Una investigación estará a cargo de Derechos Humanos, la otra para especialista en violencia rural. El día después de la muerte de un comunero fue de desmentidos, aclaraciones y peticiones de prórroga al Estado de Excepción. En el PS cerraron la puerta.
La compleja jornada que se vivió el miércoles en la provincia de Arauco, específicamente en Cañete, y que terminó con un fallecido, cuatro heridos y tres detenidos, se continuó desarrollando ayer, en medio de desmentidos y aclaraciones que, por el contrario, parecieron generar más interrogantes que certezas.
A ello se agregó el nuevo llamado al Congreso, por parte del Presidente Sebastián Piñera, para extender el actual Estado de Excepción que impera en cuatro provincias de las regiones del Biobío y La Araucanía. En lo inmediato, ya recibió el rechazo de parlamentarios del PPD y el PS (entre ellos Manuel Monsalve del Distrito 21) y las críticas del director nacional del Instituto Nacional de Derechos Humanos (Indh), Sergio Micco.
Pero vamos por parte.
En lo policial, no fueron dos los fallecidos, sino uno (ese fue uno de los desmentidos de ayer). La víctima fatal fue objeto de una autopsia con presencia de representantes del Indh, de acuerdo al “Protocolo de Minnesota”, esto ante la sospecha de vulneración a los Derechos Humanos por parte de agente del Estado.
Se trata, por ahora de “antecedentes muy preliminares” como enfatizó la fiscal regional, Marcela Cartagena. De hecho, la investigación de lo sucedido fue dividida en dos causas, una cargo del fiscal de Derechos Humanos, Nelson Vigueras (por la muerte y los heridos), y otra en manos del persecutor especialista en violencia rural, Juan Yáñez.
Otra certeza se relaciona con la formalización de uno de los tres detenidos, hermano de la víctima fatal. El joven está imputado por receptación e infracción a la ley de armas. Otros dos menores no fueron formalizados. De todas maneras, todos forman parte de la investigación de Yáñez.
Otra arista tiene que ver con el Estado de Excepción, o mejor dicho, la prórroga de la medida, que está en manos del Congreso y por la cual el Presidente Piñera, volvió a solicitar apoyo parlamentario.
Los incidentes del miércoles, no obstante, más que generar apoyo legislativo logró justamente lo contrario, al menos en un grupo.
“El Estado de Excepción trae enfrentamientos y trae personas muertas, esto lo hemos advertido al gobierno del Presidente Piñera (…). Trae más hechos de violencia, impide el diálogo y aleja cualquier solución que permita entregar la tranquilidad permanente que requiere la provincia de Arauco y la región de La Araucanía”, dijo el diputado Monsalve.
Y mientras la diputada Joanna Pérez (DC) criticó la falta de claridad en la información entregada por las autoridades, e incluso, deslizó la posibilidad de convocar al Parlamento al ministro del Interior, Rodrigo Delgado, para “rendir cuenta” de lo ocurrido en Arauco.
Junto con ello, el Indh, a través de su director nacional, Sergio Micco, habló del fracaso del Estado al impulsar la “excepcionalidad”, pues no generó orden público, involucró a las Fuerzas Armadas en problemas delictivos y cerró la puerta a la solución política, al diálogo.
En medio de una jornada donde circularon varios videos en las redes sociales, entre ellos, el de la organización Weichan Auka Mapu exhibiendo desafiante el armamento con que cuentan, también hubo espacio de la conversación.
Así, por ejemplo, el gobernador regional, Rodrigo Díaz, se reunió telemáticamente con varios candidatos a la Presidencia de la República. Uno de ellos, Marco Enríquez Ominami, quien insistió en el camino del diálogo porque “la paz y el orden se construyen, no se invocan”. Deslizando críticas al Jefe de Estado y al candidato José Antonio Kast.
Junto con lo anterior, miembros de los pueblos originarios en la Convención Constitucional entregaron una carta en La Moneda.