El debate ya se zanjó en la Cámara, pero la iniciativa no estaría operativa en abril. En medio de los beneficios que esto podría generar, en términos de participación, igual surgen críticas por el alto costo de su implementación.
Una de las iniciativas que se extrañó en el plebiscito del 25 de octubre, fue la posibilidad de emitir el voto de manera distinta dado el contexto de pandemia que aqueja a Chile, con el objetivo que no sea excusa el contexto sanitario ante la posibilidad de asistir a los recintos de votación para realizar sufragio.
A pesar de que la elección más próxima es el 11 de abril, la iniciativa legislativa que busca normar esta nueva dinámica electoral no contempla este escrutinio, lo anterior, según las últimas indicaciones rechazadas en la Cámara. Lo que se buscaría es que sea ley antes de la fecha que se cambiará a los integrantes del Congreso, consejos regionales y Presidente de la República.
Lo que sí fue aprobado por los parlamentarios es que la normativa este enfocada en entregarle la opción de voto a grupos más vulnerables y otros que cumplen roles estratégicos. En los primeros se contemplan las personas con algún tipo de discapacidad o que tengan imposibilidad de acercarse a su local de votación, ya sea por salud o lejanía. En el segundo segmento, se considera a las Fuerzas Armadas y de Orden.
Tal como está detallado el proyecto a la fecha, quienes deseen votar anticipadamente deberán inscribirse ante el Servicio Electoral (Servel) entre los noventa y sesenta días antes de la elección o plebiscito respectivo, adjuntando los antecedentes que acrediten el hecho de encontrarse en algunos de los grupos propuestos para ser parte de este proceso.
El proyecto de voto anticipado ha sido debatido hace meses en la comisión de Interior de la Cámara de Diputados, pero luego que el 19 de enero desde el Ejecutivo se propusiera de manera improvisada que la posibilidad de emitir sufragio previo fuese sólo 24 horas antes, es que la tramitación al segundo trámite legislativo aceleró la marcha.
La presión realizada por los diputados del bloque opositor, logró que la Segpres cediera en su propuesta y accediera que se pudiese realizar el voto hasta el viernes previo, pero dicha indicación tampoco fue aprobada al final de la jornada.
Quien fue parte de la discusión fue el diputado socialista Jaime Tohá (Distrito 20) quien aseguró que, a pesar del apoyo de todos los colores políticos en la idea de legislar, la forma sigue en duda aplazándose así las negociaciones.
“Sí, habiendo un apoyo transversal al voto anticipado, no se pudo resolver su modalidad. Nosotros queríamos un espacio de ocho días y el Ejecutivo aceptó solo el viernes anterior. Con eso se alargan las negociaciones y no estará disponible en abril, pero si para la presidencial y parlamentaria”, explicó Tohá.
Para el diputado la aprobación del proyecto sería clave para actualizar al Estado chileno en esta materia. “Puesta en vigencia esta legislación estaremos dando un paso hacia las modalidades que imperan en los Estados democráticos”, enfatizó.
Quien se ha mostrado como un detractor del proyecto fue Leonidas Romero (RN), quien criticó el elevado gasto electoral que trae consigo el proyecto. “Cerca de 3 mil millones de pesos adicionales costará el voto anticipado al Estado”, aseguró.