Luego de la reunión que sostuvo con la futura delegada presidencial, Daniela Dresdner, el gobernador regional, Rodrigo Díaz, fue consultado por la antigua polémica en torno a la cohabitación de dos autoridades en el edificio del Gobierno Regional (Gore).

Sobre el particular, dijo: “creo que no va a ser problema. Tengo la sensación de que eso se va a resolver, esa es mi impresión”.

Pero, ¿a qué aludía Díaz?

Todo parece indicar que dicha cohabitación terminará. Y, claro, al menos desde el equipo de la futura delegada confirmaron que “el lugar donde trabajemos es lo menos relevante en una Región con tantos desafíos y temas pendientes”.

No obstante, más allá de la buena voluntad, hay hechos que no se pueden desconocer. La historia tiene sus matices y apuntan, justamente, en dirección al término de la cohabitación, pero necesariamente se necesita botar algunas barreras burocráticas.

Hace unos meses, el administrador regional, Rodrigo Martínez, se reunió con el seremi de Gobierno, Daniel Garcés, para explorar una salida de los representantes del gobierno central del edificio de calle Prat. Lo anterior, luego que se enviarán sendos oficios a la mencionada cartera y a la propia delegación presidencial regional, que actualmente encabeza Patricio Kuhn.

Garcés confirmó lo anterior y la buena disposición, al menos de la vocería regional, de buscar otras dependencias donde trabajar. Pero, tal como mencionó “los tiempos y los procesos no son iguales en el mundo privado y en el mundo público”.

Ello porque para iniciar la búsqueda que pudiera albergar al menos a 15 funcionarios y espacio para estacionamientos de vehículos, se debió elevar una solicitud a la Dirección de Presupuesto (Dipres) del ministerio de Hacienda, por la falta de recursos.

El seremi de Gobierno dijo que, incluso, se encontró un lugar, pero debido a la burocracia propia del mundo público, dicho espacio fue arrendado por un privado.

De todos modos, dijo, que su cartera entiende que el edificio debe ser ocupado por quienes forma parte del Gore.

Como se recordará, meses antes de la asunción de los gobernadores regionales, durante la primera mitad de 2021, desde el ministerio del Interior surgió la instrucción para que los entonces intendentes no se movieran de las dependencias que ocupaban, en el caso del Biobío, el edificio ocupado en calle Prat.

Un hecho particular y que, en opinión de los gobernadores y del Consejo Regional (incluyendo representante de Chile Vamos como Patricio Lynch y Patricio Lara), no tenía ninguna lógica considerando que las delegaciones presidenciales respondían al gobierno central, al ministerio del Interior, y las dependencias del Gobierno Regional, como su nombre lo indica, a las autoridades de los territorios.

En su momento se habló de un tema de seguridad, pero también del temor de la actual administración de perder categóricamente la primera elección de gobernadores, como finalmente ocurrió.

¿Qué pasó? Al menos en Biobío, la seremi de Gobierno salió del cuarto piso, donde el gobernador Rodrigo Díaz se instaló junto a su equipo, y la Delegación Presidencial siguió ocupando las dependencias que habitualmente le correspondía a la antigua figura de intendente y su equipo. Incluso, se realizó una instalación de un letrero en el frontis del edificio para visibilizar la presencia de la Delegación, que implicó un gasto de $9 millones.

Se inició así la cohabitación de las dos autoridades, la misma, que más allá de los tiempos que se demore, puede tener sus días (o meses) contados.