En marzo del año pasado se promulgó la denominada Ley Gabriela, que por primera vez en nuestra legislación introdujo el concepto femicidio como “el asesinato de una mujer por parte de su pareja o ex pareja sin convivencia”. Y no solo eso. También aumentó las penas para quienes perpetren dicho delito, hasta en 40 años presidio.

Su nombre se relaciona con la joven Gabriela Alcaíno Donoso, quien en 2018 y con apenas 17 años, fue asesinada junto a su madre, Carolina Donoso, de 53, a manos de la expareja de esta última. La iniciativa, promovida principalmente por senadoras y diputadas, contó con el apoyo transversal del Congreso.

Quizás por ello, al momento de consultar a un grupo de parlamentarias de la Región, este proyecto se mencione como uno de los grandes avances por erradicar de nuestra sociedad el femicidio y la violencia contras las mujeres. No obstante, también hay coincidencias en que aún queda un largo trecho por recorrer.

“Hasta antes de la promulgación de esta ley, había una cifra negra de violencia contra las mujeres, porque no consideraba asesinatos de mujeres cometidos por su ex parejas o sencillamente por se mujer. En materia de sanción se ha avanzado notablemente, pero eso no significa que se haya reducido la violencia contra las mujeres, nos siguen matando, a la fecha hay 42 femicidios consumados y 154 frustrados”, comentó la senadora de Ñuble, Loreto Carvajal (PPD).

Cuando ejerció como primera vicepresidenta de la Cámara, Carvajal promovió establecer una mesa de trabajo con el Ejecutivo para avanzar en materia de prevención, resguardo y protección.

“Debemos avanzar en establecer el cambio cultural en las instituciones para que entiendan que una mujer que denuncia violencia de género es una potencial mujer asesinada. La ley que establece la conmemoración del Día Nacional Contra el Femicidio apunta, justamente, a un área donde estamos al debe: la prevención, el cambio cultural”, sostuvo.

La diputada del Distrito 20, Francesca Muñoz (RN), destacó la aprobación de la Ley sobre monitoreo telemático en causas de violencia intrafamiliar, así como el proyecto que busca restringir beneficios a condenados por femicidios, aún en tramitación.

“En el Parlamento existe la voluntad política para seguir modificando la legislación y así lograr erradicar la violencia. Pero, además se deben redoblar los esfuerzos en mecanismos de prevención y detección temprana de factores de riesgos para evitar la violencia contra las mujeres”, coincidió Muñoz.

Su colega del Distrito 21, Joanna Pérez (DC), también destacó los avances legisltaivos, pero especificó que “aún estamos en deuda respecto de contar con una ley integral de violencia que sancione todas las formas y contextos de violencia que afectan a todas las mujeres y las niñas (enfoque Inter seccional) y para ello se requiere el más amplio acuerdo social y político. Contar con la legislación adecuada, es el piso mínimo que debemos tener como sociedad”.

Junto con manifestar el desafío que implica fortalecer el SernamE y así llegar a todo el territorio nacional, apuntó a “descentralizar, transversalizar las políticas de prevención y erradicación de la violencia”.

“Activar todos los mecanismos de denuncia y respuesta oportuna es clave, ya que cuando una mujer denuncia estamos llegando tarde como sociedad en las políticas de prevención”, comentó.

La diputada electa del Distrito 20, Marlén Pérez (UDI), coincidió en lo planteado por las congresistas en ejercicio. “Se necesita lograr un cambio cultural que nos permita prevenir y condenar con fuerza los hechos de violencia en contra de las mujeres. El cambio debe venir desde la primera infancia, desnormalizar las primeras conductas de violencia, lograr una atención integral efectiva para las víctimas y que exista un trabajo coordinado entre los distintos organismos e instituciones que intervienen”, dijo la diputada electa.