Cuando el ex ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, manifestó su intención de competir por un escaño en el Senado, las opiniones del mundo político se dividieron. No obstante, fue particular cuando en una entrevista a este medio manifestó que en caso de salir electo se trasladaría a vivir al Biobío, porque era “lo que correspondía”.

Así, por ejemplo, la periodista y panelista del programa Tolerancia Cero, Macarena Lescornez, trajo a colación el concepto “turismo electoral”, cuestionando los planes del ex militante del PPD (pese a sus raíces en el Biobío).

Crítica similar ha efectuado el abogado, Carlos Gajardo, quien a través de su cuenta de Twitter ha manifestado su opinión contraria a esta práctica, es decir, que un postulante se traslade de territorio electoral, por no tener opciones en el propio.

Estos fueron los cuestionamientos que, por ejemplo, recibió la senadora de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, cuando decidió postular en Ñuble, y el diputado de la Región Metropolitana, Sebastián Keitel (Evopoli), que es opción al Senado en Biobío.

“Se critica porque cuando se produce turismo electoral está dado más bien por cálculos electorales, por la posibilidad de ser elegido del turista electoral y no con un legítimo deseo de representar a la ciudadanía, y lo hacen en un territorio donde no tienen ningún vínculo previo”, explicó el presidente de la Fundación Participa, Daniel Ibáñez.

¿Pero, qué dice la legislación vigente? En el caso de los interesados en postular al Senado, nada. En efecto, entre los requisitos, no se menciona tener arraigo con un territorio determinado. Basta con ser ciudadano, tener más de 35 años y haber completado 12 años de escolaridad.

Distinto es el caso para quienes aspiran a un escaño en la Cámara de Diputadas y Diputados, donde se solicita “residencia en la región a que pertenezca el distrito electoral correspondiente durante un plazo no inferior a dos años, contado hacia atrás desde el día de la elección”.

La administradora pública, Karla Muñoz, recordó que esta normativa surgió en 2005 (antes se solicitaba dos años de residencia previa), con la reforma constitucional de la administración de Ricardo Lagos. Entonces, los senadores argumentaron que no existía una definición clara de “residencia” y, además, que Chile era una país unitario.

De hecho, basta ver un vistazo en la página web del Senado para percatarse que muchos congresistas de regiones tienen residencia en la Región Metropolitana.

“Es un tema sensible, y creo que tiene que ver con experiencias previas. La ley no ha regulado un requisito que es muy importante, sobre todo cuando la ciudadanía demanda mayor descentralización y una mejor gestión desde los territorios”, sostuvo Muñoz.

Por cierto, agregó que el arraigo a un determinado territorio no es garantía de una buena gestión, pero “es un indicador del nivel de conocimiento de las necesidades locales, de la cultura, la pertenencia, el arraigo e, incluso, un mayor compromiso con el desarrollo local”.

En opinión de Ariel Yévenez, analista de Corbiobío, es importante “dotar de liderazgo a los actores del territorio que mejor conocen las problemáticas locales, para una atención más efectiva y pertinente de las mismas, cosa que por cierto, con liderazgos externos al territorio, podría no necesariamente abordarse de manera adecuada”.

Para el el cientista político, Benjamín Jara, desde el punto de vista institucional, el Senado se ha percibido como el espacio de los grandes acuerdos (“estás más de un periodo presidencial”, dijo), donde se definen las grandes políticas del país (“de ahí no salen feriados, por ejemplo”), entendiendo que Chile es un país unitario.

Ello, dijo, podría explicar la postura que han asumido los senadores para no legislar en torno a la residencia.

Para Ibáñez el tema es importante. “En cuanto al trabajo legislativo, claramente afecta, porque el rol de representar se ve mermado. Los parlamentarios no sólo legislan, también representan y difícilmente podrán hacerlo de manera adecuado si no conocen la realidad de aquellos a los que aspiran representar”, comentó.

Yévenez aporta una dato más. “Se encuentra también la necesidad de cumplir de manera plena las limitaciones a la reelección, que con los cambios de territorio se tiende a sortear, limitando con ello el espíritu de renovación paulatina de liderazgos que es necesario que vaya surgiendo”.

En Biobío abundan los ejemplos

Desde el retorno de la democracia, los casos en la Región abundan. Por ejemplo, el histórico dirigente del PS, Camilo Escalona, fue diputado del otrora Distrito 46 (Coronel, Lota y la provincia de Arauco) entre los años 2002 y 2006.

No obstante, en la elección de 2005 dio el salto al Senado, pero representando a la Región de Los Lagos. Ocho años después volvió al Biobío, con el objetivo de buscar su reelección. No lo logró. En esa misma elección, compitió Rafael Garay, el economista que fue condenado por estafa, y que entonces era una figura nacional, con domicilio en la Región Metropolitana, pese a tener raíces penquistas.

Otro socialista, sin arriago local y que representó a la Región por años, fue José Antonio Viera-Gallo. El abogado fue diputado del entonces Distrito 44 (Concepción, Chiguayante y SanPedro de la Paz) por dos periodos, desde el retorno a la democracia. Luego, entre 1998 y 2006, fue senador de la Circunscripción Octava Costa, hasta que asomó la figura del senador, Alejandro Navarro.

De hecho, en la elección de 2005, Navarro y Hosain Sabag (DC), consiguieron doblar a la derecha que contaba entre sus nombres con otro afuerino, Carlos Bombal (UDI).

Otro caso es Víctor Barrueto (PPD), quien entre 1990 y 2006, representó a los habitantes de Talcahuano y Hualpén (Distrito 43). En 2006, la entonces presidenta, Michelle Bachelet, lo nombro intendente metropolitano.

Los casos más recientes, corresponde a nombres de la otrora Circunscripción Octava Cordillera (hoy Región de Ñuble): Felipe Harboe (PPD) y Claudio Alvarado (UDI).

El primero se impuso al entonces senador, Hosain Sabag (quien también se trasladó de territorio), y no terminó su periodo, pues renunció para ser candidato a la Convención Constitucional.

Alvarado, en tanto, llegó a Ñuble para reemplazar al exsenador, Víctor Pérez Varela (UDI), cuando fue requerido por el Presidente Piñera para asumir como ministro del Interior. Quiso ir a la reelección, pero no tuvo chance, ante otro nombre considerado afuerino, del de la senadora Jacqueline van Rysselberghe.