El senador Navarro presentó ante la Corte Suprema un recurso por no realizar una Consulta Indígena. En tanto, el consejero regional, Javier Sandoval, denunció ante la entidad fiscalizadora eventuales irregularidades durante la votación.
El Plan Regulador Metropolitano de Concepción (Prmc) sigue estando en la mira de las autoridades regionales tras una polémica votación que dio luz verde. El consejero regional (core), Patricio Lynch (RN), advirtió que faltaba “la firma para promulgación y revisión por parte de la Contraloría” para que este comience a operar. Y ayer, tras una reunión del Consejo Regional (Core), el gobernador Rodrigo Díaz informó que ya hizo el trámite pendiente.
Sin embargo, el Prmc está siendo objeto de dos fuertes arremetidas para su anulación. En primer lugar, un recurso que fue acogido en la Corte Suprema interpuesto por el senador Alejandro Navarro; y segundo, la presentación ante Contraloría por eventuales vicios al proceso de decisión dados a conocer ayer por el consejero Javier Sandoval.
“Será finalmente en el máximo tribunal en Chile, donde se decidirá si se aprueba un Plan Regulador para la Provincia de Concepción, sin Consulta Indígena, o si se debe rehacer respetando el Convenio 169 de la OIT”, declaró Navarro.
El parlamentario había ingresado un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Concepción, siendo rechazado. Sin embargo, hoy hay optimismo. “Vamos a luchar hasta el final. Y la Corte Suprema ha acogido nuestra apelación para dejar sin efecto un Plan Regulador Metropolitano que solo beneficia a las forestales e inmobiliarias”.
La autoridad dice que hay argumentos relevantes para neutralizar el Prmc. “En las comunas incluidas dentro del plan, esto es, Concepción, Coronel, Chiguayante, Hualpén, Hualqui, Lota, Penco, San Pedro de la Paz, Santa Juana, Talcahuano y Tomé, viven más de 90 mil personas pertenecientes a los pueblos originarios, representando el 15% de los hogares del Gran Concepción”.
Lo anterior es clave. “El Convenio 169 de la OIT establece que se debe garantizar que los habitantes pertenecientes a los pueblos originarios de las 11 comunas sean consultados en consonancia con la obligación que recae en el Estado, de promover de buena fe, su consulta previa y la participación”, aseveró Navarro.
Y agregó: “los argumentos que defienden el Prmc señalan que sus modificaciones no afectan directa o indirectamente a las comunidades, enarbolando el argumento falaz de que en la intercomuna no se registra existencia de comunidades indígenas, por lo cual no hay afectación”.
El senador fue categórico al decir que esos puntos de vista no corresponden. “Es absolutamente falso, ya que son diversas las comunidades tales como Lafkén Palife de San Pedro de la Paz; Aukinko Wallmapu de Concepción; Nehuen Tuín Pu Peñi y Waj Mapu de Hualpén; o Koñintu Lakfen Mapu de Penco, entre muchas otras, las que existen en la Provincia de Concepción y que debieron ser consultadas”.
Sobre la documentación ingresada a Contraloría, el core Javier Sandoval aseguró la existencia de vicios en la votación, pues el ex seremi James Argo (UDI) y el consejero de la provincia de Arauco, Ricardo Venegas (UDI), debieron abstenerse de votar.
Sandoval recordó que James Argo era titular de la Seremi de Vivienda cuando se armó la instrumento de planificación. El caso de Venegas indicó que habría una incongruencia ya que estaría ligado al Serviu.
Es por ello que lo que dictamine la Corte Suprema y también la Contraloría, será clave para poder volver a “resetear” la decisión cuestionada desde múltiples sectores. De hecho Sandoval señaló que ya se debería ir pensando en ese paso.
Desde el Gobierno Regional la jefa de División de Planificación y Desarrollo Regional del Gore Biobío, Claudia Toledo, señaló lo que les corresponde es “elaborar la resolución que promulga el plan y adjuntar todos los antecedentes de respaldo en un expediente digital. Luego esto se envía a Contraloría para la toma de razón respectiva. Dicho envío se concretó durante la jornada de ayer ( miércoles).