El debate legislativo para aprobar o rechazar la acusación Constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera estuvo marcada ayer por la dilata intervención del diputado Jaime Naranjo (PS), quien preparó 1.300 páginas para leer. El motivo: dar tiempo para que Giorgio Jackson (RD) pudiera votar tras estar en cuarentena por ser contacto estrecho del candidato presidencial Gabriel Boric (CS).
Es así que los parlamentarios de la Cámara Baja por la Región del Biobío tuvieron que aguardar pacientemente, a la espera de si se votaba o no durante la jornada de ayer.
De todas formas, algunos de los diputados ya había transparentado su posición. Por ejemplo, Gastón Saavedra (PS). “Voy a votar a favor de la Constitución Constitucional, porque hay dos, hay dos situaciones que se conjugan y que además merecen que el país tenga la acción correctiva de parte del Parlamento, porque debe ejercer las atribuciones que la Constitución le entrega¨.
Y añadió: ¨El presidente le falta a la honra la patria ¿Por qué? Porque cuando vas fuera del país dice que falta voluntad política para terminar con los paraísos fiscales, que son lugares donde se evade tributariamente. Y el primero que parte a los paraísos fiscales a hacer contratos con sus amigos para evadir impuestos, es el presidente. En desmedro de la protección del medio ambiente¨.
Otro que habló fue Leonidas Romero, quien anunció votar en conciencia. Por eso, solicitó una reunión con el director nacional del Servicio de Impuestos Internos para reunirse y recopilar antecedentes. “La ciudadanía espera tener antecedentes para que cuando se vote en sala, yo voté en conciencia, en mérito, con la documentación en la vista”.
Según revelaron, se le concedió una junta, sin embargo, para este jueves, cuando ya la votación se espera estará determinada.
Bobadilla también se ha pronunciado. “Votaré en contra, creo que esta acusación solo tiene un objetivo político electoral”.
Jaime Naranjo (PS) ayer argumentó la importancia de proceder con la acusación constitucional. “No hay prescripción en el Parlamento (…) Artículo octavo, el ejercicio de las funciones públicas obliga dar estricto cumplimento el principio de probidad en todas sus actuaciones. Esta norma no es un principio, es una denominación. Contiene un deber definitivo”.
Y sentenció: “Sus actos comprometen gravemente el honor de la nación al incumplir obligaciones internacionales, que se expresan en no suscribir el acuerdo de Escazú, pese a que fue uno de los promotores”.
Subrayó que en relación a las convenciones contra la corrupción ratificada por Chile, las acciones del Presidente Piñera sería graves, por la utilización de paraísos fiscales, vehículos de elusión tributaria. “Que mal ejemplo se de la a los chilenos. Es como decir a la señora Juanita que no pague el IVA. Es señal de que se evada al impuesto. Genera un grave daño a la reputación de la presidencia de la República. Eso es lo que molesta, lo que incomoda”.
Naranjo recordó otros hechos de Piñera. “39 minutos después de reunión con Lan Chile, usó información privilegiada para comprar acciones en acción ventajosa”.
También, que Piñera negoció en su momento con la industria pesquera peruana cuando se estaba en litigio con ese país.
“Tenemos un presidente imputado, de eso se trata esta acusación Constitucional”, les aclaró a sus pares.
El único presidente acusado dos veces fue Carlos Ibáñez del Campo. Pues bien, el Presidente Sebastián Piñera, se le sumó.
La primera instancia fue en el contexto del Estallido Social para que depusiera su mandato y ahora por las revelaciones en el denominado Pandora Papers, en el marco de e la compra venta del proyecto minero Dominga entre la familia Piñera-Morel y Carlos Alberto Délano, transacción realizada en las Islas Vírgenes Británicas.
Un detalle que no se conocía era que dentro de las garantías del tercer pago se exigía que la zona donde se construiría el proyecto no se declarara zona reservada. El Ministerio Público dio a conocer la decisión de Jorge Abbott de abrir una investigación luego de cuatro días de análisis de los antecedentes conocidos.
Quedaba ahora otra arista, la política en el Parlamento. Piñera tuvo un primer triunfo. La recomendación negativa por parte de la comisión revisora tras 2 votos a favor, dos en contra y una abstención encendió aún más el debate.
Dicha instancia se conformó por Maya Fernández (PS) como presidenta, Florcita Alarcón (Ind.), Paulina Núñez (RN) y Virginia Troncoso (Ind.) y Pepe Auth (Ind.). Éste último concitó el protagonismo por abstenerse y recaer sobre él el resultado, se criticó por parte de los parlamentarios a favor de que el Presidente sea acusado.
El diputado Sergio Bobadilla ( UDI) , ayer declaró que la acusación solo tiene un gran objetivo. “Tener rentabilidad política electoral en tiempos de campaña”.
Mientras que su par, Francesca Muñoz (RN) , acotó que “los hechos que se investigan son graves, pero la justicia no ha determinado participación del presidente. Si eso se acreditara, ahí tendría fundamento, ahora hay que esperar que las instituciones funcionen”.
Y finalizó diciendo: “En cuanto a la acusación constitucional en el Congreso la comisión revisora no encontró actos de la administración que sean susceptibles de alguna causal constitucional”.