Organismos de DD.HH. cuestionan rol del Estado ante hechos de violencia

Autoridades regionales se reunieron con el Presidente Piñera para analizar lo que ocurre en la Macrozona Sur, tanto en materia de seguridad como en los planes destinados a mejorar la situación económica y social en Arauco.

Los hechos de violencia ocurridos la tarde del miércoles en el sector de San Miguel, en la ruta P72S de la provincia de Arauco, que dejó un comunero fallecido y otros cuatro heridos, siguen generando reacciones a nivel político.

Ayer, el Presidente Sebastián Piñera se reunió con los gobernadores y delegados presidenciales del Biobío y La Araucanía para abordar la situación de seguridad en la Macrozona Sur y los avances de los planes de desarrollo económico y social.

Sobre el encuentro, el gobernador Rodrigo Díaz comentó que “le dije que debía haber un abordaje con todas sus dimensiones y le entregué mi posición. Dijo que iba a invitar a los gobernadores regionales a conversar sobre esta materia. No podemos estar pegados en hechos episódicos, debemos quebrar el espiral de violencia”.

Además, Díaz y el delegado Patricio Kuhn tuvieron reuniones por separado con el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (Indh), Sergio Micco, quien reiteró que el Estado “en materia de investigar, juzgar y sancionar la comisión de delitos no lo está haciendo y las consecuencias las estamos viendo todos”.

Agregó que “hay dos versiones y a nosotros se nos ha relatado que (los heridos) no estaban participando en los enfrentamientos, esta es la versión de familiares”.

Así como Micco manifestó sus dudas respecto a los acontecimientos del miércoles, el delegado Kuhn sostuvo que todo debe ser investigado.

“Las versiones que tenemos hasta aquí tienen que ver con una emboscada que recibió una unidad policial que estaba despejando un corte de ruta. Se usaron todos los pasos que corresponden hasta que se produjo el enfrentamiento. Es parte de la investigación si hay relación si la persona fallecida participaba en los hechos, se han entregado todas las pruebas a la Fiscalía”.

La autoridad adelantó que se está elaborando un plan especial de seguridad en coordinación con la Armada para el domingo, cuando se realice el funeral de la única víctima fatal de estos eventos.

Desde la Oficina para los Derechos Humanos de la ONU también se refirieron a lo ocurrido en Cañete. “Los Estados deben limitar al máximo el uso de las fuerzas armadas para el control del orden público, dado que el entrenamiento que reciben no está dirigido a la protección y control de civiles, ni a la gestión de manifestaciones”, resaltó Jan Jarab.

Durante la tarde, el Jefe de la Defensa Nacional, contraalmirante Jorge Parga confirmó una reunión con el fiscal para causas por DD.HH., Nelson Vigueras, donde comprometió apoyo a los requerimientos del persecutor en el desarrollo de la investigación.

“Colombianización”

Dentro de las mismas comunidades, Aucán Huilcaman, werkén del Consejo de Todas las Tierras, sostuvo que el joven fallecido no estaba participando de las manifestaciones y que “fue un acto irracional de los marinos que ahí estaban despejando la ruta (…). Las personas fueron atacadas de manera irracional de parte de unidades militares”.

Huilcamán, en una entrevista de T13 Radio, agregó que con la presencia de las Fuerzas Armadas, particularmente en la Región de La Araucanía, se está aplicando “el manual de Colombia, donde actuaban grupos irregulares (…). Y yo digo lo de Colombia porque conozco perfectamente la situación, como ahí se dieron (los hechos) para justificar actos de violencia”.

Consultado al respecto, el gobernador Díaz dijo que en un escenario complejo de radicalización política, es importante que haya personas dispuestas a manifestar “que este es un problema político y que se necesitan liderazgos y articulación de la gente”.

Visión municipal

Desde la Asociación de Municipalidades del Biobío, también hubo un emplazamiento a realizar bien las cosas y con diálogo.

“Acá la responsabilidad de la seguridad es del delegado presidencial. Nosotros hemos puesto nuestra voluntad al diálogo, pero es una tónica del gobierno que no escucha en un tema delicado. La militarización no es la solución, puesto que habrá personas que buscarán legitimar la violencia, por lo que siempre serán los habitantes del Biobío los perdedores”, acotó el presidente de la agrupación y jefe comunal de Concepción, Álvaro Ortiz.

“Se debe convocar a todos actores, incluso a los alcaldes, a dialogar, con todos, no con algunos. Es lamentable que para el mundo el Biobío sea noticia por hechos de violencia”, manifestó Ortiz.