La iniciativa sugiere acusar a jefes comunales ante una eventual omisión reiterada del cumplimiento de la fiscalización. Desde los municipios de Concepción y Talcahuano recalcaron que trabajan en combatir este flagelo.
Uno de los problemas que se ven en los barrios comerciales de distintas comunas del país es el comercio ambulante ilegal, lo que genera emplazamientos al mundo municipal, quienes son los encargados de controlar esta situación. Pero, al parecer, mucho efecto no ha tenido.
El comercio ilegal aumenta de forma exponencial en fechas clave como el Día de la Madre o Navidad, lo que provoca pérdidas de ingresos y clientes en el comercio formal, así como generación de delitos en algunos sectores.
Por ello, un grupo de parlamentarios oficialistas, encabezados por Diego Schalper y José Miguel Castro, presentaron un proyecto de ley que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades para tipificar como notable abandono de deberes la omisión reiterada de acciones para erradicar el comercio ambulante ilegal de parte de los alcaldes.
De acuerdo al texto ingresado, que se encuentra en la Comisión de Gobierno Interior, “se considerará igualmente que se configura un notable abandono de deberes cuando el alcalde, en forma reiterada, hubiere permitido el uso indebido del espacio público por parte del comercio ilegal ambulante y no hubiere realizado acciones positivas para su erradicación”.
Lo anterior, fundamentado en que “la doctrina ha entendido por notable abandono de deberes en cuanto a causal de responsabilidad administrativa que conlleva la remoción del cargo ‘cuando el alcalde infrinja las normas constitucionales y legales que regulan sus deberes y atribuciones, infracción que redunda en detrimento patrimonial para el ente público y que sea fuente de preocupación de la opinión pública local’, dos situaciones que, a nuestro juicio, trae aparejado el comercio irregular”.
El director de la Cámara de Comercio de Concepción, Arturo della Torre, indicó que ellos han trabajo esta normativa a nivel nacional. “Buscamos irnos en contra de la autoridad comunal, ya que ellos son los responsables, les pagamos patentes y el público no puede ocupar las calles que están atestadas de comercio ilegal. Ahora no se instala la señora del campo que venía a vender huevos, sino que son mafias organizadas y que nos afectan a todos”, comentó.
En las municipalidades no tenían conocimiento de esta normativa.
El alcalde de Concepción y presidente de la Asociación Regional de Municipalidades, Álvaro Ortiz, sostuvo que “la existencia y proliferación del comercio ambulante ilegal es un problema complejo, que se presenta a nivel nacional y que obedece a factores sociales, económicos y no se reduce solo a orden público. No se va a resolver cargando todo el peso a una autoridad sin entregarle recursos a los municipios ni hacer lo mismo con todos los organismos públicos de fiscalización y las policías”.
Su par de Talcahuano, Henry Campos, apuntó a que “es una buena señal para que podamos ordenar nuestras calles y dar una señal de que los municipios tenemos que trabajar en ello. No obstante, es necesaria una labor conjunta con otros entes responsables, como las policías, de seguridad y de fomento productivo”.
Campos recalcó que está vigente una ordenanza municipal desde el 1 de octubre que sanciona a quienes ejercen el comercio ilegal y también a quienes compran.
En este punto, Ortiz llamó a la responsabilidad de los ciudadanos, ya que también ayudan a la proliferación de estos negocios. “Las personas que compran y que no asumen que con ello incentivan una actividad ilegal, son cómplices de ella y afectan negativamente a toda la ciudad”, manifestó