Constituyentes aducen problema político en zona de Arauco

Los convencionales coincidieron en que es el Ejecutivo quien debe encontrar una solución al escenario actual y que ellos pueden sentar las bases para el futuro. Eso sí, algunos piden una autocrítica de sus pares sobre la violencia.

Los últimos hechos de violencia ocurridos en la Región del Biobío se relacionan a la denominada violencia rural. Y, si bien el más grave de ellos tuvo vinculación a las drogas, revivió los cuestionamientos a la inseguridad que viven los habitantes del conosur de la provincia de Arauco y, a la vez, la búsqueda de soluciones al tema territorial que hace años piden las distintas comunidades de la zona y de Malleco.

En el arco político los emplazamientos fueron al ministro del Interior, Rodrigo Delgado, para que se asuma su responsabilidad en la situación. A esto se sumó el gobernador Rodrigo Díaz pidiendo la salida de Delgado del cargo.
Una voz que no se había escuchado era la de los convencionales constituyentes, quienes tienen su opinión en torno a lo que ocurre.

Javier Fuschlosher (INN), aunque indicó que la Convención Constitucional no tiene atribuciones para abordar la problemática, dijo que “debemos entender, que estamos trabajando en el diálogo y los acuerdos hacia un Estado plurinacional y la voluntad de los convencionales es para sentar estas bases. La violencia rural es un problema multisistémico, con muchos factores y no se condice con lo vital de este proceso y vemos un problema al cual la política no ha dado respuesta”.

Problema político

Postura similar tienen otros convencionales que han estudiado parte de lo que ha ocurrido en los últimos años con las comunidades.

Amaya Alvez (FA) pide que no llamen conflicto a lo que ocurre en Arauco y consideró que “hay problemas sociales, jurídicos y estructurales de exclusión. Parte del trabajo de la Convención es cómo se abordan estos temas hacia al futuro. En el reglamento ya abordamos la plurinacionalidad y queremos visibilizar las distintas cosmovisiones de estas diversidades. Acá hay que trabajar en crear las instituciones y un catálogo de derechos fundamentales que permita vivir y el Estado ha sido homologador”.

Mientras que Loreto Vidal (Indep.) apuntó a un problema político. Dijo que la solución inmediata no está en manos de los constituyentes. “Esto es un hecho político y hay actores políticos que están habilitados para poder terminar con ese conflicto. Desde la Convención estamos creando todo eso que nos sirve para el futuro, podemos tener visiones individuales, pero no nos compete intervenir, ya que no tenemos las facultades para hacer propuestas. La Convención está haciendo las cosas para evitar que los hechos de violencia, que provocan profundos dolores, se produzcan a futuro”.

Condenar la violencia

Los convencionales de derecha creen que esta es la instancia en donde se pueden condenar los hechos de violencia y cuestionan que esto no ocurra por parte de la mesa.

Paulina Veloso (RN) sostuvo que “dentro de la Convención hay dos posturas claras, una que esta por no sancionar la violencia que se vive y otros que creemos que hay terrorismo, porque lo vivimos. Hay una sensación de inseguridad constante y que muchos ciudadanos y del pueblo mapuche lo viven, yo culpo a un grupo de violentistas que han hecho de la inseguridad su mejor arma”.

Luciano Silva (RN), en tanto, apuntó a que “la Convención tiene una plataforma inmejorable para aportar. Primero, porque goza de una credibilidad que está por encima del resto de las instituciones del país; segundo, porque incluye de suyo propia la esencia del ideal de un Chile plurinacional, lo que ya es el comienzo de las reparaciones necesarias”.

Ambos convencionales creen que la presidenta Elisa Loncon debe condenar la violencia para que así comience un verdadero diálogo.