Las adquisiciones realizadas por la Intendencia durante la emergencia, mediante este formato, encendieron las alertas en el órgano fiscalizador.
Lapidario. Así es el informe que emitió la Contraloría General de la República sobre las compras realizadas por la Intendencia del Biobío durante la emergencia sanitaria.
De acuerdo al órgano fiscalizador, las dudas apuntan a dos partes, la primera tiene que ver con la distribución y recepción de las cajas del programa “Alimentos para Chile”, que fueron financiadas con fondos del Fndr y otros que llegaron desde el nivel central.
Pero otro de los cuestionamientos apunta a la adquisición de 24 cámaras térmicas, durante la administración de Sergio Giacaman, donde se pagó un sobreprecio de entre un 71% y 116%, entre los distintos modelos, según la cotización realizada por la propia Contraloría.
Según consta en el documento, el costo por diez cámaras de 6,2 mm fue de $5,7 millones, mientras que otros proveedores ofrecieron $2,6 y $3,3 millones, respectivamente. ¿Qué pasó? La Intendencia no tuvo acceso a estas cotizaciones ya que no las hizo.
La administración regional utilizó un formato de compra que se ha repetido durante la emergencia, el “trato directo”. En este caso la institución compradora pide una cotización por los productos que necesita a una empresa y, en base a esta, emite una orden de compra, sin licitación. Se utilizaron fondos provenientes del nivel central.
La respuesta de la Intendencia, relacionada con el alza de precios en medio de la pandemia, no fue aceptada por Contraloría. A esto se suma que la cámara del Terminal de Buses de Collao no estaba instalada y la de la Primera Comisaría de Concepción no estaba operativa.
En este caso, la Intendencia del Biobío compró las cámaras a la empresa “KMI Security SPA”, la que, según los registros existentes en Mercado Público, sólo registra dos compras en el sistema y ambas son con la Intendencia: las citadas cámaras térmicas y un mobiliario para televigilancia, en diciembre de 2019.
A lo anterior, se suma una reunión por Ley de Lobby que gestionó el lobista de la empresa Manuel Soto con el intendente Sergio Giacaman, el 13 de mayo de 2019 en dependencias del cuarto piso del edificio del Gore. En el encuentro, la empresa presentó las distintas tecnologías que tienen en la zona.
Otra situación que genera duda se relaciona con el domicilio, puesto que en Mercado Público figuran sus dependencias en el edificio Futuro Center de Concepción, mientras que en los documentos tributarios se emplaza en el sector Denavi Sur de Talcahuano.
El intendente Patricio Kuhn fue taxativo con respecto a esta situación y se limitó a decir que están recopilando los antecedentes para responder a Contraloría. “En estos minutos no tengo mayores antecedentes y eso deberá ser parte de lo entregaremos en los próximos días”, explicó.
El Consejo Regional (Core) anunció que en las próximas horas se conformará una comisión de fiscalización para analizar el uso de los recursos entregados por la entidad para la adquisición de cajas.
El exconcejal Jorge Condeza fue crítico con el modelo de trato directo. “En el Estado se pueden mal utilizar los recursos, pagar el doble o el triple y no existe absolutamente nadie que responda por esto. En este caso particular la propia Contraloría desmiente a las autoridades sobre precios ya que la explicación era que no había otras opciones ya que les demuestran que sí las había e incluso los precios alternativos”.