las organizaciones vecinales las que están más cerca de la información municipal, por ejemplo. Además, según información del Registro Civil, en Chile existen más 350 mil personas jurídicas sin fines de lucro inscritas.

“Por eso, también tuvimos que salir a buscar algunas organizaciones. De hecho, tenemos un gran desafío pendiente, encontrar organizaciones de jóvenes que se reúnen en torno a temas como el medioambiente, los animales, la música, las artes o la cultura, pero no necesariamente se agrupan en términos jurídicos”, reconoció Acuña.

De hecho, en la línea de participación que promueve la división que encabeza, sostuvo que “vamos a financiar, vía presupuestos, programas en materia de participación ciudadana, y no uno, varios. En este segundo semestre, vamos a trabajar, por lo menos, tres programas distintos en participación para jóvenes. Queremos empezar a entender cómo se organizan, cómo llegamos a ellos, cuáles son las metodologías que se ocupan hoy en día para llegar a ellos, para que la política pública sea como un ciclo de vida”.